lunes, 18 de junio de 2012

Heterodoxia con sintonía fina




Decíamos en la entrada anterior que, si bien faltan cerrar paritarias clave (en especial los camioneros de Hugo Moyano, hoy en franca oposición al kirchnerismo) el hecho de que varios acuerdos cerraran por menos del 20% de suba era un señal positiva para el gobierno, necesitado de “enfriar” las presiones inflacionarias, entre ellas el costo salarial, respecto a las cifras del año pasado. En 2011, según datos del Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada, el aumento salarial intermedio fue del 25,5% (algunos privados, como vimos en la entrada anterior, incluso estimaron una cifra superior) con lo que lograr para este año unos puntos menos no era, valga el juego de palabras, un dato menor.

En un principio, tanto Hugo Moyano como Luis Barrionuevo (si bien enfrentados entre sí, ambos están lejos del metalúrgico Antonio Caló, quien sería el candidato preferido del gobierno) reclamaban un alza salarial de no menos del 30%. Sin embargo, los gastronómicos podrían firmar un aumento de sueldos para 2012 del 25% en promedio, pagadero en dos cuotas (una de ellas en febrero de 2013, lo que redondearía un incremento total del  27%).

Hace unos días, en Ámbito se publicó que “curiosamente, aseguran en el Gobierno, y más allá de lo que Barrionuevo suele decir en público, desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) se reconoció en las negociaciones que la situación del turismo internacional es complicada en el país, y que por eso hubo prudencia en los reclamos”. De ser así, esto dejaría a Moyano más aislado en su postura de abierta confrontación con el gobierno, que ya se expresó con los paros de los últimos días (Barrionuevo incluso viene insistiendo en el paso al costado del camionera en su cargo de secretario general de la CGT a favor de un esquema “tripartito”).

Con todo, no hay que perder de vista las incongruencias y torpezas de la heterodoxia económica del gobierno, que así como tiene sus éxitos (algunos relativos, por cierto) también ofrece desaciertos. El periodista Marcelo Zlotogwiazda (a quien citamos hace poco en este blog respecto al revalúo inmobiliario impulsado por el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli) lo expuso con crudeza la semana pasada. En un artículo titulado “Intervencionismo degenerado”, el periodista plantea que “el intervencionismo de Moreno es lo menos parecido a la sintonía fina que Cristina Kirchner anunció en su momento como característica de su segundo mandato. Como sus modales, su accionar es tosco, lo que importa no por una cuestión de estilo sino por el daño que provoca. No son pocas las industrias que han tenido que interrumpir transitoriamente sus líneas de producción por falta de insumos. Por sus maneras, errores y abusos, él y quienes lo avalan también son responsables de un daño que, sin ser material, tal vez sea más grave. La mala praxis está desprestigiando y degenerando el concepto de intervencionismo estatal, regalándoles argumentos a los anacrónicos ideólogos del libre mercado. En una crisis del mundo desarrollado como la actual es imprescindible que el Estado intervenga administrando el comercio y protegiendo el mercado interno, pero cuantas más regulaciones haya mayor es la exigencia de precisión y eficacia. De sintonía fina (…) Nuevamente, está bien que en la actual coyuntura el gobierno quiera mejorar el resultado de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos y sumar la mayor cantidad de reservas, y es loable la pretensión de pesificar la economía y la cabeza de los argentinos. Pero en nada contribuye a esos fines prohibir indiscriminadamente la compra de dólares”.

El comercio exterior y la regulación del mercado de cambios requieren, en síntesis, de sintonía fina y no de trazo grueso, de prolijidad en la instrumentación de medidas, y es algo que evidentemente está faltando: el viernes pasado, las autoridades ampliaron el plazo para que más de 20 empresas (entre ellas YPF, pero también industrias vitivinícolas, farmacéuticas y agroalimentarias) liquiden exportaciones, de 60 a entre 90 y 180 días.

Esa revisión fue originada por medidas del gobierno que buscaban acelerar el ingreso al sistema financiero de divisas originadas en las operaciones de exportación acortando los plazos, pero lograron el efecto contrario en alguna empresas, que imposibilitadas de cumplir con los tiempos suspendieron sus exportaciones.

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