viernes, 8 de agosto de 2014

Épica y pragmatismo (3)

En la misma línea que el estudio del CEOP citado en el post anterior, la encuesta realizada por la consultora Ibarómetro reflejó el respaldo a la gestión oficial, traducida en una la mejoría de la imagen positiva de la presidenta. Adicionalmente, Ibarómetro destacó que el 48,9% de los consultados evalúa 'bien' o 'muy bien' el desempeño del ministro Axel Kicillof en la negociación del conflicto con los buitres. Respecto al juez Thomas Griesa, fue calificado por un 34,5% como "principal responsable" de una falta de salida racional a la cuestión; si a esa respuesta se suma la que define a los buitres como "principales responsables de la situación", la sumatoria supera el 57%. El comportamiento del juez también es evaluado de manera desfavorable: para el 55,2%, "ha favorecido a los fondos buitre".

Ambos estudios confirman algo que en su momento analizamos en este blog: la permanencia del tema fondos buitre en la agenda, en términos de opinión pública, es favorable al oficialismo. Por un lado, confirma su núcleo duro de votantes, y por otro, le quita visibilidad a los temas que la oposición suele emplear para machacar al gobierno. Eso le permite al kirchnerismo manejar la iniciativa política y reactualizar el “relato”, ante enemigos perfectos como los holdouts y el juez Griesa. A esto se suma la falta de tino de algunos referentes opositores: el caso de Massa es emblemático, ya que logró un triunfo descollante en las legislativas de 2013, acertó en un tema de gran visibilidad y sensibilidad como la reforma al Código Penal, pero luego perdió asertividad en los temas de agenda que propuso (al punto que su última “novedad” de posicionamiento pasa por la aplicación Massapp… la nada misma, en términos de impacto). Según el titular de CEOP, Roberto Bacman, “lo que vemos es una cantidad de ciudadanos a los que les parece bien lo que está haciendo la Presidenta, no es que la vota. El fenómeno que está ocurriendo es que vuelve a reunirse un conjunto de ciudadanos, críticos de los años `90 y que en 2011 votaron a CFK. Por distintas razones una parte se fue alejando, aunque siempre quedó ese núcleo duro que acompañó al Frente para la Victoria aun cuando la Presidenta le pidió que vote a candidatos que apenas conocía, como Martín Insaurralde. Ahí respondió un 33 por ciento, aproximadamente. Ahora vuelve a reunirse el 54 por ciento, aunque no para votar. La gente tiene claro que no hay reelección y valora la postura de la Presidenta, porque no hay especulación electoral. Sea como fuere, el porcentaje de imagen positiva es altísimo.”

Quienes creyeron ver en el tema buitres el golpe de gracia al kirchnerismo hoy asisten azorados a un escenario en el que el oficialismo siempre se movió a sus anchas: el despliegue de un campo discursivo y una estrategia propagandística que plantea una división tajante entre nación vs. buitres, Argentina vs. la justicia de Estados Unidos. Los carteles “Ayer Perón o Braden; hoy Griesa o Cristina” patentizan esa elección, resultado de una estrategia en la que los analistas destacan tres principios clave (definidos por Cristina y su entorno): un desarrollo apresurado de su política exterior, la identificación de Griesa como gran enemigo nacional y el claro predominio de su relato dentro de la política doméstica. En ese marco, los respaldos regionales y de foros como la OEA, la Cepal, la Celac y el Grupo de los 77 más China prepararon el terreno para una contraofensiva del gobierno en la que la funcionalidad política se impone por encima de la técnica jurídica: atacar la figura del magistrado del distrito de Nueva York,  que ya recibió cuestionamientos incluso en medios donde Argentina está lejos de tener buena prensa, como The New York Times y The Financial Times. Ambos diarios comparten una preocupación de fondo: que el veredicto de Griesa pueda encerrar el riesgo de demostrar ineficacia de la justicia estadounidense para resolver conflictos derivados de bonos emitidos por países emergentes bajo su jurisdicción. 

Gran parte de la apuesta del gobierno pasa por machacar sobre ese flanco, e involucrar al gobierno de Estados Unidos (seguramente, lo más difícil de lograr). Sin embargo, de alguna manera ese último punto importa menos que otros beneficios colaterales del tema buitres: invisibilizar a la oposición doméstica al gobierno. Incluso referentes como los ex ministros de Economía Roberto Lavagna, Jorge Remes Lenicov y Martín Lousteau -hoy ubicados en la orilla de enfrente del gobierno- coincidieron en que la posición oficial es razonable, aun con reparos y críticas. Según Remes Lenicov, si el país no paga "no pasa nada (...) puede haber algunas turbulencias, pero las principales tendencias macroeconómicas continuarán como hasta ahora". Lavagna, uno de los mentores del canje, planteó que el Gobierno debe optar por un "tifón" y no por el "tsunami" que significaría pagar la totalidad del juicio y gatillar la cláusula RUFO. Hasta el ex presidente Eduardo Duhalde, feroz crítico del kirchnerismo, coincidió con la línea oficial:  “Estoy de acuerdo con el gobierno, no podemos pagar”. Sobre el fallo de Griesa consideró que fue “increíble, ridículo e inesperado”. Con todo, se mostró permeable a alentar la posibilidad de que los privados resuelvan el tema con los fondos buitre (una puerta que no aparece del todo cerrada). 

El domingo pasado Andrés Oppenheimer, periodista de Miami Herald, sorprendió con una columna de opinión al declarar su apoyo a la posición argentina frente a los fondos buitre y el fallo de Griesa. El columnista, otro acérrimo crítico del kirchnerismo, coincidió con uno de los argumentos centrales de su estrategia (de la que se han hecho eco, además, referentes de la talla del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz): que el fallo del juez Griesa genera un riesgo a nivel global en los procesos de reestructuración de deuda. "Odio tener que estar de acuerdo con el gobierno de Argentina, pero tiene la mayor parte de la razón en su disputa con los tenedores de bonos que llevaron al default de la Argentina". En ese marco, la apuesta es que las complicaciones del proceso se traduzcan en crecientes incomodidades para el juez (sin descartar que pueda recibir presiones de diversa índole). Esa fue la lectura de base de Remes Lenicov, quien reconoció como una buena señal que el juez autorizara a JP Morgan a pagar por única vez bonos argentinos: "Griesa trata de dar alguna señal de enmendar el fallo, que fue muy malo", afirmó.

A fines de diciembre de 2012, el Tribunal del Mar ordenó la liberación de la Fragata Libertad, dictamen que representó un triunfo y un alivio para el gobierno nacional, que durante casi tres meses libró una batalla jurídica y discursiva planteada en los términos que deseaba: un símbolo de soberanía nacional versus la voluntad de un fondo buitre. Una resolución del conflicto a lo “Fragata” sería, sin dudas, ideal para el oficialismo como coronación del proceso. Este caso es diferente, porque no hay un equivalente a ese Tribunal, pero el kirchnerismo parece decidido a sostener una postura que le resulta redituable en las encuestas, funcional para un "refresh" de la épica del relato y pragmáticamente razonable, al menos hasta que caduque la RUFO.

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