La deuda externa en la opinión pública interna

En diversas ocasiones hemos repasado en este blog el tema deuda externa, dada la gravitación de este issue en la agenda de la política económica argentina. La encuesta de la consultora Analogías que citamos en posteos recientes, realizada entre el 20 y 22 de febrero sobre una muestra nacional de 2.000 casos, actualizó indicadores clave al respecto. Según el estudio, casi 37% está muy de acuerdo con la propuesta del gobierno argentino de bajar el monto y alargar los plazos de la deuda, mientras que el 30% está de acuerdo; así, el acuerdo alcanza 66,8%, es decir, a 2 de cada 3 argentinos, muy por encima del voto obtenido por el Frente de Todos el 27-O (48,24%). Asimismo, apenas 22,5% está en desacuerdo, muy por debajo del caudal de Juntos por el Cambio en octubre pasado (40,28%). Por otro lado, casi 12% ns/nc (ver gráfico arriba; click para agrandar). Esto pone en evidencia un acompañamiento muy fuerte al planteo del gobierno, que es transversal a la polarización electoral. Eso se ratifica al analizar los cruces por sexo, segmentos etarios y niveles educativos, donde el apoyo vuelve a superar el 60% (salvo entre 16 y 29 años, donde alcanza 58,8%), con picos de más de 70% en hombres, electores de 30 a 44 años y de + de 60.    

El apoyo es muy similar al que la misma consultora detectó en su medición anterior sobre el mismo tema: 70,1% acumulado (ver gráfico arriba; click para agrandar). La variación de 3,3 puntos porcentuales entre mediciones no resulta  estadísticamente significativa. 

Por su parte, la consultora Proyección relevó una muestra de 610 casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre el 24 y el 27 de febrero. Casi 70% está muy de acuerdo o de acuerdo con investigar la deuda contraída desde 2017, vs apenas 19% que está en desacuerdo o muy en desacuerdo; 11,2% se mantiene neutro (ver gráfico arriba; click para agrandar). Hay un núcleo de máxima intensidad de acuerdo del 53,1%, en el orden de magnitud del voto del Frente de Todos en octubre, pero nuevamente el acuerdo total es muy superior al 50%. Al igual que vimos en el estudio anterior, el apoyo también es transversal por sexo y segmentos etarios (por encima del 60% y rozando picos del 80% en mujeres y electores hasta 34 años). El único matiz significativo aparece por voto anterior: mientras que el acuerdo roza el 95% entre los electores del Frente de Todos, cae al 39,2% entre los de Juntos por el Cambio.  

Asimismo, un 50% cree que a futuro el endeudamiento debería pasar por el Congreso, mientras que casi 40% opina que debe fijarse un tope máximo; apenas 7,5% dice que el proceso debe seguir igual que hasta ahora y casi 3% ns/nc (ver gráfico arriba; click para agrandar). El paso por el Congreso ronda o supera el 40% en todos los cruces, con picos mayores al 60% en hombres y electores de 35 a 54 años. Por otra parte, los datos más recientes de la encuesta realizada por la consultora Ricardo Rouvier & Asociados (sobre una muestra de 1.200 casos relevados de manera telefónica entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2020) arrojan que casi la mitad de los electores cree que habrá un arreglo de la deuda, mientras que casi 30% cree que no, y un 21,3% ns/nc (ver gráfico abajo; click para agrandar). El optimismo está en el orden de magnitud del voto obtenido por el Frente de Todos el 27-O, mientras que el pesimismo se ubica en el orden de magnitud del caudal de Juntos por el Cambio en las PASO de agosto de 2019: 32,94%. Vale decir, más cerca del núcleo duro de Cambiemos que de su performance en la elección general de octubre. 

El célebre consultor Dick Morris le aconsejaba al ex presidente norteamericano Bill Clinton que se expresara públicamente en todos aquellos temas en los cuales hubiera un alto porcentaje de opinión pública a favor. Los denominaba “the sixties”, es decir, los issues que obtuvieran un 60% de apoyo (o más) en la sociedad. Respecto al tema deuda, la iniciativa en cuanto a la propuesta la tiene el gobierno, con lo cual, más que hacerse eco de las tendencias subyacentes en la opinión pública, lo que resulta pertinente es ver cómo el discurso oficialista conecta con ellas o permea en ellas. En síntesis, vemos que claramente hay "sixties" en las propuestas de bajar el monto y alargar los plazos de la deuda, por un lado, y en investigar la deuda contraída desde 2017, por el otro, lo que sugiere posibilidades de capitalizar en las encuestas esas posiciones, mientras que las opiniones aparecen más divididas en torno al procedimiento para tomar deuda y la posibilidad de llegar a un arreglo o no. 

