La provincia de Córdoba es el segundo distrito electoral más importante del país, después de la provincia de Buenos Aires, ya que la actualización del padrón en las elecciones de este año arrojó que superó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cantidad de ciudadanos habilitados para votar. El distrito bonaerense cuenta con alrededor de 10 millones 600 mil votantes, en tanto que Córdoba roza los 2 millones 500 mil (2.499.000) y la Ciudad de Buenos Aires alcanza alrededor de 2.467.000 (la provincia de Santa Fe es el cuarto, con 2.438.983 ciudadanos habilitados para votar).
A su vez, Córdoba Capital es la segunda ciudad con mayor cantidad de electores (poco menos de un millón) por delante de Rosario, a la que también supera en total de población.
A nivel provincial, José Manuel De la Sota asumió este 10 de diciembre la gobernación por tercera vez, luego del mandato de Juan Schiaretti, perteneciente al mismo signo político del gobernador entrante (PJ, dentro del frente Unión por Córdoba-UPC), pero que no pudo optar a un nuevo mandato por haber sido vice de De la Sota en su anterior gestión. De la Sota triunfó con holgura en las elecciones del 7 de agosto, con unos 14 puntos porcentuales de ventaja sobre Luis Juez y más de 20 puntos sobre el tercero, el radical Oscar Aguad.
Sin embargo, De la Sota enfrenta el desafío de recomponer relaciones con la presidenta Cristina Fernández, reelegida con una abrumadora superioridad sobre los contrincantes opositores (unos 37 puntos de ventaja sobre el segundo, Hermes Binner) e incluso triufante también en la provincia de Córdoba (si bien con una ventaja menor que en el resto del país) un distrito que siempre le fue esquivo al kirchnerismo (en las legislativas de 2009 el Frente para la Victoria/FPV quedó en cuarto lugar y en las presidenciales del 2007 Roberto Lavagna aventajó a Cristina; en las presidenciales del 2003, Néstor Kirchner fue relegado al cuarto puesto).
Pese al peso político del distrito, el FPV no tuvo candidato propio en la elección provincial que consagró a De la Sota para un nuevo período, ni tampoco concurrió acompañando al vencedor de la contienda, reflejo de la difícil relación y la desconfianza mutua que tradicionalmente se dispensaron UPC y el FPV en Córdoba. Recrear la relación con Cristina es uno de los principales desafíos que se le presentan al gobernador entrante, necesitado además de los fondos de la Nación para llevar adelante una gestión sin mayores sobresaltos (entre las urgencias de financiamiento, se destaca la situación de la Caja de Jubilaciones, cuyo déficit asciende a más de 1.000 millones de pesos). Su primer gesto en esa línea -después de la contundente victoria de Cristina en las primarias y advertido por el FPV de que no podría "colgar" su boleta como colectora de la presidenta- fue bajar la lista propia de diputados nacionales del PJ que había concurrido (con magro resultado) el 14 de agosto, pero sin duda se viene una negociación en la que esa acción no será el único elemento a sopesar.
Mientras que el triunfo de De la Sota supuso una nueva decepción para el radicalismo provincial, Córdoba Capital le dio revancha en la elección de intendente del 18 de septiembre, con el triunfo de Ramón Mestre (h), quien a partir de su asunción al cargo el 10 de diciembre se transforma en el radical que gobierna el distrito más importante en número de electores en todo el país, capital político que sin dudas es una gran oportunidad para el joven intendente.
Sin embargo, Mestre enfrenta una situación financiera muchísimo más delicada que la de la provincia, con un municipio disfuncional (aquejado no sólo de exceso de personal sino de mala distribución del mismo) como herencia de las pasadas gestiones (entre ellas las del derrotado candidato a gobernador Luis Juez, quien tras su gestión como intendente incorporó una fuerte masa de empleados municipales para construir una estructura política "rentada" que compensara en la Capital su falta de estructura política en el interior).
Además, el hijo del fallecido ex gobernador y ex intendente deberá reconstituir el principio de autoridad de la figura del intendente, severamente lesionado a partir de 1999 (inicio del mandato de Germán Kammerath) y que tocó un piso histórico durante la gestión de Daniel Giacomino, quien inició su mandato en 2007 como aliado de Juez y terminó enfrentado con éste y enrolado en el kirchnerismo (acaba de asumir como diputado del FPV). Lo delicado de la situación obliga a Mestre a mantener una buena relación tanto con la provincia como con la Nación, pese a no participar del signo político de ninguna de esas dos gestiones.
A este análisis desde la perspectiva política, cabe aportarle una mirada desde la opinión pública cordobesa, que a lo largo de las tres principales elecciones de este año mostró que ningún político es dueño de los votos: como gobernador votó a De la Sota, un peronista no K y como presidenta, a Cristina Fernández, líder del FPV, en tanto que en la Capital eligió a Mestre, un radical. Más allá de las diferencias de signo político, está claro que los cordobeses votaron en la provincia y en el país continuidad de gestión, mientras que en la Capital apostaron a un cambio de gestión. Ahora, reclamarán de sus gobernantes en cada nivel que gestionen y dejen las diferencias políticas para más adelante.
