YPF y sus repercusiones en la opinión pública

Repasemos algunas de las principales repercusiones del tema YPF en la opinión pública argentina en las últimas semanas: 


1) mejoría en la imagen presidencial: tras la expropiación de la petrolera YPF a la  española Repsol, se incrementó el apoyo a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, cuya gestión es respaldada por 60 por ciento de los argentinos.  En general, las encuestas señalan que la decisión benefició al gobierno, ya que YPF ha sido sido tradicionalmente un símbolo caro a los sentimientos patrióticos, nacionalistas (con cierto sesgo pro-estatista) argentinos.


Diversos sondeos marcan que entre 50% y 74% de la población está de acuerdo con el rescate estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la mayor empresa del país, después de dos décadas de haber sido privatizada durante la gestión de Carlos Menem. El balance es ampliamente positivo para la popularidad de Cristina Fernández, que remontó  dos meses de performance en baja en las encuestas retomando la iniciativa política con esta medida, acompañada asimismo de un eficaz manejo de la agenda: el apoyo a su gestión subió hasta 60%, niveles similares a los que tenía al iniciar su primer mandato en 2007 y al comenzar el segundo, luego de haber sido reelecta con un 54% de los votos. El dato es más notable si se considera que el kirchnerismo lleva ya 9 años en el poder. 


El Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) reportó que el 74% de los argentinos está de acuerdo con la decisión del gobierno; entre el 67,1% que dijo conocer los motivos de la expropiación, el 35,2% opinó que Repsol no hizo las inversiones necesarias y 33% que el Estado debe ser quien controle los recursos nacionales estratégicos. Asimismo, más del 60% se inclinó por la opinión de que en manos estatales la empresa será bien administrada, y 60,9% calificó de manera negativa la gestión de Repsol. 


2) Con todo, el apoyo no es incondicional sino que presenta también matices críticos: entre 39%  y 44% considera que el gobierno fue responsable de que la española Repsol no cumpliera con sus inversiones y sumergiera al país en una crisis energética. Según una encuesta de Poliarquía, el 62% de los argentinos apoya las medidas del gobierno nacional en relación a YPF (26% dijo estar muy de acuerdo y 36% de acuerdo) en tanto que un 31% la rechaza y 7% no se definió. Sin embargo, un 44% responsabiliza al gobierno por la política energética que ha transformado al país en importador de petróleo, en tanto que un 36% culpó fundamentalmente a Repsol. 


Según ese estudio, hay una alta correspondencia entre la opinión de los encuestados respecto de la expropiación y su identificación política: casi 9 de cada 10 argentinos que admitieron haber votado por Cristina Fernández en las presidenciales de 2011 se mostraron de acuerdo con la medida impulsada por el gobierno; el 92% de quienes tienen una imagen positiva de la presidenta adhieren a la iniciativa. Por regiones, donde menor adhesión presentó la medida fue en Capital Federal, con 45% de rechazo y 49% de apoyo; en el Gran Buenos Aires, 60% apoya la expropiación (32% la rechazó), y en el interior del país el aval crece hasta 66%, con intensidades muy altas (hasta 40% se declaró "muy de acuerdo" con la medida y apenas 25% de rechazo). Asimismo, 49% consideró que la medida tendrá un impacto positivo para la economía del país, en tanto que un 31% cree que será negativo (un 9% valoró que no tendrá impacto). 


3) La medida goza de apoyo porque sintoniza con la idiosincrasia mayoritaria del argentino: el consultor Enrique Zuleta Puceiro, titular de OPSM, evaluó que "una amplia mayoría de la sociedad argentina recibió una noticia sorpresiva pero, por muchas razones, deseada y en el fondo previsible (...) La privatización de YPF jamás contó, en efecto, con dosis de consenso equivalentes a las del resto de los servicios públicos. Una visión retrospectiva de la evolución de los niveles de apoyo de las reformas iniciadas  a principios de los años 90 demuestra con claridad que los mayores consensos se produjeron respecto de los servicios públicos domiciliarios de carácter universal, sobre todo teléfonos, distribución de gas y electricidad, agua y saneamientos urbanos (...) La exploración y explotación privada de petróleo y gas fue siempre resistida y no por una suerte de fundamentalismo mágico nacionalista, sino por el rechazo de la mayor parte de las fuerzas políticas tradicionales, los viejos y nuevos movimientos sociales y la opinión mayoritaria de técnicos y especialistas (...) La presencia universal del Estado en un sector pensado desde siempre como estratégico fue una demostración viva y permanente de la rara e inexplicable singularidad del caso argentino. Los resultados del experimento español convocaron un rechazo poco menos que absoluto. Bastó que el gobierno lo reconociera y encabezara la reacción reparadora para que los indicadores de consenso se dispararan con la contundencia que revelan los datos disponibles". 


Según las tendencias relevadas por la consultora OPSM a nivel nacional, un 75,6% se manifiesta de acuerdo con la expropiación de la mayoría accionaria de la compañía (el desacuerdo es del 18,3%, porcentaje donde el rechazo absoluto llega apenas a un 3,7% de la población) lo que releva un aval contundente al contenido y objetivos de la medida, si bien existen matices en cuanto a los aspectos formales: un 42,1% hubiera preferido una negociación en buenos términos con Repsol, en tanto que un 51,8% refrendó el método escogido por el gobierno. Los porcentajes de expectativas de mejora de la situación de la nueva YPF alcanzan proporciones cercanas o superiores al 70% en temas clave como la capacidad de inversión, desempeño técnico, resultados económicos y sobre todo contribución del nuevo esquema al autoabastecimiento energético, en tanto que los puntos más debatidos se refieren a la capacidad de gestión estatal. Un 73,1% se mostró optimista respecto al futuro de YPF. "El clima de época -por cierto no exclusivo de la Argentina-, la búsqueda de mayor protección estatal y el fracaso de las recetas privatizadoras explica que un 62% reclame mayor intervención estatal en otros sectores estratégicos" interpreta Zuleta Puceiro.