Un consenso negativo que puede marcar una bisagra en la opinión pública

En las entradas finales del año pasado repasábamos encuestas con datos clave para el realineamiento político-electoral de cara al 2019. Si el diagnóstico negativo sobre el impacto socioeconómico de las reformas lanzadas por el gobierno nacional después de las elecciones de medio término es acertado, podrían realinearse los espacios opositores en torno a las mayorías perjudicadas por esa medida y con ello cambiar las premisas analíticas pos 22-O, que partían de considerar una primera minoría oficialista consolidada en torno al 40% vs dispersión en el espacio opositor. 

En ese marco, un estudio realizado a fines de diciembre de 2017 sobre el impacto de la reforma jubilatoria en particular arrojó resultados negativos para el gobierno, aun en un distrito que es bastión del PRO desde el 2007. Según la consultora Raúl Aragón y Asociados, “respecto del grado de acuerdo con la modificación de la fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios sólo el 22,4% dice estar de acuerdo, mientras que el 67,2% lo rechaza" (ver datos arriba; click para agrandar). Es decir, un consenso que abarca a 2 de cada 3 electores. "Y aquí también el electorado de Cambiemos es rotundamente crítico: entre los electores de Cambiemos en el ballotage de 2015 el 59,6% dice no estar de acuerdo con esa modificación. Considerado por Nivel Socioeconómico, el Acuerdo/Desacuerdo guarda una fortísima correlación. Mientras que entre los miembros del segmento de clase alta y media el acuerdo es de 39% y 30,8% respectivamente, entre los de clase baja este valor desciende a 10,5% y el desacuerdo registra 50,8% y 57,9% entre los primeros dos segmentos, mientras que en el de menores recursos alcanza el 79,6%", destaca Aragón.

La percepción social del efecto del cambio en el cálculo de las jubilaciones resulta coherente con lo descrito arriba. Mientras que el 16,2% considera que la medida favorece a los jubilados, el 66,2% considera que los perjudica (ver datos abajo; click para agrandar): nuevamente, un consenso negativo de dos tercios. Y aquí también se registra un altísimo nivel crítico al interior del electorado macrista: entre los votantes de Cambiemos en el ballotage de 2015 el 54,8% considera que perjudica a los miembros de la clase pasiva. Es decir, medidas como la reforma jubilatoria podrían agudizar el sesgo “clasista” atribuido a Cambiemos (el de beneficiar a las clases altas en detrimento de las demás), que hemos repasado en diversas entradas de este blog. Según el estudio de Aragón y Asociados, en términos de niveles socieconómicos (NSE), la percepción social del efecto del cambio en el cálculo de los haberes jubilatorios guarda, así como en la variable anterior, una fuerte correlación entre segmentos. Entre los miembros de la clase alta el 33,3% considera que favorece a los jubilados, entre los de clase media el 20,6% registra esta misma opinión y cae en el sector de menores recursos a 5,9%. En la opinión contraria -es decir, que perjudica a los mayores- estos tres segmentos registran 53,3%, 63,6% y 73% respectivamente. “La acción del Gobierno de Mauricio Macri ha resultado en un altísimo costo político para Cambiemos si consideramos que este estudio se realizó en el distrito de mejor desempeño histórico del PRO y Cambiemos, y que registra un altísimo nivel de rechazo entre sus votantes y los sectores socioeconómicos tradicionalmente favorables”, resalta el informe de la consultora.

En otro orden, respecto a la violencia generada durante las sesiones para la modificación del cálculo previsional, el 24,3% atribuyó la responsabilidad de esa violencia al kirchnerismo, mientras que un 16,3% la atribuye al Gobierno. Entre quienes consideran que el kirchnerismo es el responsable de la violencia de esos días, sólo un tercio se reconoce electorado de Cambiemos en el ballotage de 2015. El resto del electorado de Cambiemos atribuye la violencia a otras organizaciones, incluyendo un 5,8% de esos electores macristas que la atribuyen al gobierno nacional. Considerado por NSE, el escenario es aún peor para el oficialismo: mientras que entre los miembros de mayor y menor poder adquisitivo -el 10% y el 11,3% respectivamente- le atribuyen la responsabilidad de la violencia, entre los miembros de la clase media porteña (“cliente” electoral central de Cambiemos) este porcentaje de atribución de responsabilidad al Gobierno asciende a 26,2%, es decir, más de dos veces y media de lo registrado en los otros segmentos.