En la nota de la semana pasada concluíamos que todas las mediciones coincidían en que el ajuste que viene realizando el gobierno nacional alcanza a una proporción de votantes mayor a la que acompañó a Milei en el ballotage, lo que erosiona su base electoral y quita efectividad a su discurso “anticasta”. En esta nota, profundizaremos en esa clave de análisis. Según la última encuesta de la consultora Reale-Dalla Torre (RDT), la más perjudicada por el ajuste económico es la gente que compone la clase baja, la media y los jubilados en una proporción de 72%, muy por encima de las “castas” sobre las que el presidente machacó en campaña electoral, que acumulan 18,3% (gráfico arriba).
En tanto, la última encuesta de Circuitos reporta que la percepción de que los trabajadores son los más afectados por las medidas alcanza 50,3% de las respuestas; muy lejos queda la “casta política”, con casi 25% de las menciones, mientras que empresarios y comerciantes de distinta escala acumulan 15,6% (gráfico arriba).
En la misma línea, la última encuesta de Analogías arrojó que 52,1% de los electores cree que el ajuste del gobierno recae principalmente sobre trabajadores y jubilados, vs apenas 33% que cree que se ajusta a la casta política (gráfico arriba). Con matices en las cifras, la serie evolutiva de Zuban Córdoba & Asociados arroja que 80% de los electores cree que el ajuste lo paga la gente en enero y febrero, el primer bimestre pleno de la gestión Milei (gráfico abajo).
En contraste, apenas 33% considera el ajuste lo paga “la casta” (gráfico abajo). Ese guarismo se ubica en el orden de magnitud del voto a Milei en las primarias y la primera vuelta de octubre (30%), o sea que ese discurso sólo convence al núcleo duro de La Libertad Avanza (LLA).
Más allá de matices en las cifras, es abrumadoramente mayoritaria la percepción de que el costo social del ajuste recae sobre las mayorías y no sobre las minorías asociadas al concepto de “casta” a las que LLA aludió en campaña y que reactiva cuando enfrenta resistencias, como sucedió con el paro nacional a fines de enero y el revés sufrido por el proyecto de ley “Bases” a principios de febrero. Luego de ese traspié, el oficialismo aceleró el ajuste sobre los gobiernos provinciales, a los que asoció a “la casta”. Es otra medida a contramano de la opinión pública: según la encuesta realizada por Zuban Córdoba a fines de enero, 58,1% estaba en desacuerdo con esa línea de acción, vs 40,7% que acordaba (gráfico abajo). Así, las proporciones se invierten de manera adversa a Milei respecto al resultado del ballotage de noviembre pasado.
Otra acción definida por el gobierno nacional fue la eliminación de subsidios al transporte, que impactó fuertemente en el interior del país. Nuevamente, el gobierno se arriesga a profundizar su pérdida de capital político. Según la encuesta realizada a fines de enero por la consultora Reale-Dalla Torre (RDT), casi 48% creía que una quita de subsidios a los servicios públicos los afectaría aunque podría pagarlas, mientras que 45,5% decía que no podría afrontarlas por haber llegado al límite de su ajuste (gráfico abajo).
Profundizando en el impacto de la medida, el informe de RDT arrojó que en el nivel socioeconómico (NSE) bajo una mayoría de 57% preveía que no podría pagar servicios luego de la quita de subsidios, proporción que alcanzaba el 42% en el nivel medio y 23,2% en el alto (gráfico abajo). Claramente, el impacto de la medida es mayor conforme baja el NSE.
El potencial erosivo de la quita de subsidios en el capital político del gobierno también se pone en evidencia al cruzar las percepciones por aprobación del gobierno: casi 21% de quienes avalaban la gestión de Milei a fines de enero anticipan que no podrían pagar los servicios luego de la quita de subsidios, por haber llegado al límite de su capacidad de ajuste (gráfico abajo).
En síntesis, el gobierno nacional se mantiene anclado en una comunicación de campaña “anticasta”, pero este clivaje (que fue exitoso en el turno electoral 2023) ha perdido efectividad, dado que los efectos de su gestión han generado una percepción muy mayoritaria de que el ajuste de Milei viene recayendo sobre las mayorías asalariadas y no sobre una minoría privilegiada. Consistente con esta conclusión, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) proyecta que la pobreza habría crecido 7,9 puntos porcentuales en el primer mes pleno de la gestión de LLA, pasando del 49,5% a fines de diciembre a 54,7% en enero (gráfico abajo), cuando el ajuste y la devaluación impactaron de lleno en el tejido comunitario: según el informe, el mayor incremento de la pobreza se produjo en los hogares de clases trabajadoras o medias no beneficiarias de planes sociales.
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