miércoles, 25 de julio de 2012

CGT: fractura expuesta en medio de la puja distributiva (1)




Teníamos pendiente una referencia a las implicancias políticas de la fractura de la CGT en el marco de la puja distributiva que vive el país (y que se repite en contextos cercanos como el de Brasil, también en un marco de la crisis global que se suma las complicaciones de las respectivas coyunturas locales). Hoy, el universo sindical se fragmentó en cinco partes: la CGT de Hugo Moyano, la antimoyanista (que aún busca su titular), la que lidera Luis Barrionuevo (menguada desde que Gerónimo “Momo” Venegas, sostén de Duhalde en la última campaña presidencial, se sumó a Moyano), más la CTA oficialista (conducida por Hugo Yasky) y la opositora (referenciada en Pablo Micheli, aliado de Pino Solanas).

Revisaremos rápidamente posiciones de algunos analistas. Jorge Giacobbe minimiza la relevancia del tema: “a esta altura, si hay una CGT o si hay 14 ya no importa. Porque el tema pasó a ser quién puede sacar miles de personas a la calle. Y el desafío de Cristina es evitar que esa calle sea de Moyano". Discrepo con su postura, que minimiza el tema al extremo; por lo demás, si fuera tan sencilla la cuestión, la menguada demostración de fuerza de Moyano con el paro general que no fue del pasado mes de junio clausuraría la discusión, y no es así.

Para Rosendo Fraga, la división de la central obrera ha sido casi una constante en la historia sindical argentina. “Han sido menores los períodos de unidad total del sindicalismo peronista, que los de división. De hecho antes de esta división, la central obrera ya estaba dividida, dada la existencia de la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo"  sostiene el consultor, que dirige el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Desde el punto de vista histórico, esto es rigurosamente cierto. Fraga añade que "la división de la CGT era el mal menor, con tal de evitar que el dirigente camionero fuera reelecto como secretario general por otros tres años al frente de la central sindical unificada", y que con ese fin, "se intentó que través de acciones judiciales y administrativas, el sector pro K quedara con la conducción, pero no logró derrotar a Moyano".  Respecto a esto, estamos de acuerdo en que el resultado obtenido es un subóptimo para el gobierno nacional, no el mejor posible, pero preferible a la alternativa de un “Moyano recargado”.

Para Marcos Novaro, sociólogo e investigador del Conicet, "la fragmentación de la CGT va a llevar un poco de agua para todos, pero me da la impresión que nada va a cambiar estructuralmente en lo inmediato.  Las tres partes (se refiere al moyanismo, el antimoyanismo y el barrionuevismo, dejando afuera de su análisis a las dos CTA) tienen intereses comunes, por ejemplo, sacarle lo más posible al Gobierno. Esto ha sucedido en el pasado: cada vez que hubo varias centrales, tuvieron etapas de conflicto y choque, pero luego hay un relativo reconocimiento y un equilibrio".  En términos similares al planteo de Fraga, Novaro sostiene que el gobierno nacional manejaba varios escenarios alternativos: una CGT más alineada y colaboracionista (el ideal, de máxima) y otros dos escenarios intermedios, el de una CGT fragmentada y debilitada en cada una de sus partes, por un lado, y por otro una fragmentación en la cual Moyano quedaba aislado: cualquiera de los estos dos es más conveniente para el gobierno nacional que un Moyano en franca oposición relegitimado frente a una CGT unida.

Según Analía del Franco, de la consultora Analogías, a la opinión pública no le importa demasiado que la central se divida, pues la CGT no es un tema para el grueso de la gente. Del Franco apunta que "hasta el momento, Moyano no acumuló capital político ni logró un lugar como oposición", al tiempo que sostiene que su imagen positiva se mantiene alrededor de un magro 25%.  Esto quedó patentizado en el paro: pese a que junio fue un mes de protestas  contra el gobierno, el día de la movilización convocada por Moyano no se sumaron sectores independientes, cuando algunos presumieron que eso podría suceder como una demostración de fuerza opositora contra el kirchnerismo. Evidentemente, la figura de Moyano (y sus métodos, antes consentidos por el gobierno) siguen siendo indigeribles para sectores que coyunturalmente pueden compartir hoy su postura anti-k.  

En la línea que venimos planteando en este blog, el director de la consultora Poliarquía, Sergio Berensztein, sostiene sobre las razones de fondo de la pelea Moyano vs. Gobierno que  "no hay que olvidar que detrás de todo esto está la necesidad del Gobierno de controlar la puja distributiva, con respecto al problema de la inflación y del atraso cambiario".

