Si a lo que el sociólogo citado define como sabiduría convencional lo traducimos a nuestra semántica de análisis, lo llamaríamos pragmatismo; y si tuviéramos que personalizar cuáles figuras encarnan ese pragmatismo, diríamos que son Juan Carlos Fábrega respecto a los mercados financieros (desde su asunción al frente del Banco Central, donde logró frenar el drenaje de reservas que signó la gestión de su antecesora en el cargo, Mercedes Marcó del Pont), Axel Kicillof en cuanto a reabrir expectativas de inversiones (con los acuerdos ante el Club de París y Repsol como hitos), redefinir las oportunidades del país en el área de los hidrocarburos (a partir de la llegada de Miguel Galuccio como CEO en la reestatizada YPF) y, en el plano electoral, proporcionar al Gobierno una candidatura competitiva (centralmente, con la candidatura de Daniel Scioli y, más recientemente, con la de Florencio Randazzo, que hoy se insinúan como las figuras más competitivas del oficialismo de cara al 2015).
Planteábamos en el post anterior que el gobierno venía recreando esa combinación de dosis de confrontación (revestida de épica) y pragmatismo en el último año, y que Axel Kicillof era tanto un eficaz instrumento de esa dialéctica como un cabal intérprete de la funcionalidad política que revisten tanto la épica como el pragmatismo. Creemos que en ese mismo marco se lee la decisión del gobierno ofrecerle a los buitres lo mismo que a los bonistas que entraron a los canjes 2005 y 2010 y no acatar el fallo, al menos hasta 2015. Esta definición tiene un componente claramente pragmático: el gobierno evalúa que hasta que venza la cláusula RUFO, no se puede hacer ninguna oferta diferenciadora (aunque Kicillof dejó sentada la posición oficial de no oponerse a un acuerdo “entre privados”). La interpretación sería que los buitres, teniendo un fallo a favor, no aceptarían esas condiciones y además, al contar con CDS (seguros de default), su interés es que las calificadoras declaren un default para que ellos puedan cobrar sus seguros; efectivamente, es lo que se ha visto en los últimos días.
Pero la postura del gobierno también tiene un componente épico: los fondos buitre, y el juez Griesa, son enemigos perfectos para el gobierno: los primeros están aislados desde el punto de vista internacional (si bien cuentan con aliados poderosos en la extrema derecha republicana de Estados Unidos), y el segundo es caracterizado con un semblante que oscila entre el juez gagá que no entiende las implicancias del caso que tiene entre manos (el The New York afirmó: "el Juez Griesa no entiende las transacciones de bonos de la Argentina sobre las que decidió durante años", mientras que la periodista mexicana Silvina Sterin Pensel dijo: "queda claro que el Juez Griesa no puede seguir el nivel de charlas en su propio recinto") y el de un magistrado sospechado de parcialidad. Eso le ha permitido al oficialismo capitalizar el tema buitres en términos de opinión pública, a tenor de lo que señalan diversos estudios.
La única encuesta que escapó a esa tendencia fue la realizada por la consultora Management & Fit, según la cual un alto porcentaje de la opinión pública responsabilizaría al Gobierno por una caída en default (la pregunta que efectuó la consultora fue: “si el país finalmente cae en default, a quién responsabilizaría más”: un 44,2% de los encuestados respondió al “gobierno argentino”, detrás quedó el porcentaje que culpó por la situación al juez estadounidense Thomas Griesa, con un 17,6%; mientras que un 18,1% indicó que la responsabilidad le compete a todas las partes. Esa encuesta también indagó la opinión de los participantes sobre el manejo que tuvo el Gobierno en el asunto: un 60,1% consideró en forma negativa las gestiones del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. En concreto, un 31,6% la calificó como “regular”, mientras un 28,5% la consideró “mala”. En tanto, un 34,2% tuvo una evaluación positiva de las negociaciones llevadas a cabo por el equipo económico comandado por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Un 8,6% lo señaló como “muy bueno”, mientras que un 25,6% indicó como “bueno” el manejo.
Sin embargo, ese estudio realmente canta como un mirlo blanco: los demás datos, publicados o filtrados (incluso los referidos por periodistas abiertamente críticos del gobierno, como Luis Majul, quien admitió que “la Presidenta está ganando la batalla semántica contra los fondos buitre”) hablan de tendencias favorables al gobierno en este tema. Por caso, según las encuestas del CEOP, la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viene subiendo en forma notoria desde hace dos meses y pegó un salto grande durante julio, a raíz del conflicto con los fondos buitre. CFK llegó nuevamente a más del 54% de opiniones positivas, mientras que el 43% opina negativamente. “Nosotros venimos diciendo desde hace mucho que hay un núcleo duro que apoya a la Presidenta y que nunca bajó del 33 o 34 por ciento. Y también dijimos siempre que existe una periferia, que votó a CFK en algún momento y que llevó esa votación al 54 por ciento de 2011. Ahora percibimos que alrededor del caso de los fondos buitre, la imagen positiva, no los votos, abarca a toda esa gente que estuvo cerca de la Presidenta”, explicó el titular del CEOP, Roberto Bacman. Ese estudio también arroja un crecimiento de las opiniones positivas respecto del ministro de Economía, Axel Kicillof: alcanzó el 52% de opiniones positivas, contra un 40% de negativas. A contrapelo de lo señalado por M&F, según el CEOP el 57,4% por ciento de los consultados afirmó que los únicos responsables de que no haya un acuerdo para salir de la encrucijada son los fondos especulativos, mientras, el 30,6% atribuye esa responsabilidad al Gobierno.
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