En las últimas semanas, el acampe de diversas organizaciones y movimientos piqueteros en protesta por la decisión del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta puso sobre el tapete la cuestión social. El funcionario definió que esa cartera no iba a otorgar más planes, sino que en lugar de ello incrementaría los programas vinculados a la generación de empleo. ¿Qué dicen las últimas encuestas al respecto? Según una reciente medición de las consultoras Grupo de Opinión Pública (GOP) y Trespuntozero, casi 2 de cada 3 electores argentinos (65,2%) se muestra muy o bastante de acuerdo con ese planteo de Zabaleta, mientras que 27,3% está poco o nada de acuerdo. Profundizando en el análisis, cuando se hace la apertura por la variable clase social para hacer foco en las opiniones de los sectores medios, el aval crece levemente hasta 67,8% (gráfico arriba). La variación no resulta estadísticamente significativa respecto a la tendencia general, y confirma que la decisión ministerial va en sintonía con el sentir mayoritario al respecto.
Cuando se agrega al análisis la variable voto anterior, se detecta que 63% de los votantes de Mauricio Macri en 2019 se muestra de acuerdo con la propuesta del ministro, apoyo que crece 10,4 puntos porcentuales entre los electores de Alberto Fernández (gráfico arriba). Así, aunque hay cierto matiz, el acuerdo claramente atraviesa la “grieta”, pues el disenso en ambas segmentaciones políticas apenas ronda entre 30% y 22%, respectivamente.
Esa mirada tiene que ver con un contexto de opinión pública en el cual los planes sociales tienen un consenso módico. Según la última encuesta de la consultora Analía del Franco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, uno de los focos del acampe), 2 de cada 3 electores de ese conglomerado está a favor de los planes, pero un 52,3% acota su favorabilidad a que se los aplique de manera acotada. Apenas un cuarto (25,3%) se muestra decididamente en contra y casi 7% no tiene una postura definida. Las opiniones se mantienen estables entre febrero y marzo (gráfico arriba).
Con algún matiz, ese patrón también aparece al medir ya no planes sociales en general sino un derecho de más larga data, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) realizó una encuesta online entre ciudadanos de nivel socioeconómico medio y medio-alto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y localidades del conurbano bonaerense (GBA). Casi 7 de cada 10 (69%) consideraron que limitar el uso de la AUH mejoraría la implementación del beneficio, mientras que 16% consideró que es indistinto y 12% se mostró en contra de cualquier limitación (gráfico arriba). Con respecto a uno de los impactos principales asociados a la AUH (mantener la escolarización de los beneficiarios), el 28% se mostró muy o algo de acuerdo, pero casi 60% estuvo algo o muy en desacuerdo; 14% se mostró equidistante (gráfico abajo).
En síntesis, las encuestas realizadas a nivel país y en el AMBA confirman que los planes y otros beneficios en materia social cuentan con consenso mayoritario en la opinión pública. Sin embargo, al mismo tiempo, predomina la idea de acotarlos en términos de extensión, lo que avala la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de no seguir sumando masa a los actuales programas sino incentivar los asociados a la generación de empleo, algo más factible ahora que parece haber pasado lo peor de la pandemia, luego de casi dos años en los que la ayuda estatal fue indispensable para sostener un tejido social dañado por la crisis de 2018-2019 primero y por el Covid-19 después.
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