El concepto de la "comunidad del cuidado", que tomamos de la politóloga Esperanza Casullo, se apoya en una relación afectiva que supone un colectivo que asume su responsabilidad en el marco del combate al Covid-19. Vale decir, la gestión sanitaria como tal sigue estando en manos del Estado en sus distintos niveles, pero también se apela a la participación de la comunidad ciudadana como parte del esfuerzo colectivo frente al coronavirus. Una serie de encuestas realizadas por la consultora Delfos en la provincia de Córdoba permiten perfilar algunas tendencias al respecto y plantear un concepto conectado al de la "comunidad del cuidado", que consiste en una suerte de "conciencia de pandemia", donde la mayoría no discute que la salud es lo más importante, que los vínculos y actividades han cambiado y que la reanudación de diversas tareas debe ajustarse a un protocolo y a modalidades de actividad que no pueden ser las mismas que antes de la pandemia. Como se sabe, hasta el momento sólo el mes de abril fue de "cuarentena plena" para todo el país en igualdad de condiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). En mayo comenzaron las flexibilizaciones de la cuarentena por segmentación geográfica y según actividad: en ese momento, casi 8 de cada 10 cordobeses se mostraba preocupado por la posibilidad de que flexibilizar la cuarentena pudiera generar rebrotes en el país (gráfico al inicio del posteo, click para agrandar). El tiempo demostró que esa preocupación estaba justificada, dado que efectivamente se produjeron rebrotes después, puntualmente en Córdoba Capital. En ese momento, las autoridades definieron la vuelta a la fase anterior hasta el 3 de mayo, lo que contó con un acompañamiento mayoritario de los electores cordobeses: 56% estuvo de acuerdo, vs 36% en desacuerdo.
La evolución de la situación sanitaria implicaba, así, asumir la posibilidad de un proceso "stop & go", es decir, de vuelta atrás en las fases si las flexibilizaciones generaban rebrotes. La primera medición de junio arrojó que casi 8 de cada 10 cordobeses adultos aprobaba la flexibilización progresiva de actividades en la Capital, que en ese momento era la "zona roja" de la pandemia, y apenas 16% se mostraba en desacuerdo (gráfico arriba, click para agrandar). Al mismo tiempo, el apoyo a una vuelta atrás en caso de rebrotes había crecido 12 puntos porcentuales entre mediciones, de 56% a 68%, mientras que el desacuerdo había cedido 14 pp, de 36% a 22%, lo que sugería una mayor toma de conciencia al respecto (gráfico abajo, click para agrandar).
En la misma línea, ya en ese momento los cordobeses asumían el protagonismo del colectivo en el esfuerzo frente a la pandemia: una mayoría del 51% opinaba que si la flexibilización de actividades generaba rebrotes del coronavirus la responsabilidad era de la gente, mientras que 24% lo atribuía a la propia dinámica de la pandemia, 13% lo asociaba a los sectores que presionaban para levantar la cuarentena y apenas 10% responsabilizaba a las autoridades (gráfica abajo, click para agrandar).
En este marco, las mediciones más recientes de la consultora Delfos, que indagan cuáles son las percepciones respecto a las últimas disposiciones de las autoridades cordobesas, muestran la aquiescencia de la opinión pública respecto a las medidas tomadas: 6 de cada 10 están de acuerdo con restringir las reuniones familiares a los días domingo, vs 1 de cada 3 que se muestra en contra (gráfico abajo, click para agrandar).
Como puede verse a lo largo de toda la serie, siempre hubo una mayoría superior al 50% alineada con la estrategia sanitaria oficial, pero el desacuerdo, que oscila entre un piso del 16% y un techo del 36%, tiene suficiente entidad estadística como para atentar contra el éxito de las medidas. Por ello, las últimas disposiciones incluyen un endurecimiento de las multas en distintas situaciones: para quienes oculten información o síntomas de Covid-19 las multas llegan a los $ 250 mil, medida que tiene un acuerdo del 85% y un desacuerdo de apenas 10% (gráfico abajo, click para agrandar).
Otra de las disposiciones en esta línea son multas de 20 mil pesos para quienes realicen actividades deportivas no permitidas o sin adoptar las medidas adecuadas conforme protocolo (una de las prácticas que más rebrotes del coronavirus ha generado a nivel país y en Córdoba, junto con las reuniones sociales no permitidas). En este caso, casi 7 de cada 10 cordobeses se muestran de acuerdo con esa sanción y 2 de cada 10 en desacuerdo (gráfico abajo; click para agrandar). En síntesis, el refuerzo del rol punitivo del Estado es aprobado, más allá de que eso no debe hacer descuidar el foco en el esfuerzo epidemiológico.
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