Datos claves de la opinión pública después del discurso del 1-M (2)

La encuesta de la consultora Analogías que venimos citando en los posteos recientes, realizada entre el 20 y 22 de febrero, también actualizó otros indicadores clave de gestión. El 45,5% aprueba al gobierno, un guarismo que está en el orden de magnitud del voto obtenido por el Frente de Todos el 27-O (48,24%), mientras que un 36,4% lo desaprueba, lo que se ubica en el orden de magnitud del voto obtenido por Juntos por el Cambio (40,28%). Las diferencias entre la variable blanda de la aprobación en la encuesta y la variable dura del voto anterior no resultan estadísticamente significativas. Por otro lado, un 18,1% ns/nc (ver gráfico abajo; click para agrandar). Por sexo y segmentos etarios, no aparecen matices significativos; sí por estudios, donde la aprobación supera el 50% en el nivel primario, mientras que ronda el 40% en los niveles secundario y universitario.  

Por otro lado, la imagen positiva del presidente Alberto Fernández se ubica muy por encima de la variable aprobación de gestión: alcanza 70,4%, vs 27,4% de negativa y 2,2% de ns/nc. Su valoración favorable también es muy superior al voto obtenido en octubre, a la vez que la imagen negativa es menor al voto de Juntos por el Cambio en la misma instancia; se ubica más bien en el orden de magnitud del caudal obtenido por esa fuerza en las PASO de agosto de 2019, que fue de 32,94%. En este caso, las diferencias entre la variable blanda de la imagen en la encuesta y la variable dura del voto anterior sí resultan estadísticamente significativas. Asimismo, vale decir que la calificación negativa del presidente se acota al núcleo duro de Cambiemos. Como puede verse en la serie evolutiva longitudinal, los indicadores son muy estables desde diciembre de 2019 (ver gráfico al inicio del posteo; click para agrandar). Al igual que veíamos en la variable aprobación de gestión, por sexo y segmentos etarios no aparecen matices significativos y sí por estudios, donde la imagen positiva casi llega al 80% en el nivel primario, mientras que ronda entre el 68% y el 61% en los niveles secundario y universitario.  

Por su parte, la consultoras D'Alessio IROL/Berensztein realizaron un estudio sobre una muestra de más de 1.000 casos en mes de febrero del 2020 entre argentinos mayores de 18 años que habitan en todo el territorio nacional contactados de manera online. Aquí, la imagen positiva del presidente es más baja: 51%, vs una negativa del 43% y un ns/nc de 6% (ver gráfico arriba; click para agrandar). En estos guarismos, la calificación favorable está en el orden de magnitud del resultado del Frente de Todos en octubre pasado, y la desfavorable se corresponde con el caudal de Juntos por el Cambio. En la serie longitudinal, las variaciones no son estadísticamente significativas: a partir de mayo, cuando se conoció su candidatura a la presidencia, la imagen positiva de Alberto Fernández creció de 38% hasta 46% en agosto (una suba de 8 puntos porcentuales; ese mes ganó las primarias con el 49,49% de los votos, un dato duro en el mismo orden de magnitud del dato blando de imagen). En octubre, el mes de las elecciones generales, volvió a crecer hasta el 52% (+ 6 pp respecto a agosto) y desde entonces ronda el 50%. Sin embargo, como venimos recientemente en la encuesta de Udesa, el método de relevamiento online tiende a sesgar hacia los niveles medios y altos en detrimento de los bajos, con lo cual se puede conjeturar de manera razonable que la calificación positiva en realidad estaría un poco por encima de la reportada en este estudio, y la negativa algo por debajo. Con todo, ese 51% lo pone al tope de la imagen de dirigentes de esas consultoras. 

