¿El germen de un consenso negativo en torno al cambio?

La emergencia de consensos negativos en torno al paquete de reformas propuestos por Cambiemos a fines de 2017 puede generar una bisagra en la opinión pública, porque alteraría la dinámica de la “grieta”, electoralmente rentable para el gobierno nacional desde el ballotage del 2015 hasta los comicios de medio término del 2017. Si en ese tránsito el oficialismo se benefició del consenso negativo anti-K (solidificando su voto frente a una oposición dispersa, dentro de la cual el kirchnerismo es la facción más visible y caudalosa, en un proceso de legitimación mutua entre tesis y antítesis), el germen de un nuevo consenso negativo resulta altamente riesgoso, pues podría dar lugar a tendencias reunificadoras del campo opositor que enciendan luces de alerta de cara al 2019 electoral. 

Ya antes del debate por la reforma previsional (de impacto negativo en la opinión pública), una encuesta de Gustavo Córdoba mostraba que un 46,6% de los argentinos creía que el paquete de reformas del oficialismo iba a provocar una crisis, contra un 38,8% que creía que impulsarán la economía (un 14,6% no sabía o no respondía). Todas las encuestas realizadas a fines de diciembre acusaron un empeoramiento de los indicadores de confianza: la crisis por la desaparición del submarino ARA San Juan, la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado durante un operativo de la Prefectura, y la “forma en que se tematizaron públicamente las iniciativas de reforma laboral y previsional” provocaron un derrumbe del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Torcuato Di Tella. Luego de tocar su techo histórico en noviembre tras la victoria electoral de Cambiemos el 22-O, el ICG de diciembre de 2017 fue de 2,36 puntos (en una escala de 5 puntos), “registrando el descenso porcentual más pronunciado de la gestión de Mauricio Macri (20,3 por ciento) (…) Se quiebra así la evolución positiva que acompañó a los resultados electorales favorables de Cambiemos en las PASO de agosto y en las generales de octubre, y que se extendió al mes de noviembre, lapso en el cual el ICG aumentó un 33 por ciento (de 2,24 en julio a 2,97 en noviembre). En términos interanuales la variación del ICG es de – 5 por ciento”, apuntó el documento elaborado por la universidad.

De acuerdo a la entidad, la caída del ICG refleja una “serie de problemas políticos que el gobierno nacional manejó con dificultad tras su triunfo electoral (…) La gestión de la búsqueda del Submarino ARA San Juan, y la represión que terminó con la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel por un impacto de bala similar a las del grupo de Prefectura Naval que actuó en el mismo. En segundo lugar, durante la primera quincena de diciembre, la forma en que se tematizaron públicamente las iniciativas de reforma laboral y previsional”. En ese marco, el derrumbe de confianza que sufrió la gestión de Cambiemos sólo es comparable, siempre según las mediciones de la UTDT, con la caída que registró el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (-23%) durante el conflicto con las patronales agrarias en 2008 (resolución 125) y por tres mediciones registradas en plena crisis de 2002, cuando Eduardo Duhalde ejercía la presidencia de manera interina luego de la caída de la Alianza en diciembre de 2001. “No deja de ser revelador que la caída más pronunciada se haya producido en el rubro Preocupación por interés general (variación – 29 por ciento) en un contexto en que el debate político se centró en la modificación del régimen de actualización de jubilaciones y pensiones”, concluyó el informe. Otro dato negativo es que esa caída del ICG coincidió con una merma en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que mide la misma entidad (ver datos arriba; click para agrandar): ese indicador cayó 15,5% en diciembre y se ubicó en 43,18 puntos, muy cerca del peor valor registrado por Cambiemos en febrero de 2017 (40,68). Cabe destacar que el ICC analiza las percepciones de los individuos sobre el estado de la economía, la situación económica personal y las expectativas a mediano plazo, revelando así con relativa rapidez el “humor” de los consumidores, que determinará, luego, las decisiones de compra a corto y mediano plazo y, por lo tanto, la evolución de los indicadores macroeconómicos en los próximos trimestres. Los datos desagregados arrojaron que ese mes cayeron todos los subíndices: bienes durables e inmuebles, 22,2%; situación personal, 10,8%; y situación macroeconómica, 15%. De acuerdo con la distribución territorial, la confianza del consumidor bajó 14,2% en el interior del país, 12,3% en CABA y 17,5% en el conurbano. Respecto a la distribución por nivel de ingresos, la confianza del consumidor bajó 11,9% para el sector de los encuestados con mayores ingresos y disminuyó 18,4% para los de menores ingresos con respecto a noviembre, lo que tiende a confirmar el sesgo clasista percibido en Cambiemos (ya analizado en varias entradas del blog). El informe de la UTDT reveló que la brecha entre las condiciones presentes en las que se evalúan los encuestados y las condiciones futuras continúa agrandándose: mientras que las expectativas futuras cayeron 12,9%, las condiciones presentes lo hicieron 19,5%.

En esa línea, resulta clave que la reforma previsional no sólo impacta en un segmento etario que viene acompañando a Cambiemos en las elecciones desde el 2015 (con el potencial de erosionar su base electoral), sino que sus repercusiones se extienden a un colectivo mucho más amplio y, por lo tanto, políticamente más significativo: el germen de una nueva mayoría configurada en torno a un nuevo consenso negativo, esta vez, en torno al cambio, ya no entendido como salida del kirchnerismo, sino como ajuste. Según estimaciones del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la sanción de la reforma previsional afectará a 4.124.958 niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares y 3.941.893 niñas, niños y adolescentes que reciben asignaciones universales. Asimismo, la directora de Protección Social del CIPPEC, Gala Díaz Langou, explicó que la ley vuelve más inequitativo el sistema de transferencias. "Lo que produce la reforma previsional aprobada es una ampliación en la brecha entra la AUH y deducción de ganancias". Un tercer canal a través del cual el Estado transfiere recursos a las familias con menores son las transferencias que se realizan a partir de la deducción por hijo que se puede realizar al impuesto a las ganancias. Según Díaz Langou, estas transferencias son "inequitativas" debido a que "excluyen sobre todo a familias de sectores de menos ingresos", en tanto que "los que deducen Ganancias pueden percibir indirectamente un monto mayor que quienes reciben la AUH". Asimismo, aún con la implementación del bono compensatorio que impulsó el gobierno nacional para paliar el malestar generado, la diferencia acumulada para 2018 en la evolución de la prestación de la AUH sería de $ 391,1 menos, según los cálculos realizados por Infancia en Deuda (ONG que aglutina a diversas organizaciones que abordan las problemáticas vinculadas a la infancia y en la que participa el CIPPEC). En tanto, para las prestaciones de asignaciones familiares, la diferencia negativa para los 12 meses de 2018 alcanza los $ 791,13 para ingresos de hasta $ 21.921; $ 532,1 para ingresos de hasta $ 32.152; $ 320,42 para ingresos de hasta $ 37.120 y $ 168,66 para ingresos de hasta $ 73.608. Finalmente, la medida que impulsó el oficialismo constituye una violación a la normativa internacional vigente en materia de derechos económicos de la infancia, que al igual que la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, señala que los Estados deben garantizar "el máximo de los recursos disponibles" para garantizar los derechos de este sector, y que tienen vedadas medidas regresivas que disminuyan la inversión pública para la garantía de los mismos. “En este contexto, resulta preocupante que del amplio espectro de opciones para recortar el nivel de gasto, el Gobierno haya optado por los más débiles”, apuntan los especialistas.