Datos clave de opinión pública de cara al 1-M: del clivaje socioeconómico al político (2)

En el posteo anterior planteábamos, citando datos de la consultora Real Time Data, que la intolerancia política en su nivel más intenso es más alta dentro del macrismo y del radicalismo que dentro del peronismo y el kirchnerismo y que, al mismo tiempo, los votantes de Macri también están más aislados políticamente, en el sentido de que "la mayoría de sus amigos y familia" piensa en términos políticos como ellos. Asimismo, adelantábamos que esas actitudes políticas de mayor intolerancia y aislamiento correlacionan con una ideología más autoritaria y anti-distribucionista dentro del polo electoral de Cambiemos/Juntos por el Cambio. Esta correlación tiene un clivaje fundamentalmente etario: es sabido que el gobierno anterior era fuerte en los segmentos de electores mayores de 45 años, mientras que el nuevo gobierno predomina entre los electores jóvenes y los adultos de 44 años o menos. En este marco, diversos estudios señalan que el autoritarismo político crece en los dos segmentos etarios superiores y es más bajo en los dos inferiores; lo interesante de esta tendencia es que puede observarse, si bien con matices, en dos electorados tan diferentes como el argentino (ver tabla arriba; click para agrandar) y el de los Estados Unidos (ver gráfico tabla; click para agrandar). En nuestro país, el 64% de los electores menores de 30 años es "poco o nada autoritario", proporción que llega al 53,2% en los electores de 30 a 44 años; en cambio, en los votantes de 45 a 64 años el 52,4% es "muy autoritario o autoritario", guarismo que trepa al 63,6% en los votantes de 65 años y más.  

A fines de 2019, el investigador Pablo Villarreal analiza las posiciones de anti-distribucionismo a partir del desacuerdo con la frase “El Estado debería implementar políticas fuertes para reducir la desigualdad”, y apunta: "Lo llamativo es que en todos los países donde se registra una disminución de la desigualdad, se genera también un crecimiento de las posiciones anti-distribucionistas. Al contrario, en los países donde hay aumentos de la desigualdad, disminuyen las posiciones anti-distribucionistas" (ver gráfico abajo; click para agrandar). Vale decir, cuando se producen procesos de movilidad social ascendente (crecimiento de los sectores medios y baja de la pobreza), crecen las posiciones contrarias a la distribución de riqueza y el intervencionismo estatal entendido en términos de bienestar social. Esto sugiere que el achicamiento de la brecha social entre los deciles genera una suerte de "resentimiento" en aquellos relativamente más acomodados, como si una menor desigualdad fuera percibida en términos de amenaza a su posición relativamente más acomodada.

En el caso argentino, las posiciones anti-distribucionistas se duplican entre 2008 y 2016 (pasan de 5,6% a 11,7%), coincidiendo con el crecimiento de la clase media en el mismo período: según la Asociación Argentina de Marketing (AAM), la clase media típica (C3) pasó de 28,9% a 30,8% entre 2008 y 2014, mientras que la baja superior (D1) se mantuvo (pasó de 32,3% a 32,4%) y la baja/marginal (D2/E) cayó de 15,3% a 13,4% en el mismo lapso (ver gráfico abajo; click para agrandar). Según Villarreal, el anti-distribucionismo "del año 2008 al 2010 pasa de 5,6% a 10,9%, lo que sin dudas está asociado con el efecto sobre las posiciones ideológicas y los discursos en contra de la intervención estatal que tuvo el conflicto entre el gobierno y el campo del 2008. Luego, en el año 2012 vuelve a bajar hasta el 5%, quizás debido al éxito de las políticas anti-cíclicas aplicadas por el gobierno de CFK en respuesta a la crisis financiera global. Finalmente, hasta el 2016 se ve un incremento que llega al 11,7%, lo que es acorde al estancamiento económico de los últimos años del kirchnerismo y la rearticulación de un bloque neoliberal que se mostró abiertamente anti-estatal".

