Milei vs gobernadores: cómo impacta el conflicto en las últimas mediciones (nota en CBA24N)

Hace 20 días, la caída del proyecto de ley “Bases” en la Cámara de Diputados detonó una  ofensiva del gobierno nacional contra los gobernadores, a quienes el presidente Javier Milei acusó de haber volteado la iniciativa en defensa de sus intereses. En la línea de fuego quedaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires). El enfrentamiento escaló a partir de las decisiones presidenciales de no renovar el fondo de incentivo docente (Fonid, que complementa los sueldos que los gobernadores pagan a los maestros) y de eliminar el fondo compensador para el transporte urbano de pasajeros del interior del país. Esas acciones generaron la resistencia de las provincias, y varias de ellas (Chubut, Santiago del Estero, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Misiones) iniciaron acciones legales. Las represalias de Milei marchan a contramano de la opinión pública: según la encuesta realizada por Zuban Córdoba, ya a fines de enero, 58,1% estaba en desacuerdo con ese curso de acción, vs 40,7% que acordaba (gráfico arriba).  

Ese mismo mes, la consultora Reale-Dalla Torre reportó que casi 58% de los electores opinaba que los gobernadores tenían que priorizar al sector público (gráfico arriba), lo que confirma una mayoría alineada en defensa de sectores afectados por el ajuste nacional. 

Consistente con eso, la medición más reciente de Zuban Córdoba arrojó que casi 54% de los electores opinan que cada gobernador debe defender los intereses de su provincia aunque eso implique enfrentar al presidente, vs 41,4% que se inclinan por lo contrario (gráfico arriba). A su turno, la consultora CEOP midió la frase “Los gobernadores actuaron correctamente al defender los intereses económicos de sus provincias y el federalismo”: casi 57% estuvo de acuerdo, vs 43,1% en desacuerdo (gráfico abajo). Con pocos matices, ambas encuestas muestran mayorías sólidas a favor de la posición de las administraciones provinciales y adversas al gobierno nacional.  

A fines de la semana pasada, el conflicto escaló a una crisis institucional: el gobierno de Chubut obtuvo de la Justicia Federal un fallo que rechazaba la eliminación del fondo compensador para el transporte urbano de pasajeros del interior del país. Horas después, el gobierno nacional retuvo fondos de coparticipación a esa provincia, argumentando una deuda impaga. La disputa terminó alineando a casi todos los mandatarios provinciales (peronistas, radicales, del PRO y electos por otras fuerzas) junto a su par de la Patagonia, enfrentados a una administración cuyo aislamiento es manifiesto y cuyo conductor parece más tentado a recorrer el sendero del juicio político para victimizarse que dispuesto a buscar consenso. En este punto, también está a contramano de la corriente mayoritaria de la opinión pública: casi 62% de los electores demanda que el presidente dialogue con los gobernadores, lo que más que duplica la opinión de que Milei debe confrontarlos y acudir a decretos (28,3%; gráfico abajo).   

En este marco, entre el 23 y el 24 de febrero la consultora Scidata relevó las redes sociales y detectó que casi 61% de las menciones sobre la polémica por los fondos de la coparticipación expresaron sentimientos negativos, vs sólo 39,2% de menciones positivas: si bien ese guarismo es mayor al 30% que obtuvo Milei en las elecciones primarias y la primera vuelta de octubre, está muy lejos del 55,6% que lo consagró presidente en segunda vuelta (gráfico abajo).  

“Deuda” y “amenazas” traccionaron el debate crítico, mientras que “derecho” y “desarrollo” impulsaron las menciones favorables. Clasificando por áreas, hubo paridad entre las temáticas “política” (24,1%) y “economía” (23,5%), con energía tercera (12,2%; gráfico abajo).  

En términos de protagonismo, en las menciones de la red social X ganó centralidad el gobernador chubutense Ignacio Torres (@nachotorresch), por encima de Milei (gráfico abajo). También se reportó fuerte presencia de los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).  

En síntesis: 1) este nuevo eje de conflicto consolida el pesimismo dominante en la mayoría de las mediciones respecto a la política del gobierno nacional y confirma que el casi 56% de los votos que consagró a Milei como presidente en el ballotage de noviembre no se expresa en el apoyo a su gestión, que se ubica entre el 40% y el 45% 2) su legitimidad de ejercicio muestra una brecha significativa con su legitimidad de origen 3) por otro lado, el presidente comete un doble error de diagnóstico al plantear su legitimidad de origen como fundamento de sus acciones políticas en este tema, porque los gobernadores también cuentan con la legitimidad de origen por la que fueron electos y en esta disputa con la Nación tienen acompañamiento mayoritario.

