En ese marco, lo que subyace es que el consenso negativo que hizo posible la victoria en el ballotage del 2015 y las elecciones de medio término del 2017 va agotando su funcionalidad legitimadora para el presidente Mauricio Macri. Si el contenido del “cambio” ya no puede ser sólo el antikirchnerismo, entonces la legitimación requiere la emergencia de un contenido positivo sustantivo. “Por todo esto es que en esta nueva etapa el Gobierno necesita otras fuentes de legitimación que vayan más allá de la “pesadilla kirchnerista” o de la cárcel para los popes sindicales. Seguir pidiendo la restricción de sus consumos a la clase media va a ser cada día más dificultoso sin mostrar resultados económicos, como la baja consistente de la inflación o el crecimiento genuino de la economía. También multiplicará el costo de los escándalos políticos como el que tuvo como protagonista al ministro de Trabajo, y de otros que casi en forma inevitable sobrevendrán”, destaca el sociólogo.
Por su parte, Lucas Romero, uno de los responsables de la encuesta de Synopsis que venimos citando, profundiza en esa misma línea, destacando que el estudio de enero “viene a ratificar algo que ya habíamos visto en diciembre, que es un cambio en la tendencia de los indicadores de opinión y en términos generales un deterioro de todos los indicadores relacionados al gobierno y al rumbo del país. Nosotros identificamos dos factores. Uno es que cambió el clima de opinión. Cambió el contexto en el cual la gente emite su opinión y tiene su percepción de la realidad. Veníamos de un contexto dominado por el proceso electoral que lógicamente condiciona la mirada de la opinión pública sobre la realidad política y pasamos a un contexto en el cual la gente volvió a enfocarse en sus problemas cotidianos, encuentra aún problemas sin resolver y entonces allí levanta la cabeza y a quien ve es al gobierno nacional”. En cuanto al segundo factor, Romero resalta, al igual que de Angelis, la agenda poselectoral del gobierno. “Allí hay dos grandes grupos de decisión. Por un lado los anuncios de aumentos en tarifas de servicios públicos como gas, transporte; y otros componentes que son precios regulados, pero no directamente por parte del Gobierno como aumento de la nafta, de las prepagas y una serie de anuncios que tienen impacto en términos de opinión pública y es natural que veamos este resultado. Por otro lado, el conjunto de reformas que el gobierno anunció después de las elecciones y dentro de las cuales estaba incluida esta polémica reforma de la ley de movilidad jubilatoria que tiene niveles de rechazo extremadamente altos, casi 2 de cada 3 la rechazan y tiene una valoración negativa de esa ley y que tanto le costó al Gobierno aprobar en ese debate en el Congreso en diciembre y que seguramente explica gran parte de la pérdida de popularidad que tuvo el Gobierno hacia fines del año pasado”.
Un enfoque similar lo aportó el sociólogo Ignacio Ramírez, quien evaluó que Cambiemos sufrió luego de la elección de medio término del 22-O “la maldición de los ganadores”, malinterpretado el respaldo como una luz verde para acelerar en reformas que no fueron plebiscitadas en las legislativas. “En ese contexto, el gobierno después de las elecciones toma una decisión que confirma la sospecha de que resuelve con un sesgo de clase (…) lo que hizo fue tomar otra vez una decisión antipática, y para justificar la reforma previsional siguió tocando la canción de la pesada herencia, que cansó. Eso que se rompió se puede reparar, pero se rompió en diciembre. Hubo dos malas lecturas: elegir esta medida después del triunfo electoral como si la victoria borrara el subsuelo de valores que tenemos. Segundo error: con la rosca parlamentaria evitamos que esto salte en la opinión pública, alcanza con la ruta pichettista a la aprobación. Hay climas: las palabras ajuste, reforma, envueltas en el calor de diciembre tienen una capacidad evocatoria muy potente”. Esto plantea dos riesgos nuevos para Cambiemos: 1) que la pérdida de funcionalidad legitimadora del consenso negativo que acompañó a Macri en el ballotage del 2015 y las elecciones de medio término del 2017 no sea reemplazada por un contenido sustantivo “positivo” (por ejemplo: Carlos Menem ganó legitimidad para su agenda de reformas gracias al beneficio de la estabilidad) 2) que la agenda de Cambiemos empiece a transitar temas respecto a los cuales el consenso negativo antiK agotó su funcionalidad político-electoral y que, en sentido contrario, hacen emerger consensos negativos mayoritarios. Es decir, no sólo son rechazados por quienes no votaron a Mauricio Macri en el ballotage del 2015, sino también por sus votantes, al ser temas que trascienden la polarización: estaríamos viendo un giro en la opinión pública, de “la grieta” a “la bisagra”). Por caso, en el relevamiento de la Universidad de San Andrés que midió las actitudes respecto a 5 de las medidas clave del gobierno a partir de diciembre, tres de ellas recogen desacuerdos superiores al 50%: los cambios tarifarios en el transporte (56%), la reforma laboral (53%) y la reforma previsional (61%). En el caso de la reforma tributaria, el desacuerdo también es la primera minoría actitudinal, pues llega al 45% (ver datos arriba; click para agrandar). Si bien se trata de temas distintos, todos integran la matriz de “reformismo permanente” definida por el presidente Macri luego del 22-O. Si no son generadores de legitimación sino, por el contrario, de deslegitimación y erosión del acompañamiento, el desafío para el gobierno resulta mayor a lo que se pensaba luego de la euforia poselectoral.
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