Nuestra hipótesis se refuerza si sumamos al análisis los datos más recientes de la consultora Ricardo Rouvier & Asociados. Sobre una muestra de 1.200 casos relevados de manera telefónica entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2020 (vale decir que incluye las jornadas posteriores al discurso presidencial en la  apertura de sesiones del Congreso Nacional), arroja que la imagen positiva del presidente alcanza 58,1%, vs 37,7% de negativa (ver gráfico arriba; click para agrandar). En ambos casos, esa suma incluye las opiniones regulares más orientadas hacia uno u otro polo; Ese 58,1% implica un avance de casi 10 puntos porcentuales respecto al resultado electoral de octubre pasado (9,86 pp, para ser exactos), mientras que el casi 38% de valoración desfavorable se corresponde con el voto de Juntos por el Cambio. 

Al igual que en la serie histórica de D´Alessio IROL, pero en niveles más altos, aquí el evolutivo ratifica la estabilidad: a partir de agosto de 2019, cuando se impone en las primarias, la imagen de Fernández rompe el umbral de los 50 puntos para ubicarse por encima del 55% y acercándose al 60%. Aunque se trata de variaciones estadísticamente no significativas, el registro más reciente implica el pico (valor más alto) en calificación positiva y el piso (registro más bajo) de la negativa en toda la serie longitudinal (ver gráfico arriba; click para agrandar). En síntesis, si más allá de los matices en las mediciones hacemos un promedio de las tres citadas, la imagen presidencial ronda el 60% de valoración positiva (59,8%) y el 36% de negativa (36,03%), con guarismos muy cercanos a la medición más reciente, que es la de Rouvier & Asociados. Esto confirmaría que Fernández reforzó su posición respecto al resultado electoral en lo que va de su gobierno en una magnitud de alrededor de 12 pp. 

Datos claves de la opinión pública después del discurso del 1-M (1)

El analista Pablo Villarreal concluye así el estudio que venimos citando en los últimos posteos: "Es preciso tener en cuenta que más allá del triunfo electoral de Todos, que avizora un retorno de políticas progresivas de redistribución del ingreso mediante las cuales es posible un retorno a la tendencia de reducción en las desigualdades, de ninguna manera se puede pensar en un cambio cultural acorde al proceso político-electoral: la justicia de mercado sigue siendo, en el imaginario social de los argentinos, el modelo adecuado para la asignación de recursos y la distribución de la riqueza". En este marco, resulta oportuno repasar algunos datos empíricos de estudios recientes a los efectos de ponderar cuál es la masa crítica de apoyo con la que el nuevo gobierno cuenta para un programa reformista. Respecto al tema jubilaciones de privilegio, hay un apoyo que trasciende a "la grieta", según una encuesta realizada por la consultora Analogías entre el 20 y el 22 de febrero pasado sobre una muestra nacional de  2.702 casos. El 56,1% dijo estar muy de acuerdo con la medida impulsada por el Frente de Todos y el 15,4% afirmó estar de acuerdo: 71,5% de acuerdo acumulado. En tanto, el 12,9% se mostró en desacuerdo y el 7,5% muy en desacuerdo: 20,4% de desacuerdo acumulado. El 8,1% restante ns/nc (ver gráfico arriba; click para agrandar).

El cruce por variables sociodemográficas revela que el acuerdo es transversal por género (76% en varones y 66,1% en mujeres), segmentos etarios (60,4% de 16 a 29 años, 79,2% de 30 a 44, 77% de 45 a 59 y 66,1% en 60 y más años) y nivel educativo (60,9% en los electores con estudios primarios, 73,1% en los de estudios secundarios y 86,2% en los universitarios). Más allá de los matices, se advierte un apoyo sin fisuras, lo que deja poco espacio a los bloques opositores para disentir respecto de la iniciativa que ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados. El acompañamiento a esta medida ya había sido anticipado por un estudio de la consultora Trespuntozero de diciembre de 2019, realizado a nivel nacional de manera online sobre una muestra de 1.000 casos, relevados entre el 20 y el 23 de diciembre de ese mes. El 85% se mostraba de acuerdo, con casi un 66% en máxima intensidad ("muy"). El desacuerdo no llegaba al 10%, francamente minoritario, por debajo del 20,4% que arroja el estudio de Analogías. La actitud favorable se reforzaba al observar que, más allá del voto anterior, en todos los segmentos de electores el acuerdo con el issue superaba el 85% (ver gráfico abajo; click para agrandar). 