Encuesta nacional de consultora Delfos: análisis de coyuntura en Zona Streaming (video desde minuto 34)

 

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¿Perdió efectividad el discurso de Javier Milei contra la casta?: qué dicen las últimas encuestas (nota publicada en CBA24N)

En la nota de la semana pasada concluíamos que todas las mediciones coincidían en que el ajuste que viene realizando el gobierno nacional alcanza a una proporción de votantes mayor a la que acompañó a Milei en el ballotage, lo que erosiona su base electoral y quita efectividad a su discurso “anticasta”. En esta nota, profundizaremos en esa clave de análisis. Según la última encuesta de la consultora Reale-Dalla Torre (RDT), la más perjudicada por el ajuste económico es la gente que compone la clase baja, la media y los jubilados en una proporción de 72%, muy por encima de las “castas” sobre las que el presidente machacó en campaña electoral, que acumulan 18,3% (gráfico arriba).  

En tanto, la última encuesta de Circuitos reporta que la percepción de que los trabajadores son los más afectados por las medidas alcanza 50,3% de las respuestas; muy lejos queda la “casta política”, con casi 25% de las menciones, mientras que empresarios y comerciantes de distinta escala acumulan 15,6% (gráfico arriba).  

En la misma línea, la última encuesta de Analogías arrojó que 52,1% de los electores cree que el ajuste del gobierno recae principalmente sobre trabajadores y jubilados, vs apenas 33% que cree que se ajusta a la casta política (gráfico arriba). Con matices en las cifras, la serie evolutiva de Zuban Córdoba & Asociados arroja que 80% de los electores cree que el ajuste lo paga la gente en enero y febrero, el primer bimestre pleno de la gestión Milei  (gráfico abajo).  

En contraste, apenas 33% considera el ajuste lo paga “la casta” (gráfico abajo). Ese guarismo se ubica en el orden de magnitud del voto a Milei en las primarias y la primera vuelta de octubre (30%), o sea que ese discurso sólo convence al núcleo duro de La Libertad Avanza (LLA).  

Más allá de matices en las cifras, es abrumadoramente mayoritaria la percepción de que el costo social del ajuste recae sobre las mayorías y no sobre las minorías asociadas al concepto de “casta” a las que LLA aludió en campaña y que reactiva cuando enfrenta resistencias, como sucedió con el paro nacional a fines de enero y el revés sufrido por el proyecto de ley “Bases” a principios de febrero. Luego de ese traspié, el oficialismo aceleró el ajuste sobre los gobiernos provinciales, a los que asoció a “la casta”. Es otra medida a contramano de la opinión pública: según la encuesta realizada por Zuban Córdoba a fines de enero, 58,1% estaba en desacuerdo con esa línea de acción, vs 40,7% que acordaba (gráfico abajo). Así, las proporciones se invierten de manera adversa a Milei respecto al resultado del ballotage de noviembre pasado.  

Otra acción definida por el gobierno nacional fue la eliminación de subsidios al transporte, que impactó fuertemente en el interior del país. Nuevamente, el gobierno se arriesga a profundizar su pérdida de capital político. Según la encuesta realizada a fines de enero por la consultora Reale-Dalla Torre (RDT), casi 48% creía que una quita de subsidios a los servicios públicos los afectaría aunque podría pagarlas, mientras que 45,5% decía que no podría afrontarlas por haber llegado al límite de su ajuste (gráfico abajo).  

Profundizando en el impacto de la medida, el informe de RDT arrojó que en el nivel socioeconómico (NSE) bajo una mayoría de 57% preveía que no podría pagar servicios luego de la quita de subsidios, proporción que alcanzaba el 42% en el nivel medio y 23,2% en el alto (gráfico abajo). Claramente, el impacto de la medida es mayor conforme baja el NSE.  

El potencial erosivo de la quita de subsidios en el capital político del gobierno también se pone en evidencia al cruzar las percepciones por aprobación del gobierno: casi 21% de quienes avalaban la gestión de Milei a fines de enero anticipan que no podrían pagar los servicios luego de la quita de subsidios, por haber llegado al límite de su capacidad de ajuste (gráfico abajo).  

