Desarrollo y reducción de la pobreza (2)

En la entrada anterior citamos estadísticas de la ONU sobre la región y el país; en esta oportunidad, revisaremos cifras de la UNESCO, que ha dado a conocer un informe realizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe en el que pondera al sistema educativo argentino y uruguayo pues restringen las posibilidades de mercantilización, y en cambio critica al chileno, al cual describe como orientado a la privatización. Según el informe preparado por el ex relator de la ONU sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz, el sistema chileno tiende a causar segmentación, exclusión y discriminación.

El estudio analiza la disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del sistema educativo chileno en comparación con las legislaciones educativas de Argentina, Uruguay y Finlandia, y concluye que uno de los mayores desafíos para el país trasandino es su debilidad para hacer frente a la desigualdad, en tanto que su sistema de becas y subvenciones favorece la iniciativa privada en detrimento del concepto de educación entendida como bien público. El documento destaca que "lo contrario ocurre en las legislaciones de la Argentina y Uruguay, que resultan muy explícitas a la hora de restringir cualquier posibilidad de mercantilización de la educación (...) en Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del Estado que debiera ser el garante de este derecho".

Asimismo, apunta que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado por Chile lo obliga a tomar medidas inmediatas para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria, materia en la que Argentina sin duda aventaja a nuestro vecino (sin perjuicio de la discusión por la calidad educativa, que es otro cantar).

Hace un tiempo, el periodista Raúl Legnani escribió que "se muestra como ejemplo de la inversión chilena en educación que es de un 6 por ciento (del PBI), sin aclarar que más de la mitad es privada y que parte de la pública se ofrece en forma de créditos que encadenan a las familias por décadas para que sus hijos estudien. Precisamente uno de los elementos de la actual crisis es la imposibilidad de sostener esos créditos". Legnani apunta que los criterios educativos instalados desde el pinochetismo fueron enriquecidos por el neoliberalismo pedagógico y rigieron incluso bajo las gestiones de gobierno de la Concertación, lo que generó un movimiento de estudiantes secundarios ya durante el anterior mandato de la socialista Michele Bachelet y que en la gestión de Sebastián Piñera se profundizó e hizo eclosión.

Por caso, cursar una carrera barata en Chile insume no menos de 5 mil dólares al año, incluso en las universidades del Estado (que cuentan con un aporte público de apenas el 15% de su presupuesto, por lo que en rigor dependen del cobro de matrícula). Ante ello, el crédito es la alternativa, pero eso puede llevar a los jóvenes y sus familias a endeudarse en cifras entre 40 y 50 mil dólares durante años. Con todo, hay que decir que su sistema educativo es emergente de un modelo económico marcado por la impronta neoliberal, que privilegió la apertura y desregulación de la economía (políticas muy aplaudidas por algunos sectores, ciertamente) pero que limitó el despegue industrial del país, al punto que la dependencia del cobre (ese metal aún representa alrededor de la mitad de sus exportaciones) sigue siendo característico de su economía.

El protagonismo de la educación en el desarrollo es una cuestión clave en el contexto actual y no sólo en Chile. En los últimos meses, la crisis europea ofrece postales impensadas años atrás: Italia realizando reformas que prevén drásticos recortes de las partidas presupuestarias para la docencia, haciendo caso omiso de las protestas y movilizaciones de estudiantes y profesores, Gran Bretaña avanzando en una línea similar y pese a análoga resistencia por parte de su comunidad educativa. También, de manera significativa, mientras Europa recorta y ajusta internamente, también reorienta su asistencia fronteras afuera: según anunció hoy la Comisión Europea (CE, que detalló cómo distribuirá su presupuesto para la ayuda exterior entre 2014 y 2020) la Argentina junto a otros 10 países de América latina quedarán fuera de la asistencia bilateral al desarrollo, al haber alcanzado un nivel de renta media-alta. La intención declara es destinar el dinero de fomento a países más necesitados.

La lista de los países latinoamericanos que dejarán de percibir ayuda bilateral la completan Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. “Nuestro presupuesto es limitado y nos tenemos que centrar en los países que más lo necesitan, de manera que la ayuda tenga el máximo impacto posible”, declaró el comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, en una conferencia de prensa. No obstante, garantizó que la UE seguirá promoviendo el desarrollo en esos países a través de programas temáticos o regionales, y que impulsará además con ellos nuevas asociaciones no basadas en la ayuda bilateral.