Durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández (2011-2015) se planteó la necesidad de reducir la extensión de los subsidios a las tarifas de servicios públicos para beneficiar sólo a los sectores vulnerables; ese fue uno de los planteos de la llamada “sintonía fina”, que finalmente quedó acotada a una renuncia de carácter voluntario por parte de quienes decidían no seguir recibiéndolos. En el gobierno de Cambiemos (2015-2019) comenzaron a aplicarse fuertes aumentos de tarifas en esos servicios, cuyo impacto en la economía doméstica se agravó a partir de la crisis desatada en 2018, que el ex presidente Mauricio Macri pretendió conjurar (sin éxito) recurriendo al crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas condiciones de repago fueron renegociadas por la gestión de Alberto Fernández. De ese modo, en los últimos cuatro años una inflación galopante y la persistencia de la crisis económica pre y pos Covid-19 volvieron la necesidad de segmentar los subsidios para que aquellos sectores socialmente más favorecidos paguen por las tarifas de servicios un precio más alineado con los costos de producción a efectos de reducir el déficit fiscal. Hoy, el tema forma parte del debate interno del Frente de Todos, con dos posiciones principales: una partidaria de reducir los subsidios en procura de un esquema de mayor sustentabilidad macro económica a mediano y largo plazo, y otra que cree que el daño producido en el tejido social a partir de 2018 no permite introducir esas correcciones hoy. Planteado el escenario, ¿qué dicen las últimas encuestas? De acuerdo a un reciente informe nacional de consultora Analogías, 39% de los electores argentinos dice que la proporción de ingresos de su hogar que se destina a pagar la luz, el gas y el agua es alta; 41,4% responde que es media, y apenas 13,6% que es baja (gráfico arriba).
La misma encuesta arroja que 59% opina que las tarifas de los servicios públicos no deberían aumentar este año, mientras que casi 24% admite aumentos de hasta 20%, 7,2% de entre 20% y 50% y apenas 4,6% mayores al 50% (gráfico arriba). Otro estudio reciente, en este caso de Giacobbe, coincide en parte: nuevamente, casi 59% dice que no está dispuesto a pagar nada más por servicios como el agua y la luz, casi 22% aceptaría aumentos de hasta 25%, 10% de 50% y 9,2% del 100% o más (gráfico abajo).
A su turno, la última encuesta nacional de Zuban Córdoba & Asociados indagó qué debería hacer un próximo gobierno con los subsidios para el consumo energético. Las opiniones se dividen con bastante simetría: casi 46% piensa que debería mantenerlos, vs casi 42% que opina que debería eliminarlos (gráfico abajo).
Cuando se abren los datos en función del voto en 2019 y la intención electoral de cara a 2023, se observa con nitidez que en el Frente de Todos se impone la opción de mantener los subsidios (entre casi 68% y 78%, respectivamente), mientras que entre los de Juntos por el Cambio predomina la postura de eliminarlos (en torno al 63%; gráfico abajo).
Profundizando en el análisis, una encuesta reciente de consultora Circuitos aporta una aproximación a las tendencias en provincia de Buenos Aires (PBA). Para 44,3% de los electores de ese distrito, una quita de subsidios de luz y gas incidiría mucho en su economía doméstica, casi 39% cree que tendría alguna incidencia y apenas 7,4% opina que no incidiría (gráfico abajo).
Finalmente, en términos de los que debería hacer el gobierno con las tarifas, el evolutivo muestra que la postura favorable a un aumento segmentado en PBA cedió 9,3 puntos porcentuales entre febrero y mayo de 2022, la de un aumento indiscriminado se mantiene en torno al 21% y la de mantener los subsidios presenta una leve tendencia ascendente (+3,6 pp). La posición a favor de que las empresas asuman el aumento de costos presenta la mayor volatilidad (gráfico abajo).
En síntesis, los últimos datos de opinión pública disponibles sobre el tema arrojan que se trata de una cuestión compleja. Contra el extendido discurso de que “la sociedad se derechizó y pide un ajuste”, el análisis de encuestas arroja que casi 6 de cada 10 electores no están dispuestos a ningún aumento de tarifas. Entre quienes se muestran a favor de afrontar subas, la primer minoría las acota a entre 20%-25%. En cuanto al debate entre mantener o eliminar lisa y llanamente los subsidios de cara a un futuro gobierno, una primera minoría de casi 46% se decanta por sostenerlos.
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