En ese marco, el analista repasa la dicotomía entre dos modelos de justicia distributiva: 1) la justicia de mercado, en la cual el criterio de justicia distributiva a partir del cual se piensa lo justo es un emergente de la repartición de los resultados de la producción social en función de las prestaciones individuales realizadas por los individuos en el mercado, expresadas en sus precios relativos. Aquí, el criterio de recompensa y jerarquización social es el desempeño de las personas medido en su productividad marginal; en el discurso del sentido común, eso se resume en el concepto de "meritocracia". Por contraposición, en el modelo de justicia social lo justo se determina por normas establecidas políticamente de manera colectiva antes que por contratos entre privados en el mercado. De ello deviene una concepción colectiva de justicia, imparcialidad y reciprocidad, que parte del reconocimiento de derechos civiles y humanos, cuyos ejemplos tradicionales son el acceso a la salud, la seguridad social, la participación en la vida de la comunidad, la protección del empleo y la organización sindical. "En la justicia social, la justicia se piensa como el resultado de una construcción social, por lo tanto, se constituye en el conflicto y está sujeta a cambios históricos. Lo que es justo socialmente surge de la movilización política y se regula a través de instituciones sociales formales. Todo esto, por lo tanto, está mediado por el contacto permanente con el otro, reconociendo sus carencias y necesidades. En la justicia de mercado, en cambio, la justicia es concebida como el resultado de reglas de orden general que son a-históricas y socialmente descontextualizadas: se basa en la teoría económica ortodoxa según la cual el mercado recompensa productividades y asigna precios que representan el punto de equilibrio del mercado, o lo “justo”. Por esta razón, la justicia de mercado se presenta como una justicia natural en la que el contacto con otros se reduce a la competencia en el mercado. De ahí que los discursos que impugnan la justicia social como un modo de “ensuciar” el libre juego de las fuerzas del mercado, sean también aquellos que resaltan valores como el mérito, el individualismo o la aversión a la intervención redistributiva del Estado", caracteriza Villarreal.

Planteados ambos modelos, resulta pertinente medir su incidencia social, dado que la correlación de fuerzas actual entre ellos en términos de afinidades, identificaciones y posicionamientos políticos, junto con las articulaciones que se presentan con otros discursos sobre lo social, constituyen el plexo de condiciones de base a partir del cual puede proponerse un programa de gobierno "reformista". Villarreal plasma la distribución porcentual entre las diversas posiciones con respecto a la justicia distributiva, construidas a partir de la combinación de respuestas de los encuestados a preguntas que buscan rastrear su nivel de acuerdo con frases que denotan anti-sindicalismo, individualismo, oposición a la intervención distributiva del Estado por medio de planes sociales y el reconocimiento de la importancia de la solidaridad en los logros personales. De allí surge un 26,4% que se posiciona a favor de una justicia de mercado intensa (JMI), un 41,3% a favor de una justicia de mercado moderada (JMM), un 22,8% a favor de una justicia social moderada (JSM) y un 9,5% a favor de una justicia social intensa (JSI; ver gráfico arriba, click para agrandar). Como puede advertirse, el núcleo duro más intenso a favor de la justicia de mercado casi triplica al núcleo más intenso a favor de la justicia social. Las posiciones a favor de una justicia de mercado suman 67,7%, confirmando la afirmación de Villarreal en el sentido de que "el momento presente, con imaginarios sociales dominados por una profunda aversión a la redistribución de los ingresos y la riqueza, y más aún si es llevada a cabo por la intervención estatal, es el corolario de los sentidos y los discursos sobre la justicia distributiva que se gestaron al fragor de los conflictos del bienio 2008-2009. Estamos hablando de un largo período que culmina con el aumento de la desigualdad durante el macrismo, y que es la expresión de esa tendencia creciente en la demanda de una igualdad meramente de oportunidades, una retracción en el rol distributivo del Estado y una justicia distributiva basada en los mecanismos del libre mercado". 

Cabe apuntar, sin embargo, que estos resultados no son representativos del total país, sino de la provincia de Buenos Aires (PBA), ya surgen de la encuesta realizada por el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracia (Gecid-IIGG), que abarcó PBA durante la última semana de mayo de 2018, con un total de 1.800 encuestas vía IVR (en función del tamaño, los errores muestrales correspondientes son de +/- 2,3%  para el total de PBA). Como puede advertirse, las tendencias son previas al resultado de las PASO de 2019 y la victoria del Frente de Todos el 27-O, con lo cual se plantea la hipótesis de cómo serían esas posiciones hoy en el total nacional, luego del cambio de gobierno (que puede decodificarse como un repliegue relativo del discurso abiertamente anti-estatal). Si bien no contamos a nivel país con un estudio del tipo realizado por Gecid-IIGG, un buen proxy puede ser el estudio nacional realizado por la consultora Clivajes en diciembre de 2019. Se trata de un sondeo online sobre una muestra de 647 casos, que arroja un error muestral de +-3,85%. Allí, se midieron de manera guiada las percepciones acerca del rol del Estado: un 58,6% se inclinó por un rol fuerte (suma de casi 33% que opina que debe intervenir y regular el mercado + casi 26% que cree que debe ser el principal responsable del crecimiento económico), vs 40,2% que se decantó por un rol subsidiario (12,4% que cree que no debe participar + casi 28% que cree que debe limitarse a asegurar el libre funcionamiento del mercado; ver gráfico arriba, click para agrandar). Así, tenemos casi 60% de opiniones más bien estatistas (superior al 48,24% obtenido por el Frente de Todos) vs un 40% de opiniones pro-mercado, un guarismo que se ubica en el orden de magnitud del resultado obtenido por Juntos por el Cambio en octubre pasado: 40,24%.