martes, 30 de enero de 2018

De "la grieta" a "la bisagra": miradas sobre el cambio de tendencia en la opinión pública

Como venimos repasando, existen varios analistas que advierten una bisagra en las tendencias de la opinión pública desde diciembre a esta parte. Por caso, el sociólogo y consultor Carlos de Angelis apunta que “Macri planteó, el 30 de octubre de 2017, su plan de ´reformismo permanente´, con cambios en los sistemas impositivo, previsional y laboral, entre otros. Esta es una hoja de ruta que apunta a abandonar el pragmatismo de los dos primeros años de gobierno, mostrando por primera vez el proyecto para el cual se reunieron aquellos hombres y mujeres post 2001. Sin lugar a dudas, la finalidad manifiesta es dejar atrás ´el experimento populista´, como expresó el Presidente este jueves 25 de enero en la sesión plenaria del encuentro del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. Como era esperable, estos cambios encuentran resistencia en diversos sectores directa o indirectamente afectados, pero lo gravoso es que también son rechazados por parte de la base electoral de Cambiemos, situación que comienza a erosionar la imagen presidencial. Qué pasa si parte de ese experimento populista fuera valorado por una parte importante de la población, que no acuerda con políticas como la privatización de Transener, la venta de activos del Estado, la vía libre a la conformación de nuevos monopolios en áreas relevantes (como el suministro de internet) o la liberalización de las relaciones laborales. ¿Encontrarán estos sectores otros espacios donde depositar su voto en 2019?”. Así, la novedad es que al menos una parte del paquete de reformas de Cambiemos genera desaprobación entre electores que venían acompañando al gobierno. 

En ese marco, lo que subyace es que el consenso negativo que hizo posible la victoria en el ballotage del 2015 y las elecciones de medio término del 2017 va agotando su funcionalidad legitimadora para el presidente Mauricio Macri. Si el contenido del “cambio” ya no puede ser sólo el antikirchnerismo, entonces la legitimación requiere la emergencia de un contenido positivo sustantivo. “Por todo esto es que en esta nueva etapa el Gobierno necesita otras fuentes de legitimación que vayan más allá de la “pesadilla kirchnerista” o de la cárcel para los popes sindicales. Seguir pidiendo la restricción de sus consumos a la clase media va a ser cada día más dificultoso sin mostrar resultados económicos, como la baja consistente de la inflación o el crecimiento genuino de la economía. También multiplicará el costo de los escándalos políticos como el que tuvo como protagonista al ministro de Trabajo, y de otros que casi en forma inevitable sobrevendrán”, destaca el sociólogo.

Por su parte, Lucas Romero, uno de los responsables de la encuesta de Synopsis que venimos citando, profundiza en esa misma línea, destacando que el estudio de enero “viene a ratificar algo que ya habíamos visto en diciembre, que es un cambio en la tendencia de los indicadores de opinión y en términos generales un deterioro de todos los indicadores relacionados al gobierno y al rumbo del país. Nosotros identificamos dos factores. Uno es que cambió el clima de opinión. Cambió el contexto en el cual la gente emite su opinión y tiene su percepción de la realidad. Veníamos de un contexto dominado por el proceso electoral que lógicamente condiciona la mirada de la opinión pública sobre la realidad política y pasamos a un contexto en el cual la gente volvió a enfocarse en sus problemas cotidianos, encuentra aún problemas sin resolver y entonces allí levanta la cabeza y a quien ve es al gobierno nacional”. En cuanto al segundo factor, Romero resalta, al igual que de Angelis, la agenda poselectoral del gobierno. “Allí hay dos grandes grupos de decisión. Por un lado los anuncios de aumentos en tarifas de servicios públicos como gas, transporte; y otros componentes que son precios regulados, pero no directamente por parte del Gobierno como aumento de la nafta, de las prepagas y una serie de anuncios que tienen impacto en términos de opinión pública y es natural que veamos este resultado. Por otro lado, el conjunto de reformas que el gobierno anunció después de las elecciones y dentro de las cuales estaba incluida esta polémica reforma de la ley de movilidad jubilatoria que tiene niveles de rechazo extremadamente altos, casi 2 de cada 3 la rechazan y tiene una valoración negativa de esa ley y que tanto le costó al Gobierno aprobar en ese debate en el Congreso en diciembre y que seguramente explica gran parte de la pérdida de popularidad que tuvo el Gobierno hacia fines del año pasado”

