
Alejandro Melamed cuenta con varios años de experiencia como director de Recursos Humanos para América Latina de importantes empresas, lo que le ha dado oportunidad de observar diferentes procesos de cambio culturales que vienen transformando a las mismas. Algunas ideas surgidas de esos aprendizajes las ha volcado en el libro "Empresas + humanas. Mejores personas. Mejores empresas", donde desarrolla, entre otros, temas como la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Una de las ideas que plantea Melamed (y que admite haber aprendido de Bernardo Kliksberg) es que la crisis financiera que se desató en 2008 y que generó la crisis económica y social que aún se vive tuvo su origen en una crisis ética (en posts anteriores de este blog hemos hablado ya de la burbuja especulativa que cimentó la crisis de las hipotecas subprime, por lo que no insistiremos aquí sobre ese punto). La cuestión es que ese planteo lleva a Melamed a pronosticar que se viene una revolución ética en el mundo: “las escuelas de negocios deben entender que, más allá de las competencias técnicas, tienen que desarrollar habilidades vinculadas con la integridad. En Europa y en los Estados Unidos ya hay gente que no compra productos de aquellas compañías que atentan contra el medioambiente. Nadie debería comprar productos o servicios de aquellas firmas vinculadas a sobornos, maltrato del personal o trabajo infantil, por ejemplo. Eso es parte de una revolución”.
Comparto con Melamed la necesidad de desarrollar habilidades vinculadas con la integridad entre empresarios y ejecutivos y también con el rol que puede jugar el compromiso de consumidores y clientes que exijan a las empresas esa integridad. Que se conforme una tendencia creciente en ambos sentidos ayudará a achicar el espacio para prácticas como el trabajo esclavo. Estos meses de verano han sido pródigos en denuncias al respecto, especialmente en el sector del campo, donde se ha imputado a empresas como Nidera, Southern Sees Prod, Credyser y Satus Ager, entre otras. También resultó involucrado en este tema el diputado nacional ligado al macrismo Alfredo Olmedo, a partir de la denuncia de la AFIP por supuesto trabajo esclavo en un campo de su propiedad en La Rioja.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, exhortó recientemente a los empresarios agropecuarios a que se pronuncien contra el trabajo esclavo en el campo y que se constituya una mesa de diálogo "para revertir esta situación y avanzar en la registración del trabajo rural". Tomada denunció que sobre aproximadamente un millón de trabajadores rurales hay unos 600.000 no registrados y consideró que sería importante que el secretario general del gremio que agrupa a los trabadores del sector (Uatre), Gerónimo Venegas (alineado en el duhaldismo) se "exprese sobre este tema, en defensa de los trabajadores del sector". (Venegas ocupó los titulares informativos recientemente, al ser detenido y excarcelado después de pagar una fianza de 500 mil pesos por la causa ligada a la mafia de los medicamentos).
Luego de una reunión en el Ministerio de Agricultura con los integrantes de la Mesa de Enlace, Tomada le transmitió a los dirigentes ruralistas su "sorpresa por la ausencia de un pronunciamiento público de las entidades ante la denuncia de las situaciones de irregularidad en las formas de trabajo detectadas por inspectores del Ministerio en las últimas semanas". Es otro tema de los muchos que viene dividiendo opiniones en la Mesa de Enlace: Eduardo Buzzi, de Federación Agraria, dijo que en ese tema "no hay término medio y quienes incurran en trabajo esclavo deben ir presos" en discrepancia con la postura de Hugo Biolcati, de Sociedad Rural, quien atribuyó las investigaciones por malas condiciones de trabajo a un intento del Gobierno nacional de "embarrar la cancha".
Por supuesto, hay una cadena de responsabilidades: empresarios del sector, organizaciones sindicales del rubro y el Estado, en su tarea de inspeccionar la situación en la que se desempeñan los trabajadores rurales. Al respecto, Tomada se quejó ante los empresarios agropecuarios porque "las tareas inspectivas se realizan con muchas dificultades en el rubro" y abogó por el aval del sector al proyecto de ley que envió el año pasado el Poder Ejecutivo al Congreso referido a la regularización del trabajo rural, que busca reformar la norma 24.248 de la última dictadura militar, que modificó la ley del peón rural y que actualmente sigue vigente. Con ese decreto-ley, el Proceso excluyó a los trabajadores rurales de la ley de Contrato de Trabajo (20.744), dejando al sector con menos beneficios. El Gobierno propone crear un consejo para la seguridad social del sector, algo que Venegas rechaza porque teme que erosione su poder en el gremio.
No obstante, la explotación y el trabajo esclavo no sólo existen en el sector rural, sino que son prácticas laborales que también se dan en centros urbanos. En la ciudad de Buenos Aires se han descubierto talleres textiles clandestinos que emplean mano de obra en condiciones de cuasi esclavitud y que son contratados por grandes marcas de ropa. La Fundación Alameda, por caso, ha denunciado en su página de Internet a 81 empresas a las que acusa de usar trabajo esclavo en su producción, la mayoría del rubro textil, entre ellas la firma Awada (segunda aparición de Macri en este tema, ya que de la familia Awada proviene Juliana, la flamante esposa del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri), Kosiuko, Montagne, Lacar, Rusty, PortSaid, Akiabara, Adidas, Puma, Topper, Kill, Yagmour, Ona Saez, Duffour, Chocolate, Cheeky, Bensimon y Le Coq Sportif. En Córdoba también se reiteran cada tanto denuncias de ese tipo, mencionando a firmas como Vitnik, entre otras.