La semana pasada repasamos en esta columna una encuesta de Clivajes Consultores sobre la percepción de urgencia de algunos temas de la agenda pública: en cuarto término dentro de la lista de respuestas guiadas se posicionaba la reformar de la Justicia, con 6,6% (gráfico arriba). Ese punto tuvo una presencia destacada en el discurso de apertura de sesiones legislativas del presidente Alberto Fernández hace un par de semanas. Este lunes 15 de marzo se conoció la designación de Martín Soria como nuevo ministro de Justicia en lugar de Marcela Losardo. El cambio se da en un momento en el que la percepción de la relación del presidente con el Poder Judicial arroja un saldo negativo de 11,3 puntos porcentuales según la última encuesta nacional de Ricardo Rouvier & Asociados. Así, el vínculo entre el Ejecutivo y la Justicia se ubica por debajo de la mitad de la tabla, con casi 34% de calificación positiva acumulada (muy buena + buena) y 45,1% de negativa (mala + muy mala); 21,1% no sabe (gráfico abajo). El reemplazo de Losardo por Soria parece anticipar un giro en la posición del Gobierno nacional, que dejaría atrás la idea de propiciar una “autodepuración” de la Justicia en favor de darle mayor impulso a una reforma judicial que viene demorada.
La figura de Soria, uno de los denunciantes de la “mesa judicial” del gobierno anterior, vendría a simbolizar ese cambio de etapa y se da en un contexto en el que varios miembros de la Justicia aparecen envueltos en escándalos de distinto tipo, como las visitas de Gustavo Hornos al ex presidente Mauricio Macri mientras se tramitaban expedientes contra Cristina Fernández, además de fallos y pronunciamientos que demuestran la falta de capacitación de los miembros de ese poder en materia de género. En este marco, no sorprende que el nivel de confianza en la Justicia esté en niveles muy bajos: según una reciente encuesta de la consultora Analía del Franco, casi 88% confía poco o nada en ella, mientras que apenas 11,5% confía mucho o bastante (gráfico abajo).
Eso arroja un saldo negativo de 76,4 puntos porcentuales. Así, con apenas matices, la desconfianza es transversal por género, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, voto anterior y postura ante el gobierno nacional. Además, ese casi 88% de desconfianza muestra que la imagen de la Justicia no mejoró nada durante el año de pandemia: una serie evolutiva de la consultora Taquion ya mostraba en junio de 2020 que el 86,2% creía que los jueces y el sistema judicial no eran justos ni impartían justicia para todos los ciudadanos por igual, mientras que apenas 6% creía lo contrario (gráfico abajo).
Ese contexto de desconfianza y desprestigio del Poder Judicial también se pone en evidencia en la última encuesta realizada por Acierto Consultora: según el informe, casi 89% de los electores argentinos estuvo de acuerdo con el fragmento del discurso presidencial de apertura de sesiones legislativas en el cual Alberto Fernández planteó que los jueces y magistrados deberían comenzar a pagar el Impuesto a las Ganancias al igual que el resto de los trabajadores del sector público y privado; apenas 11,2% se mostró en desacuerdo (gráfico abajo). En resumen, la coyuntura en la que asume el nuevo ministro Martín Soria está atravesada por una crisis de imagen en la Justicia; habrá que ver si eso favorece la iniciativa de reforma judicial del oficialismo o si el proyecto quedará empantanado en “la grieta” política que probablemente se agudice de cara a las elecciones de medio término de este año.
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