Un enfoque similar lo aportó el sociólogo Ignacio Ramírez, quien evaluó que Cambiemos sufrió luego de la elección de medio término del 22-O “la maldición de los ganadores”, malinterpretado el respaldo como una luz verde para acelerar en reformas que no fueron plebiscitadas en las legislativas. “En ese contexto, el gobierno después de las elecciones toma una decisión que confirma la sospecha de que resuelve con un sesgo de clase (…) lo que hizo fue tomar otra vez una decisión antipática, y para justificar la reforma previsional siguió tocando la canción de la pesada herencia, que cansó. Eso que se rompió se puede reparar, pero se rompió en diciembre. Hubo dos malas lecturas: elegir esta medida después del triunfo electoral como si la victoria borrara el subsuelo de valores que tenemos. Segundo error: con la rosca parlamentaria evitamos que esto salte en la opinión pública, alcanza con la ruta pichettista a la aprobación. Hay climas: las palabras ajuste, reforma, envueltas en el calor de diciembre tienen una capacidad evocatoria muy potente”. Esto plantea dos riesgos nuevos para Cambiemos: 1) que la pérdida de funcionalidad legitimadora del consenso negativo que acompañó a Macri en el ballotage del 2015 y las elecciones de medio término del 2017 no sea reemplazada por un contenido sustantivo “positivo” (por ejemplo: Carlos Menem ganó legitimidad para su agenda de reformas gracias al beneficio de la estabilidad) 2) que la agenda de Cambiemos empiece a transitar temas respecto a los cuales el consenso negativo antiK agotó su funcionalidad político-electoral y que, en sentido contrario, hacen emerger consensos negativos mayoritarios. Es decir, no sólo son rechazados por quienes no votaron a Mauricio Macri en el ballotage del 2015, sino también por sus votantes, al ser temas que trascienden la polarización: estaríamos viendo un giro en la opinión pública, de “la grieta” a “la bisagra”). Por caso, en el relevamiento de la Universidad de San Andrés que midió las actitudes respecto a 5 de las medidas clave del gobierno a partir de diciembre, tres de ellas recogen desacuerdos superiores al 50%: los cambios tarifarios en el transporte (56%), la reforma laboral (53%) y la reforma previsional (61%). En el caso de la reforma tributaria, el desacuerdo también es la primera minoría actitudinal, pues llega al 45% (ver datos arriba; click para agrandar). Si bien se trata de temas distintos, todos integran la matriz de “reformismo permanente” definida por el presidente Macri luego del 22-O. Si no son generadores de legitimación sino, por el contrario, de deslegitimación y erosión del acompañamiento, el desafío para el gobierno resulta mayor a lo que se pensaba luego de la euforia poselectoral.  

viernes, 26 de enero de 2018

4 puntos de inflexión claves a seguir del proceso en la opinión pública

Desde diciembre hasta ahora cabe destacar varios puntos de inflexión en el proceso sociopolítico. El primero tiene que ver con la reforma previsional y sus repercusiones. Al respecto, oportunamente el columnista Pablo Papini destacó que “se ha dicho hasta el hartazgo: el sufragio amarillo se hace más fuerte a medida que se asciende en franjas etarias. La composición sociológica de los nuevos cacerolazos (en referencia a las protestas de fines de diciembre pasado) indica que por primera vez han sentido el impacto en filas propias”. Otra bisagra, que también se articula a partir del impacto de esa reforma, pasa por la circulación de la información. “En su estrategia y formas de comunicación el gobierno parece tener todo asegurado, pero con una estrategia muy falible que hace eje en la interpelación del antikirchnerismo. Cuando se tocan intereses de sectores sociales que ya no se sienten interpelados sólo por esa categoría, puede ocurrir que salgan espontáneamente. Y ese fenómeno, en el uso de las redes sociales, no significa sin organización. Por primera vez desde que es gobierno, Cambiemos fue contrarrestado en su uso de las redes sociales que antes parecía infalible”, apuntó el sociólogo Esteban Dipaola. 

