Los republicanos, victoriosos en las elecciones legislativas del 2 de noviembre de 2010, tomaron la semana pasada el control de la Cámara de Representantes, con la mira puesta en recuperar la Casa Blanca en 2012. Los opositores al presidente Barack Obama prometieron recortar el gasto público y reducir el tamaño del gobierno, y esperan obtener la derogación de la reforma insignia del presidente sobre la cobertura de salud, si bien han postergado la votación al respecto a raíz del atentado en Tucson. Recientemente, el economista Guillermo Calvo evaluó que "los republicanos están fuera de sí. Todo lo que propone Obama, ellos dicen que no. Y la gente está insatisfecha. Si bien el producto está recuperándose, el empleo es lo que determina los votos".
En diciembre pasado, la creación neta de empleos en EE.UU fue considerada decepcionante por los analistas: si bien la tasa cayó cuatro décimas, situándose en el 9,4% (desde el 9,8% de noviembre), el descenso no obedece sólo a que más gente haya encontrado trabajo, sino al hecho de que muchos estadounidenses han desistido en su búsqueda laboral. En términos absolutos, en diciembre había 14,5 millones de estadounidenses desempleados; del total de desempleados, un 44,3% llevan sin trabajar como mínimo 27 semanas. El último dato conocido, correspondiente a la semana pasada, arroja que la cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU Unidos aumentó en 35.000, ubicándose en 445.000, el nivel más alto en más de dos meses.
Por otro lado, la pobreza alcanza cifras históricas y el mercado inmobiliario sufre la crisis de las hipotecas impagas. Recientemente, el premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz comparó que "la tasa de pobreza de la Argentina se ha reducido en unas tres cuartas partes en relación con el momento peor de su crisis y este país capeó la crisis financiera mundial mucho mejor que los EE.UU (...) lamentablemente, las decisiones del nuevo año adoptadas en Europa y en los Estados Unidos fueron erróneas, y la consecuencia será, casi con toda seguridad, una recuperación más lenta e incluso una mayor demora antes de que el desempleo baje hasta niveles aceptables". En ese sentido, el economista recomendó reestructurar las deudas de los propietarios de viviendas y la del gobierno, y dejar de prestar atención a quienes piden austeridad. En síntesis, seguir una receta distinta del ajuste. No parece sencillo que la sugerencia de Stiglitz prenda en EE.UU: el republicano Eric Cantor, jefe de la nueva mayoría de la Cámara de Representantes, anticipó que su partido propondrá cada semana un proyecto de ley de reducción de gastos, confirmando una posición política intransigente, con eje en el achicamiento del gobierno.
Hace pocos días, el secretario del Tesoro estadounidense Timothy Geithner solicitó al Congreso que eleve el tope de la deuda pública, lo que augura una nueva batalla política sobre el masivo déficit fiscal. Según Geithner, EE.UU podría alcanzar el límite legal de su capacidad de endeudamiento tan pronto como "el 31 de marzo", lo que podría generar consecuencias "catastróficas", como un virtual default del país más poderoso de la Tierra, a menos que el Parlamento eleve el umbral. "Solicito al Congreso que actúe para elevar el tope desde el inicio de este año, antes de que la amenaza de cesación de pagos se torne inminente (...) incluso una moratoria limitada o de corto plazo tendría consecuencias económicas catastróficas que podrían durar por décadas", advirtió el funcionario. El Congreso había elevado por última vez el tope de la deuda a 14,3 billones (millones de millones) de dólares en febrero de 2010. La deuda alcanza actualmente 13,9 billones de dólares. Sin embargo, los legisladores republicanos amenazan con oponerse a un incremento del límite de la deuda, advirtiendo que cerrarían sectores enteros de la administración y el gobierno con tal de batir el déficit.
Claramente, la receta que prefieren los republicanos (responsables por la actual crisis) es el ajuste. La nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes comenzó a discutir una serie de reformas encaminadas a reducir el tamaño del Estado y a atar las manos del gobierno para reducir su actividad al mínimo, la más importante de las cuales impediría al gobierno asumir nuevos gastos compensados con aumentos de impuestos: hasta ahora, para que el Congreso pasara una ley, la oficina del Presupuesto debía certificar que los nuevos gastos solicitados por el Ejecutivo se contrarrestaban con otras reducciones o nuevos impuestos, con el objetivo de no aumentar el déficit público. Lo que los republicanos pretenden es que, por ley, el gobierno tenga prohibidas las subidas de impuestos para compensar un gasto: si quiere gastar más, tendrá que reducir cantidades idénticas en otras partidas. “Estas reformas representan el primer paso para mantener la promesa que hicimos de cambiar la forma en que se trabaja en Washington”, manifestó el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. Puede que algunas de esas reformas sean aceptadas por los demócratas, pero las que afectan al manejo del déficit y del gasto público abrirán un fuerte debate ideológico sobre el papel del Estado.
