jueves, 12 de diciembre de 2013

El sonido y la furia (2)

La perplejidad que causaron los sucesos de las últimas semanas en Córdoba y el país es la misma que se observó en procesos sociales similares acontecidos en otros países. Brasil, hace apenas 6 meses, sorprendió a analistas sociales, políticos y dirigentes cuando manifestaciones que comenzaron reuniendo a unos pocos cientos de personas convocadas a través de las redes sociales en rechazo al aumento del boleto de transporte de San Pablo devinieron en episodios de violencia urbana que rápidamente el poder estigmatizó como “fruto de la acción de vándalos” (sugestivamente, lo mismo que sucedió en nuestra provincia y en el país).

Los  manifestantes enfrentaron a la policía y sufrieron una dura represión en la megalópolis del país vecino. También hubo serios incidentes en urbes como Río de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Maceió, Fortaleza, Belén, Vitória, Curitiba, Belo Horizonte y Brasilia. En ese proceso, el movimiento escaló desde las consignas iniciales contra los incrementos del precio y la mala calidad del transporte hacia demandas y reclamos más de fondo que apuntaron a un mejor sistema de salud, a una educación más calificada y a las críticas contra una creciente inflación que erosionaba un salario mínimo estancado. A ese contexto se sumó el malestar por lo que se entendía como despilfarro de fondos en los grandes eventos deportivos que albergará Brasil en 2014 (Mundial de Fútbol) y 2016 (Olimpíadas).

Sin embargo, lo que se presentaba como una protesta legítima se salió de cauce cuando grupos radicalizados atacaron edificios públicos: una minoría violenta protagonizó virulentos enfrentamientos con la policía, además de saqueos, hogueras en las calles y actos de vandalismo. En Brasilia, un grupo de manifestantes intentó incendiar el palacio de Itamaraty, sede del ministerio de Relaciones Exteriores. El Planalto, sede del gobierno, también fue objeto de asedio. Esa radicalización de las protestas llevó al grupo Passe Livre (el que inició la revuelta contra una suba del boleto del transporte) a desactivar el movimiento, cuando (según algunos de sus voceros) comprobaron que sectores de derecha con discurso antipolítica estaban dominando la escena, al tiempo que integrantes del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL, un ala disidente del gobernante Partido de los Trabajadores) denunciaron el accionar agresivo de bandas fascistas.

El “milagro brasileño” hizo olvidar por un tiempo la persistencia de problemas estructurales y el hecho de que la Policía de ese país es una de las más corruptas y violentas de América Latina. Ese fue un dato clave, dado que la brutalidad policial fue el factor que hizo que protestas que nacieron reuniendo unos pocos miles de personas en demanda de pasajes de colectivo más baratos se transformaran en manifestaciones de centenares de miles. Así, el conflicto, acotado y sectorial en su origen, se politizó y masificó.  Lo mismo sucedió hace pocos meses en Turquía, donde la violenta represión de las fuerzas de seguridad a una marcha contra una obra en un parque de Estambul generó una protesta nacional que puso en jaque al gobierno turco.

Del mismo modo que la irrupción de masas disconformes en las calles de Brasil fue considerado un fruto tanto de las logros como de los déficits de la última década (demandas emergentes de nueva escala en poblaciones que mejoraron en el terreno de las necesidades básicas desde la llegada de Lula al poder), los saqueos y episodios de violencia urbana en nuestro país echan luz sobre los progresos y materias pendientes más allá de la celebración de 30 años de democracia ininterrumpida. Si hasta hubo saqueos en Chile después de un fenómeno natural como un tsunami (suceso desprovisto de toda connotación política), ¿hay que sorprenderse tanto de que se hayan dado aquí? Como marcó Carlos Schilling, a quien ya citamos en la entrada anterior, “en contra de quienes han calificado de irracionales a los protagonistas de estos hechos, podría aplicarse la llamada teoría de la acción racional, que supone que el individuo tiende a maximizar sus beneficios. Es decir, quiere ganar mucho a bajo costo. Dadas las condiciones en que se hallaba la ciudad de Córdoba el martes por la noche y ayer por la madrugada, lo más racional, lo menos costoso, era dedicarse a robar. No había control policial, era fácil confundirse con la turba y uno podía suponer que, dada la magnitud de los disturbios, no iba a recibir ningún castigo en el futuro”. 

Si es atinada la lectura sociológica de que los sujetos son interpelados por el consumo en el sistema en que vivimos, el analista está obligado a que la indignación que genera (con razón), el espectáculo del saqueo ceda paso a explorar herramientas de interpretación del fenómeno, más allá de que en Brasil la protesta degeneró a partir de la participación de minorías radicalizadas dentro de un movimiento de protesta ciudadana, mientras que en nuestro país el origen del fenómeno es el efecto contagio detonado a partir del oportunismo creado por la situación de defección policial.  

La brutalidad de las fuerzas de seguridad que en Brasil y Turquía se expresó por acción, en nuestro país se dio por omisión, creando zonas liberadas para el saqueo, hasta que la extorsión del sector policial a los gobernadores logró el objetivo de mejora de sueldos (entonces, como se ha podido apreciar en Tucumán, la brutalidad volvió a encarnarse en acción represiva contra civiles). Pero los sucesos también echan luz sobre el déficit de ciudadanía que nos afecta y la debilidad institucional de gobiernos que cedieron rápidamente a una acción extorsiva que las fuerzas policiales capitalizaron salarialmente más que ningún otro sector en este año, pero que como modalidad ya había sido utilizada antes por muchos otros gremios y actores.  

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