A esto se le podría sumar que las repercusiones de esa reforma resquebrajaron el “blindaje” mediático con que venía contando el gobierno durante los últimos meses. Este fenómeno, a su vez, puede ser el germen de un "doble clima de opinión" (Noelle-Neumann), es decir, la emergencia de una diferencia sensible entre el clima percibido por la población y el representado por la mayoría de los medios y periodistas (francamente favorable a Cambiemos). Respecto a si se puede hablar de un punto de inflexión, Dipaola considera que “hay un aprendizaje en el sentido de que la gente se hizo más consciente de lo que se puede producir con las redes, de cómo se pueden hacer circular sentidos y ponerlos en disputa. Creo que hubo una conciencia de eso. Lo que pasó con la convocatoria a los cacerolazos generó esa conciencia y un punto de vista más crítico, tratando de salir de la inminencia de la circulación”

Un tercer punto de inflexión es el giro económico, luego del plebiscito más netamente “político” que benefició al oficialismo en la elección de medio término. La mayor relevancia de la agenda económica que se percibe en estudios como el de Synopsis que venimos citando marca un riesgo para el oficialismo, en la medida en que desplaza la atención hacia el impacto de las medidas del gobierno en el “metro cuadrado” de la agenda, por encima de los temas en que Cambiemos aún se beneficia por el contraste con la gestión K (issue "corrupción", con el correspondiente acompañamiento mediático y judicial). Que la inflación sea el principal problema en la agenda de los electores y que un 41,4% considere que empeoró respecto a la gestión anterior implica un serio revés para el oficialismo. Sólo un núcleo duro del 25,2% (proporción que está en el orden de magnitud de los votos obtenidos por Mauricio Macri en las PASO del 2015) cree que esa problemática mejoró en comparación con el gobierno de CFK (ver datos arriba; click para agrandar). Peor todavía, ese estudio se efectuó antes de que se difundiera el IPC de diciembre, que fue el más alto del 2017 (3,1%), cerrando así el año con casi 25% de inflación. Muy probablemente, el dato hubiera sido más desfavorable luego de esa publicación. 