Mientras que referentes empresarios consideran que en un contexto de puja distributiva acentuada no es conveniente una  CGT dividida (en ese sentido se pronunció el titular de la Unión Industrial Argentina –UIA-, José Ignacio de Mendiguren), Julio Burdman, de la consultora Analytica, sostiene que "el empresariado no es afecto a una central sindical fuerte, porque eso fortalece la posición negociadora de los trabajadores, pero sospecha que eso es mejor a dos sindicales peronistas fuertes. La existencia de dos centrales sindicales hará que éstas compitan entre sí y ello derive en mayores demandas salariales y conflictividad".

Para el gobierno, en cambio, a corto plazo la fragmentación sindical puede aportarle mayor libertad de movimientos a la hora de tomar decisiones de política laboral pendientes, como el aumento del salario mínimo, vital y móvil,  y, en caso de que se confirme un repunte de la economía en el segundo semestre del año (el oficialismo está apostando sus fichas a ese escenario potencial) eventualmente una suba de Ganancias de las asignaciones familiares, sin necesidad de tener que consensuarlas con Moyano ni que se interpreten dichas decisiones como resultado de una presión del camionero en ese sentido. Seguiremos con este tema en próximas entradas. 

sábado, 21 de julio de 2012

El dólar blue en 6-7-8: lecturas


A mediados de esta semana, el dólar en el mercado informal llegó a 6,78 pesos en la punta vendedora, con lo cual la brecha entre el dólar de casas de cambio y el informal tocó el 48%. Según analistas, la mayor demanda provino  del sector minorista y particularmente de personas que planear viajar al exterior (el fuerte ascenso coincidió con el comienzo del receso de invierno en la Capital Federal y conurbano Bonaerense, aunque también fue traccionado por personas ávidas de atesoramiento). Hacia el fin de la semana, en cambio, la presión bajó, finalizando a 6,45 pesos (una brecha del 41%, pues la divisa en las casas de cambio operó alrededor de los 4,6 pesos) en un contexto en el que ingreso de divisas por liquidación de la cosecha gruesa favoreció la estrategia oficial respecto del control de la variable cambiaria.

En la entrada anterior, destacamos algunos paralelismos entre el contexto argentino y el brasileño en términos de la puja distributiva. En un paro de hace dos meses, los camioneros causaron caos en Sao Paulo al obstruir avenidas neurálgicas, y en las últimas semanas hubo asambleas de los trabajadores de Petrobras que  reclaman mayor participación en el lucro de la petrolera. Asimismo,  persisten negociaciones entre el Ministerio de Educación y los profesores universitarios que llevan adelante una huelga que ha generado la  pérdida de clases para un millón de estudiantes.

Existen otros elementos en común entre nuestro país y el principal socio del Mercosur: una ralentización del crecimiento económico (en Brasil, la expansión en el primer trimestre del año fue de sólo un 0,8% en medio de una serie de revisiones a la baja para 2012 y 2013; para este año, el Banco Central de ese país redujo de 3,5% a 2,5% la previsión de crecimiento, y analistas no esperan un crecimiento de la actividad superior al 2% por ciento); una moneda local sobrevalorada que mermó en parte la competitividad de los exportadores, y un gobierno que  apunta a la profundización de la crisis en la Unión Europea (mayor socio comercial de Brasil) como la causa principal de la desaceleración económica (otros actores agregan al cóctel de causas exógenas el lento crecimiento económico de China, el segundo mayor destino de las exportaciones brasileñas).

Al igual que Argentina, Brasil revalidó la continuidad del oficialismo en el poder (con la diferencia de que aquí hubo reelección, mientras que en Brasil Lula declinó un tercer mandato ungiendo a su sucesora).  En la campaña para suceder a Lula, la presidenta Dilma Rousseff descartó la necesidad de reformas estructurales dolorosas para mantener al país creciendo y sostuvo que mantendría en lo sustancial del modelo aplicado por su precedesor (aquí, Cristina habló de profundizar el modelo). Esa línea de política económica también le ha generado a Dilma críticas desde diversos sectores, en el sentido de que la presidenta lleva 18 meses en el poder sin poner en práctica las reformas que sus críticos consideran necesarias (de hecho, se insiste en que el equipo económico de Dilma persiste en combatir la desaceleración económica con las mismas armas que en la crisis de 2008).

