Inclusión y políticas sociales

Según el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP, dirigido por Roberto Bacman), la inseguridad aparece como el problema que genera mayor preocupación social (54,2%) seguida por la educación (38,2%) la corrupción (36,1%) y la desocupación (24,1%) la atención de la salud (20,5%) y la inflación (18,5%), a partir de una pregunta de respuesta múltiple (cada encuestado podía dar más de una, de ahí que los porcentajes sumen más de 100%) realizada de manera telefónica a 1.288 ciudadanos en todo el país, realizada después del conflictivo mes de diciembre de 2010 (tomas del Parque Indoamericano, el Club Albariño y los incidentes en Constitución).

Claramente la encuesta señala que la inseguridad ocupa el primer lugar de la agenda social, seguida a una distancia considerable por demás cuestiones que no dejan de ser sustantivas. Las postales de marginalidad que dejó diciembre llevan a reflexionar sobre los límites del modelo kirchnerista respecto a la mejora de la situación socioeconómica de los argentinos, ya que el país lleva casi 8 años de crecimiento económico y un gasto público récord (10% del PBI más elevado) notoriamente mayor que el de las gestiones anteriores, con varios planes de subsidios y herramientas como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En los hechos la política social del gobierno tiene varias aristas, que en general apuntan a la inclusión social y la reducción de inequidades sociales, pero mientras las primeras son más amplias y permanentes (educación a todos, acceso universal a la salud a todos) por otro lado existen programas para compensar la inequidad que no sirven para resolver situaciones de pobreza estructural, sino que tienen un carácter paliativo que si bien mejora coyunturalmente la situación socioeconómica del beneficiario lo limitan en su desarrollo personal y laboral ya que funcionan como vínculos de dependencia clientelista respecto de quien lo otorgó (aquí entran, por caso, subsidios sin ninguna contrapartida ni capacitación a personas que potencialmente estarían en condiciones de trabajar o llevar adelante una actividad social y personalmente productiva).

En síntesis, las políticas sociales son mejores cuando son más inclusivas y menos "clientelistas" (más allá de que, por supuesto, los aparatos asistenciales y clientelares también obedezcan a lógicas políticas cortoplacistas) y cuando apuntan a resolver problemas estructurales, más que a simplemente mitigarlos. En este sentido, la economista Carola Pessino de la Universidad Torcuato Di Tella afirmó que "los programas sociales en su conjunto, incluyendo el de asignación universal a la niñez y la moratoria previsional en 2009, redujeron la pobreza en alrededor de 10 puntos porcentuales y mejoraron la distribución del ingreso. Las transferencias por programas sociales desde 2006 fueron cubriendo más hogares y aumentando en monto, lo cual ha mejorado la distribución del ingreso y reducido la pobreza postransferencias. Medida por el estándar internacional de 4 dólares diarios, la pobreza en la Argentina disminuye del 25% al 15% después de esas transferencias. Si bien algunas transferencias tienen condicionamientos (como las de vacunación o la asistencia escolar), no existen estudios que muestren que ayude a aumentar el capital humano entre los pobres, y con ello a reducir la pobreza estructural de largo plazo. Esta reducción de la pobreza que se viene dando es dependiente de las transferencias y, por ende, no es duradera" (una apostilla: en Córdoba, la pobreza cayó 8% por la asignación universal por hijo, según el análisis del vicepresidente y economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, Marcelo Capello, quien sin embargo advirtió que desde 2007 la tasa de pobreza decrece poco como consecuencia de la inflación, alcanzando actualmente al 21% de la población).

En cambio, lo realizado por el actual gobierno en materia de empleo es un buen ejemplo de mejora estructural, ya que es obvio que un nuevo puesto de trabajo genuino es cuantitativa y cualitativamente superior a un subsidio o plan social. En ese sentido, entre 2003 y 2009 se crearon cerca de 5 millones de puestos de trabajo de los cuales el 66% corresponde al sector privado, el 12% al sector público y el resto está repartido entre autónomos y monotributistas. La mejora es evidente, incluso tomando como dato punta de la serie el 2009, año de crisis global y local. Las empresas también se vieron favorecidas: entre 2002 y 2009, el producto por trabajador se incrementó un 17%. La evolución de la productividad muestra un incremento del 10% entre 1998 y 2009, cuando se registró el máximo nivel alcanzado durante la Convertibilidad. Además, creció un 36% la cantidad de empresas privadas formales entre 2002 y 2009, y un 22% respecto de 1998, el pico de los ’90. En cuanto al sistema de seguridad social, entre 2002 y 2009 el Programa de Inclusión Previsional y Anticipada agregó 2,2 millones de personas al sistema, y la Asignación Universal por Hijo (AUH) incorporó 3,4 millones de niños, niñas y adolescentes.