El cuarto punto, ya mencionado y quizá el más importante, es la caída en las expectativas, tanto a nivel de la situación del país como en la situación económica personal. En el primer caso, el porcentaje de consultados que cree que la situación económica del país dentro de un año será "peor" (casi 43%) supera nítidamente al casi 30% que considera que estará "mejor". Respecto al segundo, en noviembre de 2017 un 33,6% de los consultados consideraba que en un año estaría "mejor". En el último estudio de Synopsis, ese guarismo se redujo a 23,4% (una caída de 10 puntos porcentuales), si bien muchos de esos desencantados pasaron a la alternativa de respuesta "igual" (creció de 25,4% a 33,7%) y no a "peor" (subió menos, de 32,9% a 35,6%). En esta línea, el analista Tomás Aguerre destacó que “el relevamiento de Synopsis muestra también la brecha histórica más grande entre quienes consideran que estarán mejor y quienes consideran que estarán peor en el futuro. Para ponerlo en otros términos: desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia, nunca tan pocos ciudadanas y ciudadanos creyeron que en el futuro estarían mejor de lo que están hoy. No es la primera vez que hay más ´pesimistas´ que ´optimistas´ respecto al futuro, tal como muestra la serie, pero sí es la primera vez que la brecha es tan prominente. Es un dato para atender en cualquier gobierno y uno para preocuparse especialmente en un proyecto político que ha hecho de las expectativas sobre el futuro uno de los pilares en la construcción de su discurso de gobierno. La respuesta del Gobierno hasta ahora ha sido que se trata de una ´caída natural´ en los indicadores, es decir, que el oficialismo ha decidido invertir capital político en pasar una serie de reformas y que este es el costo natural de hacerlo. Sabemos que no existe en política algo así como leyes naturales necesarias; sin embargo, es cierto que existe el costo de avanzar con una agenda propia, más aún cuando esa agenda resulta impopular. Lo cierto es que reformas anteriores, aunque hayan impactado, no mostraron estos descensos tan abruptos en los números del gobierno. Y, fundamentalmente, no afectaron los pilares de la construcción del discurso de Cambiemos, a saber, la confianza en el futuro. Es necesario pensar a partir de este punto principalmente porque, a pesar de haber pasado la reforma previsional y la tributaria, el plan de reformas del gobierno de Mauricio Macri recién comienza”. En síntesis, esto refuerza nuestra hipótesis de que el gobierno comienza a transitar un sendero en el que el cambio ya no se define simplemente como un consenso negativo respecto del gobierno anterior (antikirchnerismo), sino con una impronta propia. Aquí, corre dos riesgos: 1) ser asociado a la palabra más temida por los estrategas de Cambiemos (“ajuste”) y 2) reforzar el sesgo clasista que se le percibe desde sus inicios y que la encuesta de Synopsis también confirma, cuando detecta que las políticas de Cambiemos para reducir el gasto público afectan más a quienes menos tienen en la percepción de los argentinos (ver datos abajo; click para agrandar). 


miércoles, 24 de enero de 2018

Deterioro de las expectativas, otra bisagra en la opinión pública

Otro punto de inflexión en la coyuntura viene dado por la caída en las expectativas, que hasta el momento venían acompañando al gobierno. El “hay que darle tiempo”, uno de los elementos centrales del resultado electoral del 22-O (junto con el antikirchnerismo) funcionó como capital político de la primera mitad del mandato de Cambiemos. A tenor de las últimas encuestas conocidas, tal como apuntó Diego Genoud, “se lesionaron las expectativas, lo único que ofrece un gobierno sin presente y que ya agotó el uso del pasado”. Es lo que surge del más reciente estudio de consultora Synopsis realizado a nivel nacional a comienzos de enero, vía telefónica y sobre una muestra de 1.527 casos. Por un lado, el 42,6% de los argentinos adultos considera que la situación del país será “peor” dentro de un año. La cifra muestra que, de noviembre del año pasado a enero de 2018, las expectativas sobre el rumbo económico del país se fueron deteriorando: en noviembre de 2017, un 33,3% mantenía la opinión negativa sobre lo económico, con lo cual el salto de pesimismo es de 9,3 puntos porcentuales. Respecto a los argentinos que creen que la economía mejorará, según Synopsis alcanzan un 29,7%, cuando en noviembre eran  un 43,2%: una caída del optimismo de 13,5 puntos porcentuales (ver datos arriba; click para agrandar). 

El estudio también arroja que la que la valoración de los argentinos es hoy más negativa que positiva sobre el gobierno de Macri: desde noviembre de 2016 a enero de 2017, la merma en la visión positiva sobre la gestión de Cambiemos fue de 13 puntos porcentuales (de 51,6% a 38%). Por contrapartida, la negativa subió 11 puntos porcentuales (del 30,2% al 41,4%), con lo cual prácticamente hubo una transferencia neta de las opiniones favorables hacia las desfavorables (ver datos abajo; click para agrandar). Con todo, a nivel nacional, Cambiemos ya había tenido una valoración negativa peor que la de este mes: se dio entre enero y marzo de 2017 (meses de la polémica por la deuda del Correo Argentino, por ejemplo), cuando, según los datos de Synopsis, el porcentaje de opinión desfavorable llegó a ser de 42,5%. Por esa razón, la principal novedad de la coyuntura tiene que ver con la caída de las expectativas más que con la pérdida de imagen. En tanto, la valoración positiva más alta del último año se dio en época de elecciones legislativas, cuando más de la mitad (51,5%) evaluó como “positiva” la gestión de Macri. A partir de allí, y luego de la victoria oficialista a nivel nacional, la tendencia es descendente. 

