En este punto, Pablo Villarreal introduce su segunda hipótesis: "si en la Argentina se intensificaron las críticas a la intervención distributiva por parte del Estado justo cuando los niveles de desigualdad presentaban una tendencia a la baja; y si esas posiciones articularon una base social que apoyó y legitimó cuatro años de distribución regresiva del ingreso (en referencia al gobierno de Cambiemos), es porque se han mantenido sedimentados en el sentido común imaginarios de corte neoliberal donde el criterio de justicia de mercado ocupa aún un lugar preponderante. Estos imaginarios modulan con dos formas de posicionamiento social que se han extendido en nuestras sociedades durante los últimos años: el primero es de corte conservador y se traduce en un temor al avance de la democratización del consumo que tuvo lugar durante los años de gobierno popular, en la medida en que cuestiona el statu quo y trastoca las posiciones en la jerarquía social que habían sido previamente establecidas; por otro lado, articula muy bien con los discursos que demandan “reglas de juego claras” y el “normal funcionamiento” de una sociedad, funcionamiento que en su “normalidad” siempre tiene por detrás las premisas de la competencia, la meritocracia y una justicia distributiva definida por el libre mercado". Acto seguido, el analista propone develar cuales son las posiciones ideológico-políticas que demuestran mayor afinidad con los discursos anti-distribucionistas. Para ello, cruza las respuestas sobre la justicia distributiva con las respuestas a una pregunta que rastrea el nivel de punitivismo social de los encuestados, que apunta al núcleo de sentido de lo que durante el macrismo se denominó “doctrina Chocobar”, a partir del acuerdo o desacuerdo con la frase "Para resolver crímenes muy graves, a veces es necesario que la policía rompa algunas reglas". Aquí, el hallazgo es que quienes están muy de acuerdo o de acuerdo con esa postura son partidarios de una justicia de mercado (JMM o JMI) en proporciones que van del 75,3% al 94,1%, mientras que quienes están en desacuerdo con ella prefieren una justicia social (JSM o JSI) en guarismos que van del 51,8% al 67% (ver gráfico arriba; click para agrandar). Nuevamente, las posiciones más pro-mercado sintonizan con una línea de seguridad más represiva y cercana a la "mano dura", al contrario de lo que sucede en las posiciones más favorables a una idea de Estado de Bienestar.
Así, Villarreal afirma: "en todos los casos que hemos visto, la opción por la justicia de mercado es más fuerte en los individuos conservadores, punitivos y autoritarios. Por lo tanto, esto desmiente de plano los discursos de los gurúes económicos liberales, libertarios y ultra ortodoxos que ven en el mercado el reino absoluto de las libertades humanas. Al contrario, tal como lo hemos demostrado, la justicia de mercado aparece una y otra vez asociada a las posiciones más autoritarias y antidemocráticas que tienen su fundamento en el desprecio de la diversidad, los derechos civiles y las libertades individuales más allá de la esfera económica". Es decir, las posiciones pro-mercado, más que posiciones liberales en el sentido amplio de esa ideología, aparecen asociadas a una postura de Estado acotado a sus funciones más represivas. En términos de identificación política, la correspondencia de esa matriz de pensamiento con la intención de voto a Juntos por el Cambio/Cambiemos (recordemos que el estudio se realizó antes del turno electoral de 2019, con lo cual no se contrasta contra el voto efectivo) se verifica en las correlaciones: alrededor del 48% de sus electores potenciales son partidarios de una justicia de mercado intensa (JMI), mientras que quienes se inclinan por el Frente de Todos se decantan por posiciones más cercanas a la justicia social moderada (JSM; ver gráfico arriba, click para agrandar).
Aunque las diferencias de casuística son evidentes, es nítida la relativa sintonía ideológica entre los votantes potenciales del Frente de Todos y los de izquierda (FIT) en estos indicadores. "Es interesante ver que en las fuerzas más a la derecha, Juntos por el Cambio y Consenso Federal, los votantes se abroquelan con claridad en el polo de la justicia de mercado; en cambio, las fuerzas más a la izquierda articulan posiciones más diversas con respecto a la justicia distributiva. En particular, es llamativo que cuando se comparan la fuerzas electorales según su posición con respecto a la justicia distributiva, los votantes de Todos se ubican con claridad hacia el polo más extremo de la justicia social, pero cuando analizamos al interior de esta fuerza, los posicionamientos tienden a templarse e incluso se inclinan hacia la JSM", plantea Villarreal, quien interpreta que eso confirma la amplia legitimación de la justicia de mercado en la sociedad como herencia arraigada de la construcción neoliberal del sentido común: "incluso entre los votantes de la fuerza electoral que se plantea más abiertamente partidaria de la justicia social, un amplio sector se inclina por la justicia de mercado" (si bien moderada: nada menos que casi un 35%). El analista completa su análisis a través del acuerdo con la frase "Las Fuerzas Armadas han perdido el lugar que deberían tener en nuestra sociedad". Allí, los votantes potenciales del Frente de Todos y los del FIT quedan en el polo de los poco o nada autoritarios, en contra de las FF.AA. y favorable a la justicia social, mientras que los votantes potenciales de Consenso Federal y Juntos por el Cambio se agrupan en el polo de autoritarios y muy autoritarios, partidarios de la justicia de mercado y más cercanos a las FF.AA (ver gráfico arriba; click para agrandar).
Estos datos, tomados en provincia de Buenos Aires (PBA) en mayo de 2018, resultan consistentes con un estudio más reciente, realizado por la consultora Proyección en el mismo distrito entre el 14 y el 22 de noviembre de 2019 sobre una muestra de 939 casos, mediante un cuestionario estructurado y un reclutamiento online. En general, casi el 60% de los electores rechaza la intervención de las Fuerzas Armadas: el 58,1% cree que no deberían intervenir nunca (ver datos arriba; click para agrandar). Sin embargo, el informe, al ser poselectoral, permitió detectar sensibles diferencias entre los votantes de Juntos por el Cambio y los del Frente de Todos a la hora en este issue: los primeros se muestran mucho más permisivos respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas, con apenas un 25,3% que dice que las FF.AA nunca deberían intervenir, vs casi un 90% que tiene esa misma posición entre los votantes de Alberto y Cristina Fernández (ver datos abajo; click para agrandar). Nuevamente, aunque los datos aparecen limitados geográficamente al distrito PBA, se confirma la correlación entre autoritarismo, ideología pro-mercado y postura más represiva entre los electores de Cambiemos/Juntos por el Cambio.
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