En síntesis, el gobierno nacional se mantiene anclado en una comunicación de campaña “anticasta”, pero este clivaje (que fue exitoso en el turno electoral 2023) ha perdido efectividad, dado que los efectos de su gestión han generado una percepción muy mayoritaria de que el ajuste de Milei viene recayendo sobre las mayorías asalariadas y no sobre una minoría privilegiada. Consistente con esta conclusión, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) proyecta que la pobreza habría crecido 7,9 puntos porcentuales en el primer mes pleno de la gestión de LLA, pasando del 49,5% a fines de diciembre a 54,7% en enero (gráfico abajo), cuando el ajuste y la devaluación impactaron de lleno en el tejido comunitario: según el informe, el mayor incremento de la pobreza se produjo en los hogares de clases trabajadoras o medias no beneficiarias de planes sociales.

La coyuntura a dos meses del inicio de la gestión de Milei: análisis en Crónica Central, por Canal 10 (video)

 

Cómo impacta el ajuste en la economía doméstica, según las últimas encuestas (nota publicada en CBA24N)

Con dos meses cumplidos de gestión, se impone un repaso de cómo impactó el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei en la economía doméstica nacional. Según consultora Delfos, en enero 2 de cada 3 argentinos adultos consideraron muy o algo probable tener problemas para afrontar los gastos y compromisos económicos, vs 23% que lo veía poco o nada probable (gráfico arriba). Así, los votantes complicados superaron en una proporción 3 a 1 a quienes no preveían problemas.  

A su turno, Giacobbe reportó que 68,5% de los electores reconoció privarse de consumos que eran habituales hasta el verano pasado, vs casi 31% que sostuvo lo contrario (gráfico arriba). Peor todavía, la encuesta de Reale-Dalla Torre (RDT) arrojó que apenas 3% no hizo ningún recorte en el consumo de artículos o servicios (gráfico abajo).  

Según RDT, el mayor impacto del ajuste se produjo en el consumo de alimentos: 40,10% compró menos en ese rubro. El dato blando de la encuesta resulta consistente con el dato duro del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que detectó una caída de 28,5% en ventas en general y de 37,1% en alimentos y bebidas, aunque ubicó al rubro farmacia al tope de las bajas, con casi 46% (gráfico abajo).  

Profundizando el análisis, el informe de RDT permite identificar matices por nivel socioeconómico (NSE): mientras que en los sectores bajo y medio el mayor ajuste se dio en alimentos, en el NSE alto ese recorte compite en paridad con el ajuste en compras de primeras marcas, lo que marca su menor vulnerabilidad relativa respecto a los otros dos NSE (gráfico abajo).  

Así, tres encuestas nacionales permiten afirmar que los recortes vienen afectando a una proporción de los electores que ronda el 80% a nivel nacional. Se trata de una abrumadora mayoría, superior a la que votó a Milei en el ballotage: 55,6%. ¿Qué sucede en Córdoba, distrito donde el 74% se inclinó por el libertario en la segunda vuelta presidencial? La última encuesta provincial realizada por Delfos arrojó que casi 60% de los cordobeses consideró muy o algo probable tener problemas para afrontar gastos y compromisos económicos, vs 39% que lo veía poco o nada probable (gráfico abajo). Respecto al dato nacional la situación es menos complicada, pero sigue siendo mayoritaria la opinión que se corresponde con una situación doméstica ajustada.  

Por otro lado, según la última encuesta provincial realizada por Pulso Social, quienes hicieron recortes suman 91% (gráfico abajo), lo que se acerca mucho al pico del 97% que reportó RDT a nivel nacional. Apenas 8% no tuvo que hacer ajustes en sus hábitos de compra y consumo.  

En síntesis: 1) más allá de matices en las cifras, las mediciones nacionales y las realizadas en Córdoba coinciden en que el ajuste alcanza a una proporción de votantes mayor a la que acompañó a Milei en el ballotage 2) así, la política económica del gobierno nacional erosiona a gran parte del caudal que votó al presidente 3) por eso, el discurso de que la “casta” está resistiendo sus medidas (que La Libertad Avanza activó luego del traspié del proyecto “Bases” en la Cámara de Diputados) pierde efectividad en la opinión pública, clave que profundizaremos en la próxima nota en este espacio. 

