Este envejecimiento prematuro de la marca Cambiemos tiene otras implicancias. Según la última medición nacional de la consultora Synopsis, no sólo hay una fuerte caída en las expectativas económicas y el desacuerdo con la decisión de ir al FMI casi que duplica a los que avalan esa jugada: ese estudio también arroja que el 45,2% cree que Macri “tiene más responsabilidad de la situación económica actual” contra un 42,6% que apunta a CFK. Este empate técnico confirma el agotamiento del relato de la “pesada herencia”, hallazgo que ya habían anticipado estudios de D’Alessio IROL/Berensztein y la consultora Opina que hemos citado en posteos anteriores (ver datos arriba; click para agrandar). Esto, a su vez, implica que la marca Cambiemos también “envejece”, esto es, pierde novedad frente al gobierno anterior. A su turno, el consultor Hugo Haime confirma que la carga simbólica del FMI es negativa en términos perceptivos: “En Argentina cuando se te escapa el dólar y tenés que ir al FMI, eso se llama crisis político económica. Este es un gobierno de expectativas. Y ahora se derrumbaron: pasaron de positivas a negativas”, apuntó.
En conjunto, el “mayo negro” de Cambiemos no sólo arrojó datos negativos de imagen, sino también la sensación de que algo se rompió (no se sabe aún si definitivamente) en la estrategia política que el oficialismo había montado con módico éxito desde su llegada al poder en 2015. Si en diciembre de 2017 el cambio en el cálculo de la movilidad previsional había implicado una lesión en el vínculo con los gobernadores del PJ no K y los legisladores de los distritos que los representan en el Congreso, el debate por las tarifas fungió como nuevo hito de ese deterioro. Primero hubo desgaste al interior de la Alianza Cambiemos, como quedó puesto en evidencia en los planteos del radicalismo, por un lado, y de Elisa Carrió, por otro. En segundo término, el tarifazo generó un nuevo distanciamiento con los gobernadores “opo-oficialistas”. Como planteó el consultor Carlos de Angelis, el quiebre estuvo dado por “la ofensiva del macrismo sobre los gobiernos provinciales y municipales para que quitaran de las boletas los impuestos en las tarifas que aplican a los residentes de sus jurisdicciones. Este pedido es de imposible cumplimiento porque para muchas provincias y municipios quitar estos impuestos significaría una especie de suicidio fiscal. En la megadepresión entre 1998 y 2002, buena parte de la población decidió que pagar las tasas locales no era una prioridad, lo que llevó a las administraciones locales a anexar dichos impuestos a las tarifas de los servicios públicos que no se pueden dejar de pagar, lo que también explica en parte la magnitud de los montos de las facturas en algunos lugares, dado que las tasas son porcentuales. Finalmente, la petición del Gobierno hizo volar por los aires el acuerdo con los gobernadores que había alcanzado en diciembre del año pasado, y se plasmó el miércoles 25 de abril en un contragolpe impensado: peronismo y kirchnerismo votando juntos en la sesión especial”.
Esto resulta clave para entender el movimiento de piezas en un Congreso en el que la condición de minoría del oficialismo (dato duro que arrojó la combinatoria de los comicios de 2015 y 2017) parece ser ahora más nítido desde lo simbólico: el “opo-oficialismo” que caracterizaba al peronismo no K (y, con matices, al massismo) hasta hace pocos meses parece ir mutando a una posición en la cual la gobernabilidad recíproca ha mutado de valor, si bien no aún no se puede hablar de una oposición del mismo tenor de la que caracteriza al kirchnerismo desde fines de 2015. Esto de ninguna manera implica que el espacio pan-justicialista esté encontrando el camino hacia la unidad de cara al 2019, pero sí que los matices diferenciales entre las distintas expresiones han cambiado de manera sensible en lo que va de 2018.
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