Balance: una década de política K (3)

El papel del Estado en tanto que actor político fundamental no puede reducirse al mero arbitraje y la neutralidad: necesariamente operará a favor de ciertos sectores y en contra de otros, cualquiera sea la constelación de factores de poder preexistente a su intervención. Un poder político que siempre eluda la confrontación y el antagonismo se autocondena a la impotencia y al mantenimiento del status quo; cualquier consenso resulta de una articulación hegemónica, de la victoria temporal de una determinada coalición de fuerzas políticas.

Si no puede haber consenso universal desprovisto de problematicidad, se deduce que su carácter es necesariamente provisorio o, como lo expresa Laclau (en la foto que ilustra este post, junto con Néstor Kirchner), performativo: “la unidad de un conjunto de sectores no es un dato, es un proyecto de construcción política. El significado político de un movimiento depende de la articulación hegemónica con otras luchas y reivindicaciones". El autor plantea así el carácter incompleto, abierto y políticamente negociable de toda identidad: "la relación de articulación no es una relación de necesidad. La hegemonía supone el carácter incompleto y abierto de lo social, que sólo puede construirse en un campo dominado por prácticas articulatorias”.

Creemos que la recuperación del poder ordenador del Estado (otro de los rasgos de la década K) es representativa de estos conceptos y de las tensiones inherentes a la categoría de hegemonía. Durante esta década, la magnitud y gravitación del Estado crecieron cuantitativamente y cualitativamente, traduciéndose en incumbencias más amplias y complejas. Ese ese cambio en el rol estatal no careció de polémica, confrontación y antagonismo; y aun así, se construyó consenso en torno a la revalorización del Estado. Recientemente, desde Página/12 Raúl Kollman repasó datos de una encuesta de la consultora CEOP (de Roberto Bacman): “hay un 71 por ciento de los consultados que están de acuerdo con la AUH, es decir que es una medida que tiene un enorme consenso. Pero otras decisiones, que incluso produjeron un enorme rechazo mediático, y lo siguen produciendo, como la estatización de YPF, Aerolíneas Argentinas y las AFJP, también tienen un respaldo ampliamente mayoritario. Se lanzaron argumentos sobre una supuesta inseguridad jurídica, las pérdidas de la aerolínea, se les dio gran repercusión a las quejas españolas, pero la gente se mantuvo muy firme en la mirada. La estatización de YPF tiene el apoyo del 74 por ciento de los consultados, es decir, tres de cada cuatro argentinos. La estatización de Aerolíneas cuenta con el respaldo del 64 por ciento y la de las AFJP con el 62. Pero la presencia estatal cuenta con aprobación también en el área de medios. Y hubo –y hay– una furibunda condena mediática al Fútbol para Todos, señalando que el Estado no tiene por qué meterse ni financiar las transmisiones. Sin embargo, es una de las medidas más apoyadas del kirchnerismo: nada menos que el 88 por ciento la respalda. Respecto de la ley de medios, el apoyo estuvo desde un principio, ni bien se aprobó en el Congreso, y sigue en el 67 por ciento, pese al furibundo cuestionamiento desatado en los tres últimos años y al hecho de que la ley está trabada por la Justicia desde que se votó”.

Huelga decir que ese consenso no es universal y tampoco ha sido conquistado de una vez y para siempre: su historicidad es inseparable de su carácter provisorio, resultante de una articulación hegemónica determinada. Asimismo, el formato particular de intervencionismo kirchnerista muestra aciertos, desaciertos y grises, que van desde la extensión de la cobertura previsional a niveles récord hasta, en el otro extremo, la incompetencia, la imprevisión e incluso la corrupción que se pusieron de manifiesto en tragedias como la de Once y las inundaciones de Buenos Aires. Como lo expresó Mario Wainfeld en Página/12, “el kirchnerismo sacó al país de un pozo con decisiones básicas y bien rumbeadas. Su concepción sobre el Estado seguramente mutó con el conflicto de las retenciones móviles. Es sugestivo preguntarse por qué, visto en perspectiva, una derrota táctica formidable se transformó en una victoria ulterior. Acaso parte de la explicación es que se puso sobre el tapete el rol del Estado y que las consecuencias impactaron en el imaginario colectivo y en el del propio oficialismo. Un intervencionismo mayor, más preciso ideológicamente e innovador fue una de las derivaciones. La construcción, empero, es imperfecta, un poco a la que te criaste. Y contiene dialécticamente a lo viejo y a lo antagónico”.

Más aún, se puede afirmar también que ese cambio en el rol estatal anticipa el surgimiento de nuevas tensiones y conflictos inevitables, que deberán ser asumidos por la agenda de los futuros gobiernos, ya sea que pertenezcan a un signo kirchnerista, antikirchnerista o poskirchnerista. Cerramos nuevamente con Laclau: “La politización de las relaciones sociales está en la base de nuevos y numerosos antagonismos y hoy asistimos a una politización más radical que nunca. En todos los dominios en los que el Estado interviene se produjo una expansión del campo de la conflictividad social y la consecuente emergencia de nuevos sujetos políticos (…) La extensión de la conflictividad social a una amplia variedad de terrenos crea el potencial (pero sólo el potencial) para el avance hacia sociedades más libres, democráticas e igualitarias”. El paréntesis del autor no es un detalle menor: el futuro es una posibilidad abierta tanto para un proyecto de radicalización de la democracia como para una restauración de carácter conservador.