Sí se mantenía "la grieta" con la emergencia sancionada en diciembre: 42,5% de acuerdo y misma proporción de desacuerdo. El apoyo descansaba en los electores del Frente de Todos (76,2%) y el desacuerdo en los de Juntos por el Cambio (83,2%) y Consenso Federal (57,4%). Similar distribución polarizada se observaba al evaluar los sentidos que generados por la ley: 48,6% positivos y 48% negativos (ver gráfico abajo; click para agrandar). Sin embargo, "la grieta" cedía al medir la necesidad de la ley de emergencia: para casi el 64% (63,7%) era necesaria. 

Finalmente, una de las premisas del discurso de Alberto Fernández es que el esfuerzo en esta etapa debe empezar por quienes están en mejor situación, para ayudar a los más vulnerables, y luego ir por todos: “Vamos a empezar por los de abajo para llegar a los de arriba”, dijo en la apertura de sesiones del 1 de marzo. ¿Hay acompañamiento de la opinión pública para esta idea? Zuban Córdoba/Focus Market midieron en enero pasado los niveles de acuerdo con la frase "Los ricos deberían pagar más impuestos". El 57,5% estuvo muy de acuerdo y el 22,1% de acuerdo (acumulado de 79,6%, casi 8 de cada 10 electores). Apenas 9,6% se mostró poco de acuerdo y 7,3% nada de acuerdo (acumulado de 16,9%, casi 17%; menos de 2 de cada 10 electores); 3,5% ns/nc. Así, está claro que hay un acompañamiento muy fuerte. El análisis por voto en 2019 arrojaba que era transversal a las tres principales fuerzas, si bien con matices: 87,7% entre los votantes del Frente de Todos, 66,4% entre los de Juntos por el Cambio y 83,5% entre los de Consenso Federal (ver gráfico arriba; click para agrandar). En conclusión, también hay un plexo de apoyo que trasciende a "la grieta" en este issue. Adviértase que, en el tema impuestos a los más ricos, las actitudes de los votantes de Roberto Lavagna son más parecidas a las de los electores de Alberto Fernández, mientras que en el issue "ley de emergencia" los electores de Consenso Federal se aproximan más a los votantes de Juntos por el Cambio, a tenor de la encuesta de Trespuntozero.

Datos clave de opinión pública de cara al 1-M: del clivaje socioeconómico al político (3)

Recapitulando los dos posteos anteriores en una síntesis, podemos plantear que existen dos polos no perfectamente simétricos en tamaño pero sí nítidamente identificables en términos sociodemográficos, actitudinales e identitario-políticos: 1) el de los electores del Frente de Todos, que predomina en los segmentos etarios de 18 a 29 años (jóvenes) y en los adultos jóvenes de 30 a 44, que muestran actitudes de mayor tolerancia y menor aislamiento político, correlacionadas con una ideología menos autoritaria y favorable al distribucionismo, inclinados a un concepto de justicia social y mayor intervencionismo estatal 2) el de los electores de Juntos por el Cambio, que predomina en los segmentos etarios de 45 a 64 años y en los mayores de 65, que muestran actitudes de mayor intolerancia y aislamiento, con una ideología más autoritaria y anti-distribucionista, quienes se inclinan por un concepto de justicia de mercado y menor intervencionismo estatal. En esta línea de análisis, en algo que parece característico de la ideología "liberal" en Argentina, las posiciones más libremercadistas o pro-mercado no correlacionan con dosis de autoritarismo menor sino con mayor autoritarismo, mientras que las posiciones más favorables a la intervencionismo y regulación estatal correlacionan con niveles de autoritarismo más bajos, como puede apreciarse en el gráfico de arriba. Así, en el segmento "muy autoritario" casi el 43% es partidario de una justicia de mercado intensa (JMI) y casi un 47% de una moderada (JMM), totalizando 89,7% mientras que la suma de las posiciones favorables a la justicia social (intensa o moderada) apenas alcanza 10,3%. En el segmento "autoritario", la suma de las posiciones a favor de la justicia de mercado alcanza casi 83%, contra apenas 17% de la suma de posiciones a favor de la justicia social. En cambio, en el segmento "poco autoritario" casi un 40% está a favor de una justicia social moderada (JSM) y 11% de una intensa, totalizando 50,5% a favor de la justicia social vs 49,6% favorable a la justicia de mercado, mientras que en el segmento "nada autoritario" casi 42% se inclina por una justicia social moderada y 34,3% por una intensa, totalizando 75,8% a favor de la justicia social vs 24,1% que se decanta por la justicia de mercado. Como puede observarse, los creyentes en la justicia de mercado (intensa o moderada) son más dogmáticos que los partidarios de la justicia social, lo cual es consistente con el dato de su mayor aislamiento político, en el sentido de que "la mayoría de sus amigos y familia" piensa en términos políticos como ellos,  su mayor intolerancia (favorecida por esa misma "endogamia" y menor convivencia con la diversidad, dato que extrajimos del estudio de RTD). 
   

