Del estudio de CEPA citado en el post anterior se desprende también algún matiz en la posibilidad de pagar los aumentos entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano: mientras que en el conurbano 73,1% manifestó tener dificultades para pagar el aumento original implementado por el gobierno, en la ciudad el 65,8% dijo tener problemas para afrontar ese gasto. En términos de ingresos, el 80% de quienes ganan menos de 8.000 pesos indicó las dificultades para pagar servicios. “Son servicios que no se pueden dejar de pagar. Entonces, las familias empiezan a hacer malabares y a ver qué dejan de pagar: las expensas, la patente, dejar de comprar ropa”, advirtió el director de CEPA, Carlos De Angelis. El 81,3% de los que ganan menos de 8.000 pesos reconoció que recortó otros gastos para pagar las tarifas, mientras que en los que ganan más de 8000 pesos el 75% indicó que debió hacer ajustes. Los recortes se vieron más pronunciados entre los porteños: el 80,1% respondió que inició el “sinceramiento” de la economía familiar.
“El estudio indica que había una necesidad de cambio, pero no en estas magnitudes. La población se encuentra con que son inaceptables, porque se empiezan a complicar los presupuestos familiares y va a ser muy difícil pagar. Casi el 75% tiene dificultades con estos montos. Y, además, con la perspectiva de que sigan aumentando. Sólo el 13% piensa que no se van a seguir incrementando”, indicó De Angelis. Además, el 56% considera que, pese a los aumentos, el servicio no va a mejorar. “Cuando preguntabas hace tres meses, había esperanza. Había gente que decía ‘lo nuevo, Macri, se levanta el cepo’. Ahora las respuestas se van hacia la preocupación y mirar el bolsillo propio. Incluso, muchos de sus votantes están en esta situación y con la incertidumbre que cómo sigue”, indicó el sociólogo. Esto, a su vez, viene permeando en la imagen del Gobierno, según surge de la encuesta: el 32,6% lo evaluó como “bien” o “muy bien” mientras que el 44% lo encontró como “mal” o “muy mal”. El núcleo duro de Cambiemos, a partir de este estudio, pareciera ser pequeño. El 17,3% de los encuestados dijo que acuerda en todo con el oficialismo, mientras que el 42,3% en “algunas cosas” y el 40,4% no acuerda.
La encuesta también indagó sobre cómo cambiaron los consumos a partir del aumento de tarifas. Por ejemplo, con la carne: el 22% dejó de consumir, un 45% redujo la calidad y sólo el 26% mantuvo intacto sus compras en ese rubro. En tanto, más de 70% redujo o directamente eliminó las salidas a comer afuera, mientras que un 65% recortó su compra de ropa y calzado. “En los 80, estaba más dividido lo que comían las clases pudientes y las clases bajas. Aparecieron las segundas marcas, algo que se repitió en 2001. Hoy, se está ochentizando el consumo. El 45% dice que suspendió comer afuera”, advirtió el sociólogo. Un 54% contestó que tuvo que endeudarse para pagar gastos cotidianos. El 64,2% por ciento de los encuestados consideró que su poder adquisitivo empeoró este año. “Están planteando que cayó su calidad de vida –advirtió De Angelis–. Esto puede producir un cimbronazo en el Gobierno”.
Esta línea interpretativa, consistente con la premisa analítica de que son los efectos socioeconómicos los que construyen a mediano y largo plazo las tendencias de opinión pública (más que los vaivenes de la coyuntura), se ratifica al observar los datos del último informe Indicadores de Satisfacción Político-Institucional (IPSI) que elaboran Ipsos y la Universidad de San Andrés, publicado a principios de septiembre: el 77% de la población mayor de edad, es decir tres de cada cuatro electores que viven en la Argentina, considera que la situación económica en el país es "muy" o "bastante mala". Los datos surgen de encuestas online (1.001 casos) realizadas mediante panel de la encuestadora Ipsos y por fuera del panel con reclutamiento vía páginas de internet. Se trata de respuestas a cuestionario estructurado compuesto por preguntas cerradas y semiabiertas. El informe indica que "la satisfacción con cómo marchan las cosas en el país se mantuvo estable en 4,7, mientras que 25% de los encuestados se muestra satisfecho, versus 44% de insatisfechos". "La satisfacción con los distintos poderes del Estado tampoco sufrió modificaciones en los últimos 30 días", resaltó el estudio ISPI, y subrayó que "seguridad, empleo y economía siguen siendo las políticas peor evaluadas; sólo 1 de cada 5 considera que la situación económica es buena". En el informe también se destaca que, si bien los datos son más o menos homogéneos, los índices –entre 1 y 10– de los distintos poderes tenían una distinta valoración: Ejecutivo, con 4,4; Legislativo, 4,3; y el Judicial, 4,1. Entre las políticas públicas, la peor valorada es la seguridad, con 3,8 puntos –sobre un total de 10– al igual que la del empleo, seguida por la energía, la economía y la Justicia. La mejor valorada es, con apenas 5,1 puntos, la del turismo y la ciencia y tecnología. El relevamiento, de todos modos, también resaltó que el presidente Mauricio Macri tiene una aprobación del orden del 40% (trepa al 47% si se suma un 7% que no hace ni una cosa ni la otra, pero se inclina más a aprobar; adviértase que el gráfico dice, erróneamente, 48%), contra el 37% que la desaprueba (que trepa a 44% si se suma un 7% que no hace una cosa ni la otra, pero se suma al desaprueba; también acá el gráfico suma un punto extra, dando 45%). Más allá de estas observaciones, en el estudio anterior, la aprobación lineal era del 47% y la acumulada del 54%, mientras que la desaprobación lineal era del 33% y la acumulada del 40%). Esto pone de manifiesto el desgaste sufrido por la gestión, ya que 7 puntos se desplazan de la aprobación a la desaprobación (ver datos arriba; click para agrandar).
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