El gobierno nacional dictó
recientemente un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que declara a los
servicios de telecomunicaciones como públicos y esenciales y congela sus
precios hasta fin de año. Antes de repasar los datos blandos de las encuestas
de opinión pública que aportan un contexto a la medida, es pertinente mencionar
que los datos duros ubican a las empresas de telecomunicaciones como las de
peor servicio: recibieron más de 114 denuncias por día en el primer semestre y
sumaron el 20% de los reclamos totales por parte de los consumidores. Según la información
relevada por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los
Consumidores (SSADC), esas compañías recibieron 24.363 reclamos entre enero y
julio de 2020. La más demandada fue Movistar (7.115 denuncias), seguida por
Telecentro. Por lo tanto, a priori, la defensa de las empresas que ha encarnado
la oposición de Juntos por el Cambio no es precisamente una causa popular. Yendo
a las encuestas, la primera medición al respecto la realizó la consultora
Analía del Franco: casi 72% se mostró muy de acuerdo o de acuerdo con la
decisión del Poder Ejecutivo, vs 21% que estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo
(gráfico arriba). El congelamiento de tarifas tuvo un acuerdo aún mayor, ya que
roza el 79%, vs casi 19% de desacuerdo (gráfico abajo).
La más reciente encuesta nacional de Zuban Córdoba & Asociados también registra un alto muy alto: casi 70%, vs casi 29% de poco acuerdo o nada de acuerdo (gráfico abajo). Así, el promedio de acuerdo con la medida según estas dos mediciones comparables es de 70,4%, mientras que el promedio de desacuerdo es de 24,9%, lo que implica que el aval a la medida casi triplica al disenso.
Asimismo, confrontando las percepciones de la opinión pública con el argumento empresarial de que “el congelamiento de precios afectaría las inversiones y la calidad del servicio”, una mayoría de 52,4% lo vio como una excusa vs casi 37% que les dio la razón según Analía del Franco (gráfica abajo).
En síntesis, el cruce de datos arroja un claro aval al DNU presidencial y pone en evidencia que la defensa corporativa que abrazó Juntos por el Cambio es una causa francamente minoritaria. De hecho, el contexto de pandemia favorece la percepción de que parte de los servicios alcanzados por el DNU deberían ser de navegación libre y gratuita: la encuesta nacional realizada en julio por la consultora Analogías detectó que casi 90% está de acuerdo con esa idea, vs apenas 6,1% que discrepa (gráfico abajo).
Finalmente, hay que tener en cuenta que el servicio de internet, que es uno de los alcanzados por el decreto de necesidad y urgencia, es cada vez más un servicio básico para la población: el 41% se conecta todos los días más de 4 horas, el 30% a diario menos de 4 horas, el 14% sólo algunos días a la semana y 15% no se conecta nunca o no responde, según la encuesta nacional realizada por Poliarquía en junio pasado (gráfico abajo).
Internet ya era un servicio básico antes de la pandemia, y luego de ella lo es más todavía: según la misma encuesta, el uso intenso de la red (más de 4 horas por día) creció un 33%, de 31% a 41% luego de la pandemia. El uso moderado (menos de 4 horas por día) bajó de 35% a 30% y el uso bajo (algunos días a la semana) se mantuvo en 15%, en tanto que quienes no se conectan nunca o no responden pasaron de 20% a 15%, lo que marca que aún hay una brecha digital en el país (gráfico abajo).
El uso de la red también fue impactado por el cambio en la modalidad de trabajo a raíz de la pandemia: entre quienes trabajan desde su casa el uso intenso (más de 4 horas diarias) trepa al 64%, mientras que ronda el 40% entre quienes tienen otras ocupaciones y baja al 33% entre quienes no son laboralmente activos (gráfico abajo).
https://www.cba24n.com.ar/opinion/el-dnu-de-las-telecomunicaciones-en-las-encuestas_a5f525f714820286d85b758e4
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