     
En este punto, Pablo Villarreal introduce su segunda hipótesis: "si en la Argentina se intensificaron las críticas a la intervención distributiva por parte del Estado justo cuando los niveles de desigualdad presentaban una tendencia a la baja; y si esas posiciones articularon una base social que apoyó y legitimó cuatro años de distribución regresiva del ingreso (en referencia al gobierno de Cambiemos), es porque se han mantenido sedimentados en el sentido común imaginarios de corte neoliberal donde el criterio de justicia de mercado ocupa aún un lugar preponderante. Estos imaginarios modulan con dos formas de posicionamiento social que se han extendido en nuestras sociedades durante los últimos años: el primero es de corte conservador y se traduce en un temor al avance de la democratización del consumo que tuvo lugar durante los años de gobierno popular, en la medida en que cuestiona el statu quo y trastoca las posiciones en la jerarquía social que habían sido previamente establecidas; por otro lado, articula muy bien con los discursos que demandan “reglas de juego claras” y el “normal funcionamiento” de una sociedad, funcionamiento que en su “normalidad” siempre tiene por detrás las premisas de la competencia, la meritocracia y una justicia distributiva definida por el libre mercado". Acto seguido, el analista propone develar cuales son las posiciones ideológico-políticas que demuestran mayor afinidad con los discursos anti-distribucionistas. Para ello, cruza las respuestas sobre la justicia distributiva con las respuestas a una pregunta que rastrea el nivel de punitivismo social de los encuestados, que apunta al núcleo de sentido de lo que durante el macrismo se denominó “doctrina Chocobar”, a partir del acuerdo o desacuerdo con la frase "Para resolver crímenes muy graves, a veces es necesario que la policía rompa algunas reglas". Aquí, el hallazgo es que quienes están muy de acuerdo o de acuerdo con esa postura son partidarios de una justicia de mercado (JMM o JMI) en proporciones que van del 75,3% al 94,1%, mientras que quienes están en desacuerdo con ella prefieren una justicia social (JSM o JSI) en guarismos que van del 51,8% al 67% (ver gráfico arriba; click para agrandar). Nuevamente, las posiciones más pro-mercado sintonizan con una línea de seguridad más represiva y cercana a la "mano dura", al contrario de lo que sucede en las posiciones más favorables a una idea de Estado de Bienestar. 

Así, Villarreal afirma: "en todos los casos que hemos visto, la opción por la justicia de mercado es más fuerte en los individuos conservadores, punitivos y autoritarios. Por lo tanto, esto desmiente de plano los discursos de los gurúes económicos liberales, libertarios y ultra ortodoxos que ven en el mercado el reino absoluto de las libertades humanas. Al contrario, tal como lo hemos demostrado, la justicia de mercado aparece una y otra vez asociada a las posiciones más autoritarias y antidemocráticas que tienen su fundamento en el desprecio de la diversidad, los derechos civiles y las libertades individuales más allá de la esfera económica". Es decir, las posiciones pro-mercado, más que posiciones liberales en el sentido amplio de esa ideología, aparecen asociadas a una postura de Estado acotado a sus funciones más represivas. En términos de identificación política, la correspondencia de esa matriz de pensamiento con la intención de voto a Juntos por el Cambio/Cambiemos (recordemos que el estudio se realizó antes del turno electoral de 2019, con lo cual no se contrasta contra el voto efectivo) se verifica en las correlaciones: alrededor del 48% de sus electores potenciales son partidarios de una justicia de mercado intensa (JMI), mientras que quienes se inclinan por el Frente de Todos se decantan por posiciones más cercanas a la justicia social moderada (JSM; ver gráfico arriba, click para agrandar). 

