El trasfondo ideológico de la coyuntura (3)

Días después de la columna de Manuel Solanet, el gobierno nacional ha tomado la decisión de extender la presencia estatal en los directorios de las compañías privadas: el titular de la Anses, Diego Bossio, justificó la medida oficial en "un acto de justicia", en el sentido de que ahora el Estado tendrá en los directorios la representación que se corresponde con su tenencia accionaria, en lugar de estar subrepresentado, como si tuviese apenas 5%, cuando en algunos casos mantiene una porción superior al 30 por ciento. El funcionario intentó así brindar un mensaje tranquilizador hacia el sector empresarial, señalando que la voluntad estatal no es la de aumentar su injerencia y apuntó a que el objetivo de la medida es garantizarle a los futuros jubilados que sus tenencias continuarán valorizándose. La ministra de Industria, Débora Giorgi, por su parte, remarcó que "las políticas de una empresa respecto al uso de su capacidad instalada, inversiones, endeudamiento, compra-venta de activos y distribución de dividendos, entre otras cuestiones, deben ser evaluadas y validadas por todos y cada uno de sus accionistas, y el Estado Nacional no puede ni debe ser la excepción".

En el arco empresarial, las reacciones fueron variadas: la UIA cuestionó la medida, interpretándola como el "inicio de una avanzada sobre la actividad empresarial, en el marco de una mayor presión sindical". Jaime Campos, titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) dijo que la medida “no contribuye a favorecer un ambiente más propicio para las inversiones. Afecta la previsibilidad”. En cambio, otros sectores se manejaron con más pragmatismo: por caso, las empresas de servicios públicos, que vienen manteniendo una buena convivencia con el Gobierno (de hecho, la mayoría está manejada por empresarios de armónica sintonía con la Casa Rosada); en el caso de los bancos, los analistas tampoco se esperan mayores inconvenientes, porque tanto a ellos como al Gobierno les conviene que continúe el boom de créditos.

En cuanto a la mirada de los especialistas, el encuestador Jorge Giacobbe planteó que "es claro que hay un sector del electorado al que estas medidas lo espantan, pero creo que cuantitativamente es pequeño", algo que está en línea con la tendencia mayoritaria pro-estatista que venimos comentando. "En definitiva, sigue la lógica de la política oficial, porque éste es un Gobierno áspero: sabe que puede ser una medida que moleste en el mercado, pero no tiene mucho problema en molestar. Más cuando sabe que a las empresas les está yendo bien, y tampoco van a hacer críticas demasiado ruidosas", agregó el analista. En una línea similar, Sergio Berensztein, de Poliarquía, evaluó que el efecto en la opinión pública terminará siendo neutro, si se lo mide en el contexto de la campaña electoral.

Por su parte, el ex ministro de Economía, Martín Lousteau se mostró a favor de la decisión de incrementar la participación de representantes del Estado en las empresas en las que la ANSES es accionista en su disertación durante el lanzamiento de IDEA Joven 2011: "Estamos discutiendo cosas que son casi de sentido común (...) Me puede gustar la asignación universal por hijo y me parece dramático tener 25% de inflación. No tengo ningún conflicto con que me guste una cosa que hizo el Gobierno y diga que otra es pésima. Y es lo que pasó ayer con el Decreto de participación de representantes del sector público en las empresas, que resiste el derecho, porque originalmente esas acciones, o lo que haga la empresa, van a ser para pagar a los jubilados (...) Si lo hace Dilma o lo hace Mujica diríamos que está bien. Ahora si me dicen quiero meter ahí a gente de la Cámpora, y ahí digo: No. Si realmente el objetivo es cuidar cómo se están haciendo las cosas, entonces metamos gente capaz (...) O también, si me dicen que pasa que la CGT quiere poder, yo digo qué carajo tiene que ver la CGT con la participación del Estado como accionista de algo que tiene que ver con un pasivo que es el pago a los jubilados. No tiene nada que ver la CGT", y ejemplificó que "cuando EEUU sale a rescatar bancos, si me pongo en el lugar del contribuyente de ese país, quiero directores del Estado sentados en esos bancos".

Cierro (por ahora) las entradas sobre el tema ideología y coyuntura con otros hallazgos notables del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, en sus iniciales en inglés) llevado adelante por la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de Vanderbilt, en el marco de la encuesta de opinión pública denominada Barómetro de las Américas: según el informe, nuestro país se ubica como el más contencioso de la región y uno donde los ciudadanos más intensamente aprueban el corte de rutas y la invasión de la propiedad privada como modalidad de protesta.

El estudio destaca que la participación de los argentinos en manifestaciones públicas y protestas alcanza el 15,4% de los entrevistados, la cifra más alta del hemisferio. Esa proporción es mayor a la de los que acudieron a alguna de las instancias estatales de resolución de conflictos (como elevar pedidos a legisladores, intendentes, concejales y funcionarios, o participar de reuniones convocadas por el gobierno local). La participación en protestas y manifestaciones, que en su mayor parte es voluntaria, parece ser eficiente a la hora de obtener respuesta a los reclamos y se dirige fundamentalmente a cuestiones económicas, interpelan tanto al gobierno nacional como a los diferentes gobiernos provinciales, y gozan de una considerable legitimidad ciudadana.

Esto sugeriría que existe un el país un núcleo de activismo intenso, más allá de la orientación ideológica de fondo (por ejemplo, en el país hubo cortes de rutas motorizados tanto por piquetes en protestas de carácter reivindicativo en diversos momentos, como por las patronales del campo, en el conflicto por la resolución 125 de retenciones móviles a lo largo de todo un trimestre en el 2008).

Asimismo, la tolerancia de los argentinos frente a la protesta callejera y la invasión de la propiedad privada es una de las más altas de la región, según ese estudio: en una escala de 0 a 100, nuestro país se ubica en la cuarta posición, con 35 y 20,7 puntos respectivamente. Estos valores sólo son superados por Honduras, Belice y Colombia. En un análisis regional, los habitantes del Noroeste y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) declaran, en promedio, niveles de aprobación de estas formas de protesta superiores a la media nacional, mientras que los residentes del resto de las regiones expresan niveles inferiores.