Los datos sugieren que el significante del cambio (que, más que significante vacío, se construyó a partir de un consenso negativo, el del antikirchnerismo) comenzó a cobrar un sentido nuevo, y riesgoso para el oficialismo: el del ajuste (precisamente lo que el asesor estrella de Cambiemos, Jaime Durán Barba, remarcó que había que evitar, sobre todo en la etapa inicial del gobierno). El paquete de medidas oficiales lanzado después de la victoria electoral del 22-O incluyó, además del recorte a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, un pacto fiscal con las provincias, una reforma fiscal pro-patronal y un ajuste sobre la plantilla de trabajadores del Estado (en diciembre fueron despedidos casi 2 mil empleados públicos en Nación, PBA y municipios bonaerenses). Este mes se sumaron las subas de los servicios más la confirmación de la elevada inflación. Como apuntó Enrique de la Calle, “el macrismo encara un importante desafío que golpea en el punto exacto donde el Gobierno suele moverse: entre el ajuste que cree necesario hacer y el que la sociedad tolera. Cambiemos sabe que ese margen es estrecho. De hecho, los actuales niveles de desaprobación se asimilan a los de mediados de 2016, cuando el Ejecutivo encaró sus políticas de 'sinceramiento', que incluyeron tarifazos y paritarias por debajo de la inflación. La película es conocida: en 2017 volvió el 'gradualismo' y el oficialismo se impuso en las elecciones de medio término. Igualmente, todo parece indicar que este año ese 'gradualismo' perderá moderación. Cambiemos preferirá ceder capital político en 2018 para tener nuevamente margen en 2019, año electoral”. Esto sugiere que el 2018 será más duro que el año pasado, lo cual da asiento al sensible deterioro registrado en las expectativas. 

Según Synopsis, también creció el descontento con el actual rumbo económico: un 36% cree que no es el correcto, y a la vez aumentaron las dudas. En octubre del año pasado, un 28,2% no estaba seguro de hacia dónde iba Macri, y en enero ese porcentaje subió hasta el 33,8%. Respecto a los que tenían una mirada optimista del manejo de la economía argentina, vienen en baja: desde las legislativas hubo una caída de seis puntos en la confianza hacia Cambiemos (30,7% contra 24,1%). En ese marco, la inflación continúa como la preocupación máxima de los argentinos con un 27%, seguida por la corrupción con un 21,8 %. Cabe recordar que Argentina registró en 2017 una inflación de casi 25 puntos (24,8%), casi 50% más que el techo establecido por el gobierno a principios del año pasado. Respecto a esto, José Natanson también identificó una bisagra: “el contundente triunfo oficialista en las elecciones de octubre abrió una nueva etapa política, marcó el verdadero comienzo del gobierno de Cambiemos. Disipada la amenaza de una restauración kirchnerista, con menos posibilidades de seguir apelando al fantasma del populismo como gran argumento justificador y auspiciado por un entorno regional que lo acompaña, Macri es, por fin, libre. En este contexto nuevo, la brecha entre la dificultad para conseguir mejoras de bienestar y el apoyo que concita –la distancia entre la realidad material y las expectativas– se va achicando. Lenta pero persistentemente, la mirada social va girando de la política a la economía (…) los acontecimientos de diciembre sugieren que una parte importante de la sociedad ya empezó a hacer las cuentas". En ese marco, después de una elección que fue un plebiscito político más que económico, se insinúa otro giro o potencial bisagra.  



lunes, 22 de enero de 2018

¿El germen de un consenso negativo en torno al cambio?

