Fútbol, medios y propaganda electoral

La lucha del kirchnerismo en el terreno del discurso y lo simbólico es una faceta diferencial respecto de los gobiernos que lo precedieron, elemento que incluso han reconocido intelectuales críticos del oficialismo, como Beatriz Sarlo (quien tiempo atrás escribió en La Nación sobre los logros K en el plano simbólico una columna titulada “Hegemonía cultural del kirchnerismo”).

Respecto del "Fútbol para Todos", ya hemos repasado en entradas anteriores de este blog la opinión del consultor Artemio López; en esta oportunidad, me interesa rescatar la del filósofo Tomás Abraham (La Nación, 13/02/11): "Me parece bien que el fútbol sea para todos y no creo que sea tanta plata. No creo que doscientos millones de dólares -que es mucho- para que el fútbol llegue a todo el país sea plata mal invertida. El fútbol es algo masivo. -¿Pero no se podría invertir esa plata en hospitales, por ejemplo? plantea el entrevistador. -Con eso tenemos que demoler también el Teatro Colón. Si terminás con todos los lujos, te quedás con una sociedad pobre pero no mejor. Lo que sí creo que es una obscenidad es la propaganda oficial. Eso sí. Santa Cristina. Debería prohibirse. En realidad el Canal 7 no debería ser del Gobierno sino público. Yo distingo: el canal es obsceno, pero está bien que haya fútbol para todos".

"Fútbol para Todos" es probablemente la más netamente "populista" -adjetivo que a mi entender no es sinónimo de demágogico- de las medidas en este terreno, pero no está aislada, sino que se integra a otros hitos como la ley de servicios de comunicación audiovisual, el relanzamiento de la televisión pública (Canal 7, Encuentro, Pakapaka, etc.) y la diversificación de la oferta televisiva a partir de la TV digital.

La política cultural y de comunicación del gobierno tiene también una lógica política (esto parece un juego de palabras, pero no lo es) que, por supuesto, no es "neutra". Una de las mayores ventajas competitivas con que cuenta hoy el oficialismo frente a la oposición, además de la estrategia de medios, es el manejo de la "caja" del presupuesto publicitario: se estima que la Casa Rosada puede gastar alrededor de un millón y medio de pesos diarios sin apenas regulación. Un esquema similar se replica en las gobernaciones y municipios de todo el país (en este caso, el beneficio es repartido, ya que no en todos los distritos gobierna el kirchnerismo o sus aliados).

Hay rasgos que, a lo largo del tiempo, han beneficiado a los oficialismos de distinto cuño, no sólo al kirchnerismo: en nuestro país, es un clásico que el que gobierna está "habilitado" para promocionar su gestión sin límites, incluso en campaña. Los especialistas remarcan que el aumento de la publicidad oficial en época de campaña electoral no es exclusivo del gobierno nacional, sino que la misma tendencia la repiten una y otra vez los Ejecutivos de casi todas las provincias y municipios de la Argentina. “Existe un abuso general a lo largo del país, también por la falta de regulación”, afirma la directora del Área de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Eleonora Rabinovich.

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires (distrito gobernador por el PRO, opositor al kirchnerismo), el gobierno de Mauricio Macri gastó casi 60 millones de pesos en publicidad oficial en el semestre previo a las elecciones legislativas de 2009, un 88% más que lo que había desembolsado en igual período de 2008 (una apostilla: el gobierno de Cristina Kirchner, en las legislativas del 2009, gastó en publicidad oficial 622 millones de pesos). Rabinovich recuerda que se avanzó con un proyecto de regulación en la Legislatura porteña, a través de una iniciativa que establecía que no se podían firmar las publicidades y que no podían incluirse colores que se identificaran con un partido o un candidato. Pero la misma (que se aprobó en diciembre de 2009) fue vetada por Macri el año pasado. Más recientemente, la legisladora porteña de la Coalición Cívica (CC) Rocío Sánchez Andía presentó un amparo ante la Justicia de la Ciudad para que ordenara al Ejecutivo porteño “cesar con su accionar inconstitucional en materia de manejo de la publicidad oficial”.

La administración de Daniel Scioli (aliado K) también usa la publicidad oficial como propaganda política de cara a las elecciones de este año: en la provincia de Buenos Aires el presupuesto prevé este año más de 316 millones de pesos para comunicación (unos 865 mil pesos por día). En el caso de la reciente campaña por las internas en Santa Fe (otro distrito gobernado por la oposición, en este caso el socialismo), en la campaña a intendente de Rosario, el sitio Punto.biz estimó que la socialista Mónica Fein (vencedora de la interna) habría gastado cerca de 5.5 millones de pesos en publicidad, mientras que su principal contrincante, Jorge Boasso, habría invertido $1.5 millones de pesos (del lado de la oposición justicialista, Diego Guiliano habría invertido 2 millones de pesos, contra 1.3 millones de pesos que habría aportado el triunfante Héctor Cavallero). Sin embargo, aquí no se contabiliza la propaganda oficial de la Municipalidad, que fue publicidad indirecta para Fein, la candidata socialista.

A la ventaja tradicional que tienen todos los oficialismos gobernantes, la era "K" la agrega una estrategia de medios más depurada (y netamente política) que de los anteriores presidentes desde la restauración democrática. A eso se agrega que, en virtud de la nueva ley electoral reglamentada recientemente, sólo el Estado repartirá la publicidad en televisión y radio entre las distintas fuerzas nacionales, por lo que los partidos no podrán contratar espacios de manera privada y tendrán restricciones para difundir sus campañas por los medios de comunicación audiovisual,

El esquema plantea que los partidos tendrán espacios acotados, distribuidos por sorteo y en función del último resultado electoral de 2009, en tanto que el oficialismo tiene vía libre para destinar su presupuesto de publicidad oficial ya que no existe una regulación que lo impida. El Ejecutivo dispone de más de 500 millones de pesos (sin contabilizar Fútbol para Todos), según lo publicado en Boletín Oficial en enero pasado, para hacer propaganda de sus actos de Gobierno, pero no podrá hacerlo los 15 días previos a las elecciones primarias y generales, ya que esto quedó prohibido a partir de la Reforma Política.

Si bien ése es un límite, en los hechos el gobierno nacional se beneficia de contar con el presupuesto para seguir anunciando obras y haciendo campaña, posibilidad que la oposición tiene acotada, salvo en aquellos distritos donde es gobierno, como ya puntualizamos.

Dentro de las fuerzas opositoras, la UCR fue la que analizó con más seriedad presentarse a la Justicia contra artículos de la reforma política, por entender que el manejo del monopolio estatal de la publicidad de campaña en radios y televisión podría perjudicar sus chances electorales (el otro elemento en cuestión era el mecanismo de reconocimiento de listas de adhesión en las provincias, relevantes para que un candidato presidencial X, en este caso Ricardo Alfonsín, autorice el uso de la sábana a las alianzas del interior).

Parte de la insistencia de Alfonsín en impulsar la alianza con el bonaerense Francisco de Narváez (aunque le haya acarreado la pérdida de sus hasta entonces potenciales aliados socialistas) podría explicarse, precisamente, por los cuantiosos recursos económicos que el heredero de Casa Tía tiene para afrontar la campaña electoral por venir. En este sentido, la ecuación de Alfonsín probablemente sea un intercambio de estructura política (lo que pone el radicalismo) por caja y marketing electoral (lo que pondría de Narváez).