Pingüina vs. buitres: convergencias y matices (1)

Si hasta poco una encuesta de Management & Fit citada en recientes post era la única que cantaba como un mirlo blanco (mostraba, a diferencia de los sondeos de CEOP e Isonomía, un impacto desfavorable del tema holdouts sobre el gobierno y a un alto porcentaje de la opinión pública responsabilizando al gobierno por esa crisis), el último estudio de esa consultora a nivel nacional (concluido el 29 de julio pasado y difundido por estos días) achica la brecha con las otras mediciones y va entrando en zona de convergencia. Así, según M&F, el nivel de aprobación de la forma en que la presidenta Cristina Fernández conduce el gobierno subió de 25,8% en junio a 32,4% en el último mes, una alza de casi 7 puntos que, aun siendo de menor cuantía que las mejoras reportadas en su momento por el CEOP (allí está el matiz) coinciden con esa consultora en detectar una mejoría del oficialismo (he aquí la convergencia).

En el mismo sentido, según M&F, el nivel de desaprobación de la presidenta cayó del 66,5% registrado en enero a 57,6% en la última medición (casi 9 puntos). En tanto, la imagen positiva de CFK muestra una pequeña mejoría, pasando del 26,4% de junio al actual 28,9% (+2,5; aquí la variación no puede considerarse estadísticamente significativa, aunque puede ser significativa en términos de semántica, es decir cualitativamente, pues resulta consistente con las otras mejorías marcadas en ese mismo estudio y la "espiral favorable ascendente" en las encuestas de CEOP e Isonomía citadas en post anteriores). En el mismo período, la imagen negativa de CFK cae de 42,2% a 36,9% (-5,3%), aun cuando (siempre según este estudio de M&F) el 60,9% presagia que la situación económica empeorará en los próximos seis meses. 

Este dato es clave, porque ratificaría que el mayor apoyo al oficialismo coincide con su postura frente a los fondos buitre, más allá de que la expectativa económica sigue siendo negativa. Si bien este matiz no es una buena noticia para la gestión económica del oficialismo, sí es positivo al efecto de evaluar la adhesión al gobierno, dado que esa adhesión sería más emotiva (o, si se quiere, incluso "ideológica") que utilitaria (entendiendo "utilitaria" en un sentido de racionalidad instrumental: "me beneficia/no me beneficia"). Decimos que es clave, porque sugiere que hoy el elector adhiere más allá de si el conflicto con los buitres (o su persistencia, y por lo tanto sus efectos eventuales en la economía real) puede impactar negativamente en su situación futura (la expectativa económica negativa puede implicar que esa posibilidad entra dentro del horizonte de sucesos esperados por el elector); y aun así, apoya la la postura del oficialismo. 

Por supuesto, este es un indicador de la coyuntura que puede variar en un futuro (los matices entran en la consideración de si es sostenible la adhesión ante un franco empeoramiento de la situación, si esto se diera). Pero, hoy, lo que el gobierno observa es que la persistencia del tema "buitres" en la agenda le resulta tan favorable a sí mismo como desfavorable a la oposición. En ese marco, las críticas del economista Alfonso Prat Gay en el sentido de que “al Gobierno no le importa si nos tiran otro default si ellos suben tres o cuatro puntos en las encuestas” y las quejas del senador y precandidato presidencial del radicalismo, Ernesto Sanz, quien acusó al gobierno nacional de "hacer política" con el tema de los holdouts, resultan un tanto bizarras: el conflicto es eminentemente político, además de tener, por supuesto, aristas económicas, jurídicas, y diplomáticas. El uso político del tema por parte del kirchnerismo es legítimo, y como tal es entendible su maximización, toda vez que si hay algo en que las encuestas convergen hoy es en poner a los fondos buitre y a Griesa del lado de los “malos”, y, por contraste, al gobierno del lado "correcto" (lógica binaria altamente pregnante para la opinión pública, además de ser la preferida por el kirchnerismo en sus principales “batallas” desde que es gobierno: pensemos en la reforma de la Corte en el mandato de Néstor Kirchner y la estatización de las AFJP y la ley de medios con CFK, por sólo nombrar algunos hitos). 

Mientras esa lógica binaria simplifica y “factura” en términos de opinión pública (es decir, permite capitalizar adhesión, al menos hasta ahora; ya se verá qué sucede más adelante) las críticas a la estrategia judicial del oficialismo (Sanz, por ejemplo, cuestionó que el gobierno encare la puja con los fondos buitre a partir de vías judiciales "largas y difíciles", como la decisión de recurrir a la Corte Internacional de la Haya) y las variopintas lecturas de los economistas sobre las consecuencias del conflicto se pierden en sutilezas, hipótesis y detalles que, para el común de los electores, exceden la categoría del indecidible filosófico. De allí que la oposición no pueda capitalizarlas; independientemente de la mayor o menor solidez técnica de la postura del oficialismo, esta se impone por su mayor peso sustantivo, no por su coherencia formal.