La emergencia de consensos negativos en torno al paquete de reformas propuestos por Cambiemos a fines de 2017 puede generar una bisagra en la opinión pública, porque alteraría la dinámica de la “grieta”, electoralmente rentable para el gobierno nacional desde el ballotage del 2015 hasta los comicios de medio término del 2017. Si en ese tránsito el oficialismo se benefició del consenso negativo anti-K (solidificando su voto frente a una oposición dispersa, dentro de la cual el kirchnerismo es la facción más visible y caudalosa, en un proceso de legitimación mutua entre tesis y antítesis), el germen de un nuevo consenso negativo resulta altamente riesgoso, pues podría dar lugar a tendencias reunificadoras del campo opositor que enciendan luces de alerta de cara al 2019 electoral. 

Ya antes del debate por la reforma previsional (de impacto negativo en la opinión pública), una encuesta de Gustavo Córdoba mostraba que un 46,6% de los argentinos creía que el paquete de reformas del oficialismo iba a provocar una crisis, contra un 38,8% que creía que impulsarán la economía (un 14,6% no sabía o no respondía). Todas las encuestas realizadas a fines de diciembre acusaron un empeoramiento de los indicadores de confianza: la crisis por la desaparición del submarino ARA San Juan, la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado durante un operativo de la Prefectura, y la “forma en que se tematizaron públicamente las iniciativas de reforma laboral y previsional” provocaron un derrumbe del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Torcuato Di Tella. Luego de tocar su techo histórico en noviembre tras la victoria electoral de Cambiemos el 22-O, el ICG de diciembre de 2017 fue de 2,36 puntos (en una escala de 5 puntos), “registrando el descenso porcentual más pronunciado de la gestión de Mauricio Macri (20,3 por ciento) (…) Se quiebra así la evolución positiva que acompañó a los resultados electorales favorables de Cambiemos en las PASO de agosto y en las generales de octubre, y que se extendió al mes de noviembre, lapso en el cual el ICG aumentó un 33 por ciento (de 2,24 en julio a 2,97 en noviembre). En términos interanuales la variación del ICG es de – 5 por ciento”, apuntó el documento elaborado por la universidad.

De acuerdo a la entidad, la caída del ICG refleja una “serie de problemas políticos que el gobierno nacional manejó con dificultad tras su triunfo electoral (…) La gestión de la búsqueda del Submarino ARA San Juan, y la represión que terminó con la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel por un impacto de bala similar a las del grupo de Prefectura Naval que actuó en el mismo. En segundo lugar, durante la primera quincena de diciembre, la forma en que se tematizaron públicamente las iniciativas de reforma laboral y previsional”. En ese marco, el derrumbe de confianza que sufrió la gestión de Cambiemos sólo es comparable, siempre según las mediciones de la UTDT, con la caída que registró el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (-23%) durante el conflicto con las patronales agrarias en 2008 (resolución 125) y por tres mediciones registradas en plena crisis de 2002, cuando Eduardo Duhalde ejercía la presidencia de manera interina luego de la caída de la Alianza en diciembre de 2001. “No deja de ser revelador que la caída más pronunciada se haya producido en el rubro Preocupación por interés general (variación – 29 por ciento) en un contexto en que el debate político se centró en la modificación del régimen de actualización de jubilaciones y pensiones”, concluyó el informe. Otro dato negativo es que esa caída del ICG coincidió con una merma en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que mide la misma entidad (ver datos arriba; click para agrandar): ese indicador cayó 15,5% en diciembre y se ubicó en 43,18 puntos, muy cerca del peor valor registrado por Cambiemos en febrero de 2017 (40,68). Cabe destacar que el ICC analiza las percepciones de los individuos sobre el estado de la economía, la situación económica personal y las expectativas a mediano plazo, revelando así con relativa rapidez el “humor” de los consumidores, que determinará, luego, las decisiones de compra a corto y mediano plazo y, por lo tanto, la evolución de los indicadores macroeconómicos en los próximos trimestres. Los datos desagregados arrojaron que ese mes cayeron todos los subíndices: bienes durables e inmuebles, 22,2%; situación personal, 10,8%; y situación macroeconómica, 15%. De acuerdo con la distribución territorial, la confianza del consumidor bajó 14,2% en el interior del país, 12,3% en CABA y 17,5% en el conurbano. Respecto a la distribución por nivel de ingresos, la confianza del consumidor bajó 11,9% para el sector de los encuestados con mayores ingresos y disminuyó 18,4% para los de menores ingresos con respecto a noviembre, lo que tiende a confirmar el sesgo clasista percibido en Cambiemos (ya analizado en varias entradas del blog). El informe de la UTDT reveló que la brecha entre las condiciones presentes en las que se evalúan los encuestados y las condiciones futuras continúa agrandándose: mientras que las expectativas futuras cayeron 12,9%, las condiciones presentes lo hicieron 19,5%.