Lo peor es que esta línea dura de la oposición a Obama no sólo se hace patente en materia económica sino que impregna también otros aspectos, como la política inmigratoria. Legisladores estatales de Arizona, Pensilvania, Oklahoma, Carolina del Sur y Georgia han propuesto crear dos tipos de actas de nacimiento, una para los hijos de ciudadanos estadounidenses y otra para los hijos de indocumentados, buscando así reformar la enmienda 14 de la constitución (que otorga, desde 1868, la ciudadanía automática a todas las personas nacidas en ese país, sin importar el estatus migratorio de sus padres). La retórica para defender el proyecto es preocupante: los promotores de la iniciativa dijeron que los indocumentados son un "veneno" y adujeron que muchos inmigrantes sin papeles cruzan la frontera con el único fin de tener hijos en Estados Unidos y anclarse así en el país, lo que generó la réplica de defensores de los derechos de los inmigrantes en Arizona, quienes se manifestaron indignados por ese tipo de "iniciativas discriminatorias”, como expresó Lydia Guzmán, de la organización Respecto/Respeto.
El atentado en Tucson, Arizona (que mató a seis personas e hirió de gravedad a una congresista defensora de la reforma de Salud y los derechos de los inmigrantes)reactivó la alarma en EE.UU, a raíz de la violencia verbal que impregna la retórica y el discurso político, en especial por parte del "ala dura" republicana, el ultraconservador "Tea Party". Después de Tucson, la clase política lanzó un llamado público para bajar el tono discursivo, que alcanzó temperaturas extremas durante la última campaña electoral, con temas candentes como el plan de salud o la reforma migratoria. De hecho, la congresista demócrata Gabrielle Giffords, que recibió un disparo en la cabeza cuando se disponía a reunirse con votantes, había sido criticada en la última campaña por los conservadores, ya que apoyó la reforma sanitaria de Obama (el día que esa medida fue aprobada en la Cámara de Representantes, su oficina fue objeto de un ataque vandálico).
La ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2008 y líder del Tea Party, Sarah Palin, así como el ex contrincante de Gabrielle Giffords en el Congreso, Jesse Kelly, publicaron en la última campaña mensajes en Internet donde apuntaban con un fusil (en el caso de Palin) o con un M-16 automático (Kelly) a los respectivos adversarios de sus campañas. En este sentido, algunos analistas creen que el tiroteo de Tucson da al presidente Obama la oportunidad de recuperar el liderazgo frente a sus detractores de la derecha; el antecedente que consideran es el atentado de Oklahoma, que cambió la percepción del ex presidente demócratada Bill Clinton y lo condujo a la reelección, después de sortear la amenaza del ala conservadora republicana (triunfante en las elecciones de medio término) liderada por Newt Gingrich. Según datos de Reuters, el 50% de los entrevistados aprueba lo hecho hasta ahora por Obama, por encima del 40% de hace seis meses.
El atentado de Tucson reactualiza el debate sobre el control de la venta de armas de fuego. Jared Lee Loughner, un anglosajón de 22 años, usó una pistola semiautomática Glock para perpetrar su ataque. En Arizona, sólo aquellas personas que fueron halladas culpables de un delito o declaradas mentalmente incompetentes están impedidas de adquirir un arma. En julio pasado, entró en vigor otra ley estatal que permite a los residentes portar un arma de fuego oculta sin necesidad de haber terminado algún tipo de entrenamiento. Para peor, el senador estatal republicano Ron Gould anunció que presentará una iniciativa que otorgará más derechos a los propietarios de armas en el estado de Arizona, que en caso de ser aprobada permitiría a todas aquellas personas que cuentan con un permiso para portar armas llevarlas a centros de educación superior, como colegios comunitarios y universidades públicas. El año pasado, el Estado de Arizona propició, montado en una ola xenófoba, la sanción de la Ley SB1070, más conocida como “Ley Arizona”, en la que se profundizaron las trabas a la inmigración y se equiparó a los extranjeros sin papeles con delincuentes comunes.
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