Ayer 6 de febrero, la Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría del proyecto de ley “Bases” y levantó la sesión por la falta de acuerdos para aprobar artículos claves de la iniciativa promovida por el presidente Javier Milei, como las privatizaciones de empresas públicas y el endeudamiento, entre otros temas. Durante la sesión ya se habían rechazado varios artículos, con lo cual el gobierno nacional se arriesgaba a una dura derrota en la votación en particular. Esto implica un segundo revés, luego de haber desguazado el proyecto eliminando varios artículos para lograr la aprobación en general. Con esto, la ex “ley ómnibus” quedó empantanada en un contexto adverso: según la última encuesta nacional de Zuban Córdoba & Asociados, 46,75% de los electores cree que el Congreso debe rechazar la iniciativa, mientras que 34,3% se inclina por la aprobación (gráfico arriba). El rechazo se ubica en el mismo orden de magnitud del voto a Sergio Massa en segunda vuelta (44,4%), mientras que la aprobación es consistente con el voto a Milei en primarias y en primera vuelta: 30%. Este es el primer dato fuerte: la mayoría de 55,6% que votó a La Libertad Avanza (LLA) en noviembre no se replica en apoyo a este proyecto, pues 17,5% toma distancia y prefiere que se limite al presidente.
En este marco, se abren tres escenarios principales: 1) que Milei tome nota de su debilidad legislativa resultante de la elección de octubre que definió la composición parlamentaria (que tiene tanta legitimidad de origen como la que lo consagró presidente en noviembre) y negocie con el Congreso, haciéndose eco de la demanda mayoritaria. Según la última encuesta de la Universidad de San Andrés (Udesa), 60% de los electores cree que el presidente debe consensuar su agenda con el Congreso, vs apenas 17% que opina que debería imponerla; el resto no sabe o no responde (gráfico arriba). Esta sería la salida “virtuosa”, apegada a la institucionalidad.
En el otro extremo está el escenario “decisionista”: 2) Milei redobla la apuesta y se dispone a gobernar por decreto. Según Zuban Córdoba, 59,4% de los electores considera incorrecta esa vía y sólo 37,3% la avalaría (gráfico arriba). Las proporciones respecto al resultado del ballotage se invierten en sentido contrario al oficialismo; menos del 40% acompañaría esa aventura en el filo del autoritarismo.
Un escenario intermedio sería el que el presidente planteó alguna vez: 3) convocar a un plebiscito (que no tendría carácter vinculante, ya que para tenerlo debería convocarlo el Congreso por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara). Es un escenario incierto; según Udesa, 41% está en desacuerdo con el proyecto de ley (de nuevo, proporción que está en el orden de magnitud del caudal que votó a Unión por la Patria en ballotage), vs un apoyo de 38% (gráfico arriba). El resultado es un empate técnico, que pone de manifiesto, otra vez, que Milei no cuenta en esta materia con la mayoría que lo acompañó en el ballotage.
Con matices, el proceso de la iniciativa quedó empantanado en una situación similar al mega decreto de necesidad y urgencia (DNU), que el Congreso aún no trató pero fue judicializado en varias materias. Ahí, el gobierno tampoco la tiene fácil: según Udesa, 51% está en desacuerdo con el DNU, vs 42% que acuerda (gráfico arriba). La brecha de 11 puntos con la cual Milei se impuso a Massa se invierte en su contra en esta variable.
Cuando Zuban Córdoba midió este tema, la brecha en contra se amplió a 13,2 puntos porcentuales: 54,6% vs 41,4% a favor (gráfico arriba). En tanto, según la encuesta que oportunamente realizó CB Consultora, un plebiscito al respecto proyecta un empate técnico: 38,7% en contra vs 38,4% a favor (gráfico arriba).
La única medición con una tendencia favorable al DNU en un plebiscito fue Opinaia: 38% a 32%, brecha de 6 puntos porcentuales pero con 16% de indecisos (gráfico abajo), lo que deja la dispuesta abierta. Es decir, en el mejor de los casos Milei ganaría por poco, y en el peor se arriesgaría a una derrota que podría detonar una crisis de gobernabilidad.
El problema de origen es que el gobierno tomó el resultado de noviembre (55,6% de los votos) como un consenso permanente, desconociendo la legitimidad de la primera vuelta de octubre (donde obtuvo 30%) que definió la actual composición del Congreso Nacional. En ese camino, emprendió un rumbo de ajuste que le está haciendo perder capital político: la misma medición de Opinaia que arroja una escasa ventaja de 6 puntos porcentuales para el mega DNU en un eventual plebiscito muestra que 43% volvería a votar a Milei, 3% no y 10% no sabe (gráfico abajo). Considerando que 44,3% votó a UP en segunda vuelta, el presidente tiene que tomar nota de que hoy no le sobra nada, negociar y abandonar el impulso decisionista que podría llevarlo a una crisis de gobernabilidad.
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