Proyecto “Bases” complicado y mega DNU judicializado: ¿qué escenarios se abren, según las últimas encuestas? (nota publicada en CBA24N)

Ayer 6 de febrero, la Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría del proyecto de ley “Bases” y levantó la sesión por la falta de acuerdos para aprobar artículos claves de la iniciativa promovida por el presidente Javier Milei, como las privatizaciones de empresas públicas y el endeudamiento, entre otros temas. Durante la sesión ya se habían rechazado varios artículos, con lo cual el gobierno nacional se arriesgaba a una dura derrota en la votación en particular. Esto implica un segundo revés, luego de haber desguazado el proyecto eliminando varios artículos para lograr la aprobación en general. Con esto, la ex “ley ómnibus” quedó empantanada en un contexto adverso: según la última encuesta nacional de Zuban Córdoba & Asociados, 46,75% de los electores cree que el Congreso debe rechazar la iniciativa, mientras que 34,3% se inclina por la aprobación (gráfico arriba). El rechazo se ubica en el mismo orden de magnitud del voto a Sergio Massa en segunda vuelta (44,4%), mientras que la aprobación es consistente con el voto a Milei en primarias y en primera vuelta: 30%. Este es el primer dato fuerte: la mayoría de 55,6% que votó a La Libertad Avanza (LLA) en noviembre no se replica en apoyo a este proyecto, pues 17,5% toma distancia y prefiere que se limite al presidente.  

En este marco, se abren tres escenarios principales: 1) que Milei tome nota de su debilidad legislativa resultante de la elección de octubre que definió la composición parlamentaria (que tiene tanta legitimidad de origen como la que lo consagró presidente en noviembre) y negocie con el Congreso, haciéndose eco de la demanda mayoritaria. Según la última encuesta de la Universidad de San Andrés (Udesa), 60% de los electores cree que el presidente debe consensuar su agenda con el Congreso, vs apenas 17% que opina que debería imponerla; el resto no sabe o no responde (gráfico arriba). Esta sería la salida “virtuosa”, apegada a la institucionalidad.   

En el otro extremo está el escenario “decisionista”: 2) Milei redobla la apuesta y se dispone a gobernar por decreto. Según Zuban Córdoba, 59,4% de los electores considera incorrecta esa vía y sólo 37,3% la avalaría (gráfico arriba). Las proporciones respecto al resultado del ballotage se invierten en sentido contrario al oficialismo; menos del 40% acompañaría esa aventura en el filo del autoritarismo.   

Un escenario intermedio sería el que el presidente planteó alguna vez: 3) convocar a un plebiscito (que no tendría carácter vinculante, ya que para tenerlo debería convocarlo el Congreso por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara). Es un escenario incierto; según Udesa,  41% está en desacuerdo con el proyecto de ley (de nuevo, proporción que está en el orden de magnitud del caudal que votó a Unión por la Patria en ballotage), vs un apoyo de 38% (gráfico arriba). El resultado es un empate técnico, que pone de manifiesto, otra vez, que Milei no cuenta en esta materia con la mayoría que lo acompañó en el ballotage.  

Con matices, el proceso de la iniciativa quedó empantanado en una situación similar al mega decreto de necesidad y urgencia (DNU), que el Congreso aún no trató pero fue judicializado en varias materias. Ahí, el gobierno tampoco la tiene fácil: según Udesa, 51% está en desacuerdo con el DNU, vs 42% que acuerda (gráfico arriba). La brecha de 11 puntos con la cual Milei se impuso a Massa se invierte en su contra en esta variable.   

Cuando Zuban Córdoba midió este tema, la brecha en contra se amplió a 13,2 puntos porcentuales: 54,6% vs 41,4% a favor (gráfico arriba). En tanto, según la encuesta que oportunamente realizó CB Consultora, un plebiscito al respecto proyecta un empate técnico: 38,7% en contra vs 38,4% a favor (gráfico arriba).  

La única medición con una tendencia favorable al DNU en un plebiscito fue Opinaia: 38% a 32%, brecha de 6 puntos porcentuales pero con 16% de indecisos (gráfico abajo), lo que deja la dispuesta abierta. Es decir, en el mejor de los casos Milei ganaría por poco, y en el peor se arriesgaría a una derrota que podría detonar una crisis de gobernabilidad.  

El problema de origen es que el gobierno tomó el resultado de noviembre (55,6% de los votos) como un consenso permanente, desconociendo la legitimidad de la primera vuelta de octubre (donde obtuvo 30%) que definió la actual composición del Congreso Nacional. En ese camino, emprendió un rumbo de ajuste que le está haciendo perder capital político: la misma medición de Opinaia que arroja una escasa ventaja de 6 puntos porcentuales para el mega DNU en un eventual plebiscito muestra que 43% volvería a votar a Milei, 3% no y 10% no sabe (gráfico abajo). Considerando que 44,3% votó a UP en segunda vuelta, el presidente tiene que tomar nota de que hoy no le sobra nada, negociar y abandonar el impulso decisionista que podría llevarlo a una crisis de gobernabilidad.   

