Profundicemos sobre el cierre del post anterior: según
la línea argumental crítica (de la cual Idesa es un exponente) el “modelo K” funcionó
“virtuosamente” mientras se mantenían los superávits gemelos, sostenidos
centralmente en salarios deprimidos en dólares (por efecto de la devaluación
del 2002). Cuando se fue licuando esa brecha (vía mejoras salariales que, de
acuerdo a esa corriente de pensamiento, se otorgaron por encima de las mejoras
en productividad) el modelo entró en crisis, dado que progresivamente se
erosionó la competitividad ganada con la devaluación que precedió a la asunción
de Néstor Kirchner. Mutatis mutandis, el mismo argumento se reproduce ahora. De
ahí el escepticismo de los economistas críticos respecto a la política
económica actual del gobierno, dado que consideran que la mejora de
competitividad lograda por la última devaluación no es sostenible en el tiempo,
en la medida en que conviva con elevados niveles de inflación y de gasto
estatal.
En la vereda cercana al oficialismo (donde convergen
economistas y otros formadores de opinión) ese carácter ambiguo de la política
económica actual sirve precisamente de argumento defensivo contra quienes
hablan de giro ortodoxo del gobierno: aunque es innegable que la devaluación tiene
un impacto en términos de merma del poder adquisitivo del salario (aún no del
todo cuantificable) y que la brusca suba de tasa de interés en pesos constituye
un cambio respecto a la política financiera que llevó el Banco Central antes de
la asunción de Juan Carlos Fábrega, desde esta corriente de pensamiento el
gobierno mantiene algunos elementos “identitarios” del modelo: la actualización
de las jubilaciones –si bien mermada por el contexto inflacionario-, la
vigencia de las políticas sociales (no sólo a través de la AUH sino de nuevos
planes, como el Progresar) y el sesgo “controlador” o intervencionista del
Estado (plasmado en acciones como los “Precios Cuidados”) y el sostenimiento
del gasto público (continuidad heterodoxa, frente a los argumentos críticos que abogan por una contracción).
Adicionalmente, otro argumento fuerte de los
referentes que orbitan en torno al oficialismo es que no puede decirse
estrictamente que el gobierno esté aplicando lo que se denomina un ajuste “ortodoxo”,
ya que si lo fuera, no se explicaría el ya citado escepticismo que campea desde
las usinas anti-K. Esquemáticamente, este es el esquema conceptual que opera en
la “intelligentzia” filokirchnerista cuando desde la oposición se trata de
correr al gobierno “por izquierda” y a la vez se emplean razonamientos “ortodoxos”
(no se puede hacer ambas cosas simultáneamente).
En rigor, la política económica implementada en los
últimos meses no es un giro copernicano ni tampoco una profundización: en cambio, deviene una suerte de “service” del modelo, en algunos
aspectos tardío, en el cual el "timing" de las medidas y la administración de las
expectativas transitan sobre un filo muy delgado (de ahí lo delicado del
momento, más allá de la “victoria” transitoria obtenida contra la corrida
cambiaria del verano). Quizá donde mejor se exprese ese carácter de “service”
un tanto tardío del modelo sea en el tratamiento (hoy en estudio) de la
eventual quita de subsidios a los servicios de electricidad y gas; se considera
que el gobierno avanzará sobre eso cuando evalúe que las presiones
inflacionarias que provocó la devaluación del peso se han aquietado (para que
esa quita no fogonee a su vez una nueva espiral de aumento de precios). En ese sentido, la lectura oficial es que haber frenado la expectativa en torno al dólar en las últimas semanas (logro del
Central, sobre todo) y la fase (aún en progreso) de contener la remarcación de precios y el traslado de la
devaluación a los consumidores finales (el denominado “pass through”
empresarial) debería abrir paso a un tercer momento donde finalmente se avance
sobre el postergado retiro de subsidios en los servicios públicos (que en 2013
insumieron al Estado gastos por $ 143.000 millones, o el 4,9% del PBI, según
una estimación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Instituto
Argentino de Análisis Fiscal –Iaraf-) a ciertos segmentos.
Ese “timing” que se pretende hoy (a partir de la
conciencia de lo delicada que es la coyuntura) es resultante del carácter
tardío señalado antes, dado que la sintonía fina fue anunciada a fines de 2011,
pero nunca llegó a desplegarse realmente. En esa línea, cuando el
martes 4 de marzo se anunció el aumento en las jubilaciones que corresponde por
la ley de movilidad, la presidenta Cristina Fernández puso de manifiesto ese
sinceramiento en el discurso, dando la señal de largada para iniciar el postergado recorte de subsidios: “Es cierto
que hoy, evidentemente, subsisten sectores que tienen subsidios que ya no los
necesitan (…) Ya no es un problema de ajuste, es un problema de equidad. Y esa
es a la equidad adonde tiene que tender la sociedad y a eso es a lo que voy a
ir: a volver a tomar el equilibrio”.
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