En materia salarial, los aumentos de salarios en 2010 oscilaron entre 12 y 41 por ciento; los mayores incrementos entre los trabajadores registrados privados se verificaron al cierre del tercer trimestre en el agro 32,6%; industria 31,4%, y logística 28,6%. En el sector público las subas más destacadas fueron en servicios de salud 41,4% y el Poder Legislativo 32,3%. En parte, esta recuperación en los ingresos explica porqué la inflación, si bien es un tema que preocupa, no está al tope de la agenda social general, aunque seguramente su incidencia es mayor en los segmentos de menores ingresos y no formalizados, que no solamente cobran menos sino que a veces tampoco están alcanzados por los acuerdos salarias que benefician a los trabajadores registrados. En este sentido, el sociólogo Artemio López de consultora Equis ha remarcado que "sin desconocer que los niveles de concentración aún siguen siendo importantes, cuando uno analiza una serie histórica de los últimos 30 años, el modelo implementado por la Argentina desde 2003 logró detener el deterioro en la distribución de la riqueza (...) por primera vez desde el desembarco del modelo neoliberal que vino de la mano de Martínez de Hoz, la Argentina logró que no siga aumentando la brecha entre el 10% de la población de mayores recursos y el 10% que menos percibe. En términos socioeconómicos, la herencia de los ’90 fue una verdadera bomba, con un índice de pobreza que alcanzaba el 54% y la indigencia el 27%(...) Las mejoras tienen que ver, sin dudas, con el incremento en los niveles de empleo formal, y con una gran medida en materia de política social como la Asignación Universal por Hijo. Y también con la captación de renta extraordinaria a los sectores de mayor concentración, como es el caso de las retenciones al sector agroexportador".

López destaca que el coeficiente GINI que mide la desigualdad estaba en 0,56 en 2003 (Néstor Kirchner asumió en mayo de ese año) y bajó a 0,43 a finales de 2010, mientras que la brecha entre el 10% más rico y más pobre estaba en 32 veces en 2003 en tanto hoy, con la AUH asignada sobre 3,7 menores de 18 años asciende a 17 veces. La incidencia de la pobreza, que era de 54% en 2003, hoy es de 22,3%, y la indigencia, que ascendía a 27%, hoy se estaciona en 5,7%. Una mejoría, que sin embargo no debe hacer perder de vista lo lejos que se está todavía de los indicadores de 1974: coeficiente de GINI 0,35, brecha 12 veces, pobreza 6%, indigencia 2%, época cualitativamente superior desde el punto de vista de la calidad y formalidad del empleo (actualmente, 38% de los empleados bajo relación de dependencia está informalizado, mientras que en el año 1974 sólo el 14% trabajaba "en negro") y la mayor homogeneidad (o menor asimetría) al interior del mercado de trabajo formal, ya que actualmente el 20% de la cúspide de la pirámide se apropia del 52% de la masa salarial total y el 30% de la base apenas del 9,8%, contra una menor disparidad salarial en el año 1974, ya que aún no había sufrido los efectos de la desindustrialización iniciada con la dictadura ni la flexibilización y precarización laboral promovida en los años '90.

Por su parte, la consultora Ecolatina estima que a pesar del fuerte crecimiento del país, tres de cada diez argentinos son pobres: en 2010 la pobreza afectó a 30,9% de la población y la indigencia a 10,6%. "Si bien en ambos casos se observó una reducción respecto a la media de 2009 (31,1% y 11,1% respectivamente), la mejora sólo fue significativa en el caso de la pobreza extrema", destaca el informe. La consultora evalúa que tras un año de fuerte recuperación y mejoras significativas en la mayoría de las variables económicas, la reducción de la pobreza e indigencia ha sido magra por culpa de la aceleración de la inflación, ya que la presión inflacionaria, que impactó especialmente en alimentos, perjudicando a los sectores más bajos. En 2010, según Ecolatina, la inflación trepó al 26,6%, la cifra más elevada desde la devaluación. Cerca del 60% de la suba del período se explica por el alza en los alimentos, lo cual plantea que para reducir la pobreza e indigencia se necesita simultáneamente crear empleo y contener los precios, especialmente de los productos básicos.