Llegó el Día D: Dossier 360 5-2-2024. Las tendencias de los últimos 30 días, en 10 datos clave (informe para suscriptores)

 

Inflación y economía según las últimas encuestas nacionales (nota publicada en CBA24N)

  

Según el Indec, la inflación de diciembre (mes que marcó el cambio de gobierno nacional) trepó a 25,5%, lo que casi duplica el peor registro de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía del mes inmediato anterior: 12,8% (gráfico arriba). Si bien parte de ese dato incorpora una inercia inflacionaria previa que no se puede atribuir al impacto de las medidas tomadas por Javier Milei desde el 10 de diciembre, el problema es que esa inercia no sólo no se cortó, sino que se aceleró: según la última encuesta del Centro de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (CIF-UTDT), la expectativa inflacionaria para los próximos 12 meses llegó a un promedio de 230%, nivel récord desde que se mide ese indicador (gráfico abajo).  

En diciembre pasado, la inflación esperada para los próximos 12 meses era de 225,9%, lo que implica una suba intermensual de 4,1 puntos porcentuales. Desde el CIF-UTDT, Sebastián Auguste apuntó: “En entornos de alta inflación a la gente le resulta difícil contestar la tasa de inflación esperada para los próximos 12 meses, por eso desde mayo de 2023 incorporamos la expectativa de inflación para los próximos 30 días. Esta medición se ubicó en 26,03%”. Recientemente, Milei evaluó que si en enero se repite la inflación de diciembre habría que celebrar.   

Sin embargo, todas las encuestas contradicen esa afirmación, y Milei debería tomar nota para sostener la gobernabilidad. En diciembre pasado, la primera consultora medir el efecto erosivo de la inflación en el gobierno nacional fue Zuban Córdoba & Asociados: 48,4% responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por los aumentos de precios registrados ese mes, pero casi 32% los adjudicó a Milei y casi 19% repartió responsabilidades (gráfico arriba).  

En enero, la consultora Analogías volvió sobre el tema: 44,4% responsabilizó al gobierno anterior por la escalada de precios, mientras que 29,5% la atribuyó a la gestión Milei; 14,1% asignó responsabilidades compartidas (gráfico arriba). Con apenas matices, según la última encuesta de Fixer 31% de los electores responsabiliza al gobierno de Milei, 49% a la herencia recibida de la gestión de Alberto Fernández y 19% a ambas gestiones (gráfico abajo).  

Como se observa, se consolida un promedio de casi 31% que asocia la inflación al gobierno actual, un registro muy alto dado que aún no cumple dos meses en funciones. Para peor, eso va permeando en la percepción general del desempeño económico: según CB Consultora, 49,7% cree que el gobierno anterior es responsable de la actual situación, pero 30,1% la asocia a la gestión Milei y casi 13% reparte responsabilidades entre ambos gobiernos (gráfico abajo).   

Con matices, la reciente medición de Espiral Consultores arroja que 31,1% cree que la mayor responsabilidad de los problemas económicos es de las gestiones peronistas, pero casi 29% lo atribuye a lo realizado por el gobierno de Milei en su primer mes; la diferencia de 2,15 puntos porcentuales entre esas percepciones no resulta estadísticamente e implica un serio desgaste para una gestión en tan poco tiempo. Por otro lado, 18,59% adjudica responsabilidad al gobierno de Mauricio Macri (aliado del presidente), casi 12% la divide entre Macri y Fernández, y 8,22% atribuye los problemas al gobierno del Frente de Todos (gráfico abajo).  

El panorama es todavía peor en la encuesta realizada por Zuban Córdoba a fines de enero: 39,1% atribuye la mala situación económica al actual gobierno, vs casi 46% que la asocia a la gestión anterior y casi 15% que reparte responsabilidades (gráfico abajo).   

En este caso, la creencia de que Milei es responsable por la actual crisis ronda casi 33% en promedio y se ubica en el orden de magnitud del voto a Unión por la Patria (UP) en la primera vuelta presidencial (36,78%). En síntesis, el presidente necesita bajar la inflación para que la atribución de responsabilidades por la coyuntura económica no crezca y complique la frágil gobernabilidad que se ha puesto en evidencia en casi 55 días de gestión. Según la reciente encuesta de la consultora Escenarios (gráfico abajo), la primera minoría la constituye un 42% de electores que cree que es factible solucionar el problema inflacionario a largo plazo (más de un año), casi 15% es optimista corto o mediano plazo (6 meses) y 37,56% es pesimista, guarismo que se ubica en el mismo orden de magnitud del caudal que obtuvo UP en octubre pasado y que confirma la solidez del núcleo opositor a Milei.