Aunque las diferencias de casuística son evidentes, es nítida la relativa sintonía ideológica entre los votantes potenciales del Frente de Todos y los de izquierda (FIT) en estos indicadores. "Es interesante ver que en las fuerzas más a la derecha, Juntos por el Cambio y Consenso Federal, los votantes se abroquelan con claridad en el polo de la justicia de mercado; en cambio, las fuerzas más a la izquierda articulan posiciones más diversas con respecto a la justicia distributiva. En particular, es llamativo que cuando se comparan la fuerzas electorales según su posición con respecto a la justicia distributiva, los votantes de Todos se ubican con claridad hacia el polo más extremo de la justicia social, pero cuando analizamos al interior de esta fuerza, los posicionamientos tienden a templarse e incluso se inclinan hacia la JSM", plantea Villarreal, quien interpreta que eso confirma la amplia legitimación de la justicia de mercado en la sociedad como herencia arraigada de la construcción neoliberal del sentido común: "incluso entre los votantes de la fuerza electoral que se plantea más abiertamente partidaria de la justicia social, un amplio sector se inclina por la justicia de mercado" (si bien moderada: nada menos que casi un 35%). El analista completa su análisis a través del acuerdo con la frase "Las Fuerzas Armadas han perdido el lugar que deberían tener en nuestra sociedad". Allí, los votantes potenciales del Frente de Todos y los del FIT quedan en el polo de los poco o nada autoritarios, en contra de las FF.AA. y  favorable a la justicia social, mientras que los votantes potenciales de Consenso Federal y Juntos por el Cambio se agrupan en el polo de autoritarios y muy autoritarios, partidarios de la justicia de mercado y más cercanos a las FF.AA (ver gráfico arriba; click para agrandar). 

Estos datos, tomados en provincia de Buenos Aires (PBA) en mayo de 2018, resultan consistentes con un estudio más reciente, realizado por la consultora Proyección en el mismo distrito entre el 14 y el 22 de noviembre de 2019 sobre una muestra de 939 casos, mediante un cuestionario estructurado y un reclutamiento online. En general, casi el 60% de los electores rechaza la intervención de las Fuerzas Armadas: el 58,1% cree que no deberían intervenir nunca (ver datos arriba; click para agrandar). Sin embargo, el informe, al ser poselectoral, permitió detectar sensibles diferencias entre los votantes de Juntos por el Cambio y los del Frente de Todos a la hora en este issue: los primeros se muestran mucho más permisivos respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas, con apenas un 25,3% que dice que las FF.AA nunca deberían intervenir, vs casi un 90% que tiene esa misma posición entre los votantes de Alberto y Cristina Fernández (ver datos abajo; click para agrandar). Nuevamente, aunque los datos aparecen limitados geográficamente al distrito PBA, se confirma la correlación entre autoritarismo, ideología pro-mercado y postura más represiva entre los electores de Cambiemos/Juntos por el Cambio.   

Datos clave de opinión pública de cara al 1-M: del clivaje socioeconómico al político (2)

En el posteo anterior planteábamos, citando datos de la consultora Real Time Data, que la intolerancia política en su nivel más intenso es más alta dentro del macrismo y del radicalismo que dentro del peronismo y el kirchnerismo y que, al mismo tiempo, los votantes de Macri también están más aislados políticamente, en el sentido de que "la mayoría de sus amigos y familia" piensa en términos políticos como ellos. Asimismo, adelantábamos que esas actitudes políticas de mayor intolerancia y aislamiento correlacionan con una ideología más autoritaria y anti-distribucionista dentro del polo electoral de Cambiemos/Juntos por el Cambio. Esta correlación tiene un clivaje fundamentalmente etario: es sabido que el gobierno anterior era fuerte en los segmentos de electores mayores de 45 años, mientras que el nuevo gobierno predomina entre los electores jóvenes y los adultos de 44 años o menos. En este marco, diversos estudios señalan que el autoritarismo político crece en los dos segmentos etarios superiores y es más bajo en los dos inferiores; lo interesante de esta tendencia es que puede observarse, si bien con matices, en dos electorados tan diferentes como el argentino (ver tabla arriba; click para agrandar) y el de los Estados Unidos (ver gráfico tabla; click para agrandar). En nuestro país, el 64% de los electores menores de 30 años es "poco o nada autoritario", proporción que llega al 53,2% en los electores de 30 a 44 años; en cambio, en los votantes de 45 a 64 años el 52,4% es "muy autoritario o autoritario", guarismo que trepa al 63,6% en los votantes de 65 años y más.  