En esa línea, resulta clave que la reforma previsional no sólo impacta en un segmento etario que viene acompañando a Cambiemos en las elecciones desde el 2015 (con el potencial de erosionar su base electoral), sino que sus repercusiones se extienden a un colectivo mucho más amplio y, por lo tanto, políticamente más significativo: el germen de una nueva mayoría configurada en torno a un nuevo consenso negativo, esta vez, en torno al cambio, ya no entendido como salida del kirchnerismo, sino como ajuste. Según estimaciones del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la sanción de la reforma previsional afectará a 4.124.958 niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares y 3.941.893 niñas, niños y adolescentes que reciben asignaciones universales. Asimismo, la directora de Protección Social del CIPPEC, Gala Díaz Langou, explicó que la ley vuelve más inequitativo el sistema de transferencias. "Lo que produce la reforma previsional aprobada es una ampliación en la brecha entra la AUH y deducción de ganancias". Un tercer canal a través del cual el Estado transfiere recursos a las familias con menores son las transferencias que se realizan a partir de la deducción por hijo que se puede realizar al impuesto a las ganancias. Según Díaz Langou, estas transferencias son "inequitativas" debido a que "excluyen sobre todo a familias de sectores de menos ingresos", en tanto que "los que deducen Ganancias pueden percibir indirectamente un monto mayor que quienes reciben la AUH". Asimismo, aún con la implementación del bono compensatorio que impulsó el gobierno nacional para paliar el malestar generado, la diferencia acumulada para 2018 en la evolución de la prestación de la AUH sería de $ 391,1 menos, según los cálculos realizados por Infancia en Deuda (ONG que aglutina a diversas organizaciones que abordan las problemáticas vinculadas a la infancia y en la que participa el CIPPEC). En tanto, para las prestaciones de asignaciones familiares, la diferencia negativa para los 12 meses de 2018 alcanza los $ 791,13 para ingresos de hasta $ 21.921; $ 532,1 para ingresos de hasta $ 32.152; $ 320,42 para ingresos de hasta $ 37.120 y $ 168,66 para ingresos de hasta $ 73.608. Finalmente, la medida que impulsó el oficialismo constituye una violación a la normativa internacional vigente en materia de derechos económicos de la infancia, que al igual que la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, señala que los Estados deben garantizar "el máximo de los recursos disponibles" para garantizar los derechos de este sector, y que tienen vedadas medidas regresivas que disminuyan la inversión pública para la garantía de los mismos. “En este contexto, resulta preocupante que del amplio espectro de opciones para recortar el nivel de gasto, el Gobierno haya optado por los más débiles”, apuntan los especialistas.

viernes, 19 de enero de 2018

Un consenso negativo que puede marcar una bisagra en la opinión pública

En las entradas finales del año pasado repasábamos encuestas con datos clave para el realineamiento político-electoral de cara al 2019. Si el diagnóstico negativo sobre el impacto socioeconómico de las reformas lanzadas por el gobierno nacional después de las elecciones de medio término es acertado, podrían realinearse los espacios opositores en torno a las mayorías perjudicadas por esa medida y con ello cambiar las premisas analíticas pos 22-O, que partían de considerar una primera minoría oficialista consolidada en torno al 40% vs dispersión en el espacio opositor. 

