Intervencionismo y seguridad jurídica (2)

En el post anterior de este tema me pareció oportuno abrir el debate desde una perspectiva internacional, porque sirve para salir del "microclima" que muchas veces obstaculiza una mirada más amplia. En esta entrada también partiré de una mirada foránea: hace poco tiempo, Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial de Chile (revelación de las pasadas elecciones pasadas), consultado respecto al insistente pedido de seguridad jurídica por parte del empresariado argentino, afirmó que percibió “mucha autoflagelación en los empresarios argentinos” asistentes al Precoloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA): "Argentina forma parte del G-20, es un país estratégicamente importante, sobrevivieron 42 crisis en los últimos cien años. Pero cuando uno escucha a los argentinos parece que todo fuera un desastre, cuando no les ha ido tan mal... ".

Repasemos ahora algunos elementos para enmarcar la discusión sobre la seguridad jurídica y el papel del intervencionismo estatal.

1) lo más dañino que ha hecho el actual gobierno nacional no sólo respecto a la seguridad jurídica sino a algo más amplio, la confianza, es la distorsión inducida en el índice de precios del INDEC, un indicador que no sólo sirve mide la evolución del costo de la vida y la inflación sino que también se emplea para calcular la actividad económica, medir la situación de la población más necesitada, la distribución del ingreso y cuánto dinero tiene que pagar el país a sus acreedores (debido a la indexación de bonos de la deuda mediante índices de inflación o crecimiento del PBI). La desconfianza creada en ese indicador desencadena un efecto negativo sobre todos los demás, algo que tiene que ser corregido cuanto antes.

2) si uno enfoca los indicadores financieros y concretamente el desempeño de la Bolsa en los últimos meses, los mismos operadores y economistas admiten que el crecimiento y los buenos indicadores del país crean un clima propicio para las colocaciones en activos, reforzado luego del exitoso segundo canje de deuda. Si pasamos de las finanzas a la economía real, es perceptible un gobierno con un sesgo económico pro-activo y pro-industrialista: sólo en lo que va del 2010 la industria ha crecido más de un 9 por ciento, en el marco de un incremento de la actividad económica general que también oscila alrededor de ese número. Aun para aquellos que desconfían de los datos del Indec, si se toman datos privados (como los de Orlando Ferreres y asociados), la variación de la actividad oscila alrededor del 8%.

3) la relación entre los K y los empresarios cercanos a IDEA nunca fue buena (en 2003 Néstor fue el único candidato a presidente que no asistió a los desayunos de esa entidad, por donde sí pasaron candidatos más amigables con el mundo de los negocios como Carlos Menem, Ricardo López Murphy y Elisa Carrió). IDEA congregó durante los 90al empresariado que comulgaba con el libre mercado y del dólar uno a uno. En esa línea, el economista Aldo Ferrer considera que "en Argentina tenemos mucha más seguridad jurídica que en la década del 90, porque hay poderes independientes que impiden que el Ejecutivo haga lo que se le ocurra". El argumento de Ferrer es que conflictos como la resolución 125 (retenciones móviles), las AFJP o el casamiento civil se han procesado siempre conforme a las reglas de la Constitución y esa es la primera condición para que haya seguridad jurídica, mientras que "en la década del 90 había una Corte de Justicia que había sido reformada para avalar las decisiones del Ejecutivo".

4) sí es evidente en estos meses el deterioro de la relación entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Gobierno, dato clave pues los K siempre basaron su discurso económico en la industrialización. Esta semana, la presidenta Cristina Fernández dio señales de acercamiento con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cuyo presidente, Osvaldo Cornide, reconoció que la entidad que preside "tiene buena llegada" con el Gobierno, lo que atribuyó a que sus representados fueron "beneficiados por la política de reindustrialización".

5) es un gobierno con vaivenes criticables (uno de los ejemplos más claros es que Néstor dio luz verde a la fusión de dos empresas de cable mientras que Cristina ordenó marcha atrás). Sin embargo, mantiene una línea reconocible en política económica, algo que no puede decirse la mayoría de los referentes de la variopinta oposición, que al mismo tiempo que impulsa la rebaja de retenciones y trata de recortar fondos al Estado alienta la suba del gasto previsional (dato clave, que a muchos empresarios poco afectos a los K no les pasó inadvertido en estas semanas).

6) desde este punto de vista, si bien al gobierno le corresponde la mayor responsabilidad en generar condiciones propicias para la inversión, la oposición también tiene una cuenta pendiente: hace pocas semanas, empresarios concurrentes a un encuentro de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) se mostraron preocupados por algunos proyectos de ley de la oposición vinculados con medidas económicas. Respecto al 82% móvil, un exportador industrial planteó que "este tipo de iniciativas que no se sabe con qué se financiarán son las que explican las dudas que tenemos los empresarios al momento de efectuar inversiones a largo plazo". En la misma línea puede entenderse la declaración de Cristiano Rattazzi (del grupo Fiat) descartando que exista inseguridad jurídica aunque insistiendo en afirmar que "el país es imprevisible" (con lo que relativizó sus declaraciones de la semana pasada en el Consejo de las Américas).

7) puede que al gobierno K le asista algo de razón cuando critica que muchos empresarios entienden por seguridad jurídica "que el Estado se dedique exclusivamente a garantizarles privilegios" como planteó recientemente la presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, aprovechando además para fustigar el modelo de los '90: “¿qué seguridad jurídica garantizaba la convertibilidad, que parecen extrañar estos empresarios, que condujo a la Argentina a una de sus peores crisis e incluyó la ruptura de todos los contratos?”. Pero si el gobierno reivindica como un mérito que el actual es un modelo sustentable en el tiempo, no puede prolongar indefinidamente la maraña de subsidios ni políticas sectoriales inconsistentes, como la ganadera y la energética.