A fines de 2019, el investigador Pablo Villarreal analiza las posiciones de anti-distribucionismo a partir del desacuerdo con la frase “El Estado debería implementar políticas fuertes para reducir la desigualdad”, y apunta: "Lo llamativo es que en todos los países donde se registra una disminución de la desigualdad, se genera también un crecimiento de las posiciones anti-distribucionistas. Al contrario, en los países donde hay aumentos de la desigualdad, disminuyen las posiciones anti-distribucionistas" (ver gráfico abajo; click para agrandar). Vale decir, cuando se producen procesos de movilidad social ascendente (crecimiento de los sectores medios y baja de la pobreza), crecen las posiciones contrarias a la distribución de riqueza y el intervencionismo estatal entendido en términos de bienestar social. Esto sugiere que el achicamiento de la brecha social entre los deciles genera una suerte de "resentimiento" en aquellos relativamente más acomodados, como si una menor desigualdad fuera percibida en términos de amenaza a su posición relativamente más acomodada.

En el caso argentino, las posiciones anti-distribucionistas se duplican entre 2008 y 2016 (pasan de 5,6% a 11,7%), coincidiendo con el crecimiento de la clase media en el mismo período: según la Asociación Argentina de Marketing (AAM), la clase media típica (C3) pasó de 28,9% a 30,8% entre 2008 y 2014, mientras que la baja superior (D1) se mantuvo (pasó de 32,3% a 32,4%) y la baja/marginal (D2/E) cayó de 15,3% a 13,4% en el mismo lapso (ver gráfico abajo; click para agrandar). Según Villarreal, el anti-distribucionismo "del año 2008 al 2010 pasa de 5,6% a 10,9%, lo que sin dudas está asociado con el efecto sobre las posiciones ideológicas y los discursos en contra de la intervención estatal que tuvo el conflicto entre el gobierno y el campo del 2008. Luego, en el año 2012 vuelve a bajar hasta el 5%, quizás debido al éxito de las políticas anti-cíclicas aplicadas por el gobierno de CFK en respuesta a la crisis financiera global. Finalmente, hasta el 2016 se ve un incremento que llega al 11,7%, lo que es acorde al estancamiento económico de los últimos años del kirchnerismo y la rearticulación de un bloque neoliberal que se mostró abiertamente anti-estatal".

En ese marco, el analista repasa la dicotomía entre dos modelos de justicia distributiva: 1) la justicia de mercado, en la cual el criterio de justicia distributiva a partir del cual se piensa lo justo es un emergente de la repartición de los resultados de la producción social en función de las prestaciones individuales realizadas por los individuos en el mercado, expresadas en sus precios relativos. Aquí, el criterio de recompensa y jerarquización social es el desempeño de las personas medido en su productividad marginal; en el discurso del sentido común, eso se resume en el concepto de "meritocracia". Por contraposición, en el modelo de justicia social lo justo se determina por normas establecidas políticamente de manera colectiva antes que por contratos entre privados en el mercado. De ello deviene una concepción colectiva de justicia, imparcialidad y reciprocidad, que parte del reconocimiento de derechos civiles y humanos, cuyos ejemplos tradicionales son el acceso a la salud, la seguridad social, la participación en la vida de la comunidad, la protección del empleo y la organización sindical. "En la justicia social, la justicia se piensa como el resultado de una construcción social, por lo tanto, se constituye en el conflicto y está sujeta a cambios históricos. Lo que es justo socialmente surge de la movilización política y se regula a través de instituciones sociales formales. Todo esto, por lo tanto, está mediado por el contacto permanente con el otro, reconociendo sus carencias y necesidades. En la justicia de mercado, en cambio, la justicia es concebida como el resultado de reglas de orden general que son a-históricas y socialmente descontextualizadas: se basa en la teoría económica ortodoxa según la cual el mercado recompensa productividades y asigna precios que representan el punto de equilibrio del mercado, o lo “justo”. Por esta razón, la justicia de mercado se presenta como una justicia natural en la que el contacto con otros se reduce a la competencia en el mercado. De ahí que los discursos que impugnan la justicia social como un modo de “ensuciar” el libre juego de las fuerzas del mercado, sean también aquellos que resaltan valores como el mérito, el individualismo o la aversión a la intervención redistributiva del Estado", caracteriza Villarreal.