En ese marco, un estudio realizado a fines de diciembre de 2017 sobre el impacto de la reforma jubilatoria en particular arrojó resultados negativos para el gobierno, aun en un distrito que es bastión del PRO desde el 2007. Según la consultora Raúl Aragón y Asociados, “respecto del grado de acuerdo con la modificación de la fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios sólo el 22,4% dice estar de acuerdo, mientras que el 67,2% lo rechaza" (ver datos arriba; click para agrandar). Es decir, un consenso que abarca a 2 de cada 3 electores. "Y aquí también el electorado de Cambiemos es rotundamente crítico: entre los electores de Cambiemos en el ballotage de 2015 el 59,6% dice no estar de acuerdo con esa modificación. Considerado por Nivel Socioeconómico, el Acuerdo/Desacuerdo guarda una fortísima correlación. Mientras que entre los miembros del segmento de clase alta y media el acuerdo es de 39% y 30,8% respectivamente, entre los de clase baja este valor desciende a 10,5% y el desacuerdo registra 50,8% y 57,9% entre los primeros dos segmentos, mientras que en el de menores recursos alcanza el 79,6%", destaca Aragón.

La percepción social del efecto del cambio en el cálculo de las jubilaciones resulta coherente con lo descrito arriba. Mientras que el 16,2% considera que la medida favorece a los jubilados, el 66,2% considera que los perjudica (ver datos abajo; click para agrandar): nuevamente, un consenso negativo de dos tercios. Y aquí también se registra un altísimo nivel crítico al interior del electorado macrista: entre los votantes de Cambiemos en el ballotage de 2015 el 54,8% considera que perjudica a los miembros de la clase pasiva. Es decir, medidas como la reforma jubilatoria podrían agudizar el sesgo “clasista” atribuido a Cambiemos (el de beneficiar a las clases altas en detrimento de las demás), que hemos repasado en diversas entradas de este blog. Según el estudio de Aragón y Asociados, en términos de niveles socieconómicos (NSE), la percepción social del efecto del cambio en el cálculo de los haberes jubilatorios guarda, así como en la variable anterior, una fuerte correlación entre segmentos. Entre los miembros de la clase alta el 33,3% considera que favorece a los jubilados, entre los de clase media el 20,6% registra esta misma opinión y cae en el sector de menores recursos a 5,9%. En la opinión contraria -es decir, que perjudica a los mayores- estos tres segmentos registran 53,3%, 63,6% y 73% respectivamente. “La acción del Gobierno de Mauricio Macri ha resultado en un altísimo costo político para Cambiemos si consideramos que este estudio se realizó en el distrito de mejor desempeño histórico del PRO y Cambiemos, y que registra un altísimo nivel de rechazo entre sus votantes y los sectores socioeconómicos tradicionalmente favorables”, resalta el informe de la consultora.

En otro orden, respecto a la violencia generada durante las sesiones para la modificación del cálculo previsional, el 24,3% atribuyó la responsabilidad de esa violencia al kirchnerismo, mientras que un 16,3% la atribuye al Gobierno. Entre quienes consideran que el kirchnerismo es el responsable de la violencia de esos días, sólo un tercio se reconoce electorado de Cambiemos en el ballotage de 2015. El resto del electorado de Cambiemos atribuye la violencia a otras organizaciones, incluyendo un 5,8% de esos electores macristas que la atribuyen al gobierno nacional. Considerado por NSE, el escenario es aún peor para el oficialismo: mientras que entre los miembros de mayor y menor poder adquisitivo -el 10% y el 11,3% respectivamente- le atribuyen la responsabilidad de la violencia, entre los miembros de la clase media porteña (“cliente” electoral central de Cambiemos) este porcentaje de atribución de responsabilidad al Gobierno asciende a 26,2%, es decir, más de dos veces y media de lo registrado en los otros segmentos.