El gobierno nacional anunció la semana pasada el envío al Congreso de un proyecto de reforma judicial que apunta a reestructurar el fuero federal. Según el reciente estudio nacional realizado en julio por la consultora Analogías, el 77% cree que es muy o bastante necesaria una reforma de ese poder para mejorar el servicio de justicia, mientras que apenas 16% la ve como poco o nada necesaria (gráfico arriba). El acompañamiento es transversal por género, edad, nivel educativo y área de residencia. Ese mismo mes, Udesa detectó que los jueces están entre los sectores peor posicionados para la opinión pública, junto con el FMI y los grupos anticuarentena (gráfico abajo).
Un estudio anterior de la consultora Taquion marca que el 82,6% cree que los jueces y el sistema judicial no son justos ni imparten justicia para todos los ciudadanos por igual, vs apenas 6% que cree que sí (gráfico abajo). En sólo un trimestre, la tendencia desfavorable creció fuerte.
Ese dato es transversal a la grieta: el 80,1% de quienes votaron por Alberto Fernández y el 94% de quienes eligieron a Mauricio Macri coinciden en esas críticas al sistema judicial (gráfico abajo).
En la misma línea, otro estudio reciente de la Fundación Uade y consultora Voices a propósito de la pandemia arrojó que el 75% cree que el accionar de los jueces ha sido malo durante la actual coyuntura, lo que coincide con un estudio del CELAG que ubica a los jueces con 75,3% de imagen negativa durante la crisis sanitaria planteada por el Covid-19 (gráfico abajo).
Así, el análisis de las encuestas recientes arroja claramente un plexo de creencias favorable a la necesidad de una reforma en la justicia. ¿Significa eso un aval lineal de la opinión pública al proyecto que presente el Ejecutivo oportunamente en el Congreso? La respuesta es no: dependerá del contenido concreto de la propuesta y del marco contextual en el que se presente. Si la reforma cae en “la grieta” oficialismo vs oposición las tendencias son cruzadas, lo cual no permite proyectar si el apoyo será mayoritario. Por ejemplo, un estudio previo de Analogías muestra que casi un 52% confía poco o nada en que la justicia investigue a fondo las denuncias de espionaje que afectan a Mauricio Macri y a otros ex funcionarios de la gestión anterior, vs 35,3% que confía mucho o bastante (gráfico abajo).
Por otro lado, según RDT Consultores, el 47,2% cree que la reforma judicial podría servirle a Cristina Fernández para salvarse de sus causas de corrupción, vs 35,5% que cree que la reforma mejoraría la calidad de la justicia. Vale decir: si la discusión pública de la reforma judicial queda planteada como una disputa entre bandos, es probable que el debate termine empantanado. En cambio, si el contenido y el marco del proyecto están orientados y se comunican haciendo hincapié en el beneficio general que puede aportar, crecen las chances de lograr un apoyo mayoritario. Es lo que sucedió con una de las primeras iniciativas que presentó el actual gobierno luego de asumir, la modificación del régimen previsional para los jueces: esa iniciativa logró oportunamente 71,5% de acuerdo vs 20,4% de desacuerdo (gráfico abajo).
Como se advierte, esa distribución es muy similar a las proporciones que reporta Analogías en relación a una reforma judicial: 77% a favor vs 16% en contra (las diferencias no son estadísticamente significativas). Para más datos, el apoyo a esa modificación fue transversal por género, edad y nivel educativo, confirmando que logró diluir la “grieta” entre oficialismo y oposición. 
Para prosperar, la reforma judicial debería recorrer el mismo camino virtuoso en el debate público. Por lo pronto, la primera encuesta realizada en la provincia de Córdoba por la consultora Delfos arroja que más de la mitad de los cordobeses no está enterado del proyecto de reforma, mientras que en los demás existe una leve ventaja a favor de la necesidad de la reforma: 24% vs 19% que no la ve necesaria (gráfico abajo) y 6% que no tiene opinión formada. Esto confirma la necesidad de una mayor divulgación de la propuesta.
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