Planteados ambos modelos, resulta pertinente medir su incidencia social, dado que la correlación de fuerzas actual entre ellos en términos de afinidades, identificaciones y posicionamientos políticos, junto con las articulaciones que se presentan con otros discursos sobre lo social, constituyen el plexo de condiciones de base a partir del cual puede proponerse un programa de gobierno "reformista". Villarreal plasma la distribución porcentual entre las diversas posiciones con respecto a la justicia distributiva, construidas a partir de la combinación de respuestas de los encuestados a preguntas que buscan rastrear su nivel de acuerdo con frases que denotan anti-sindicalismo, individualismo, oposición a la intervención distributiva del Estado por medio de planes sociales y el reconocimiento de la importancia de la solidaridad en los logros personales. De allí surge un 26,4% que se posiciona a favor de una justicia de mercado intensa (JMI), un 41,3% a favor de una justicia de mercado moderada (JMM), un 22,8% a favor de una justicia social moderada (JSM) y un 9,5% a favor de una justicia social intensa (JSI; ver gráfico arriba, click para agrandar). Como puede advertirse, el núcleo duro más intenso a favor de la justicia de mercado casi triplica al núcleo más intenso a favor de la justicia social. Las posiciones a favor de una justicia de mercado suman 67,7%, confirmando la afirmación de Villarreal en el sentido de que "el momento presente, con imaginarios sociales dominados por una profunda aversión a la redistribución de los ingresos y la riqueza, y más aún si es llevada a cabo por la intervención estatal, es el corolario de los sentidos y los discursos sobre la justicia distributiva que se gestaron al fragor de los conflictos del bienio 2008-2009. Estamos hablando de un largo período que culmina con el aumento de la desigualdad durante el macrismo, y que es la expresión de esa tendencia creciente en la demanda de una igualdad meramente de oportunidades, una retracción en el rol distributivo del Estado y una justicia distributiva basada en los mecanismos del libre mercado". 

Cabe apuntar, sin embargo, que estos resultados no son representativos del total país, sino de la provincia de Buenos Aires (PBA), ya surgen de la encuesta realizada por el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracia (Gecid-IIGG), que abarcó PBA durante la última semana de mayo de 2018, con un total de 1.800 encuestas vía IVR (en función del tamaño, los errores muestrales correspondientes son de +/- 2,3%  para el total de PBA). Como puede advertirse, las tendencias son previas al resultado de las PASO de 2019 y la victoria del Frente de Todos el 27-O, con lo cual se plantea la hipótesis de cómo serían esas posiciones hoy en el total nacional, luego del cambio de gobierno (que puede decodificarse como un repliegue relativo del discurso abiertamente anti-estatal). Si bien no contamos a nivel país con un estudio del tipo realizado por Gecid-IIGG, un buen proxy puede ser el estudio nacional realizado por la consultora Clivajes en diciembre de 2019. Se trata de un sondeo online sobre una muestra de 647 casos, que arroja un error muestral de +-3,85%. Allí, se midieron de manera guiada las percepciones acerca del rol del Estado: un 58,6% se inclinó por un rol fuerte (suma de casi 33% que opina que debe intervenir y regular el mercado + casi 26% que cree que debe ser el principal responsable del crecimiento económico), vs 40,2% que se decantó por un rol subsidiario (12,4% que cree que no debe participar + casi 28% que cree que debe limitarse a asegurar el libre funcionamiento del mercado; ver gráfico arriba, click para agrandar). Así, tenemos casi 60% de opiniones más bien estatistas (superior al 48,24% obtenido por el Frente de Todos) vs un 40% de opiniones pro-mercado, un guarismo que se ubica en el orden de magnitud del resultado obtenido por Juntos por el Cambio en octubre pasado: 40,24%.