Recientemente, el economista Andrés Méndez aportó una lectura de la situación cambiaria en ambos países que, en este contexto, nos parece más que oportuno citar: “si bien el análisis del valor de una moneda es bastante complejo y está muy relacionado con diversos factores como la confianza de los agentes económicos, el crecimiento económico, el respeto de los contratos y muchos otros aspectos más, podemos animarnos a hablar de un tipo de cambio futuro para la Argentina y (…)  en el primer trimestre de 2012 el PIB creció 0,75% interanual y la Brasil inversión cayó poco más de 2% (… ) Efectuando un análisis similar con el PIB (que se había contraído en 2009), los últimos datos revelan que Brasil se desacelera y que su moneda seguirá sufriendo ataques especulativos”.

Sostiene Méndez que “pese a contar con una balanza comercial superavitaria, Brasil tiene un déficit anualizado de cuenta corriente de alrededor de U$S 53.000 millones (filmina 2). Esto indica que, para seguir creciendo, la economía brasileña necesita contar con el ahorro del resto del mundo. (…) Tanto la inversión de cartera (cortoplacista) como la extranjera directa (IED) han sido muy volátiles desde la crisis de 2008 verificando un significativo descenso en los últimos trimestres (de haber entrado U$S 70.000 millones en un año, ahora están ingresando U$S 10.000 millones). Además, la IED está creciendo menos, sinónimo de que hay "sospechas" fundadas sobre la futura solidez del crecimiento de Brasil. ¿Qué piensa el mercado de Brasil  y de la Argentina a partir de la lectura de los Non Deliverable Forwards (NDF)? Que el tipo de cambio R$/U$S se va a ubicar en R$ 2,20 en julio de 2013, mientras para el caso de la Argentina, se negocia en torno a $/U$S 6,25 / 6,30. Ahora bien, si visualizamos la experiencia pasada, advertimos que los inversores sobrerreaccionan exageradamente cuando negocian futuros sobre moneda argentina. Por ejemplo, mientras en octubre de 2009 se esperaba un tipo de cambio cercano a $ / U$S 7 para octubre de 2010, finalmente el valor real fue de $ 3,95 por dólar estadounidense. En consecuencia, podemos inferir que la trayectoria del tipo de cambio pasará dentro de un año por debajo de los valores que hoy negocia el mercado. ¿Cuál es el fundamento? La suba histórica del precio de la soja pero, fundamentalmente, los grados de libertad que posee el Banco Central para establecer un determinado tipo de cambio. Consecuentemente, estamos esperando para dentro de un año una relación cambiaria no superior a $ / U$S 5,50. Paralelamente, para el caso de Brasil nos inclinamos por una corrección anual del orden del 6%  lo que colocaría la relación R$ / U$S en torno a R$ 2,15. En otras palabras, y más allá de las correcciones nominales, en términos reales no debieran esperarse demasiadas alteraciones para ninguna de las dos monedas de la región para los próximos doce meses”.

martes, 17 de julio de 2012

Ganancias y los desafíos de la puja distributiva



A pedido del público, dedicamos una entrada más a este tema y vamos trazando hilos conductores hacia los post siguientes. Procuraremos atender algunos requerimientos y profundizar el debate, considerando valiosos aportes recibidos al respecto. 


Un punto de debate planteado por algunos lectores respecto al tratamiento del tema en la entrada anterior apunta a que cobrar el impuesto a las ganancias a asalariados que en realidad no ganan demasiado (o no perciben rentas extraordinarias) sólo puede defenderse mediante "cabriolas lógicas" . Respecto a este punto, opinamos en sentido contrario que, tal como Treber lo reseña, ese tributo está concebido no en Argentina sino en todos los países en los que existe para que lo paguen aquellos que se ubican en la pirámide superior de los ingresos, inclusive los asalariados (aunque en Argentina la alícuota más alta del impuesto a las Ganancias es de 35% anual sobre el excedente del mínimo no imponible, menor a otros países). Es decir, no existe un tratamiento diferencial de esos casos, como el que reclaman quienes cuestionan la medida. 


Una segunda crítica se refiere a que es una "treta sucia" plantear el reclamo como si fuera el de una clase media "egoísta" a la que no le importan los "pobres". Respecto a esto, discrepamos, ya que la valoración del tema por nuestra parte no es moral sino que hace hincapié en lo técnico y fundamentalmente, en la inconsistencia conceptual que reside en defender una orientación de política social a la que por un lado se reconoce como superadora respecto de gobiernos anteriores (aunque con claras falencias) y a la vez pretender recortar una fuente importante de recursos para el sostenimiento de la misma.


Con todo, coincidimos en que el gobierno tiene limitaciones para controlar la inflación (esto resulta más que evidente) mientras que por el contrario elevar el mínimo no imponible sí es una medida que podría tomar de manera directa para beneficiar a ese 19%. El tema es evaluar el impacto de esa medida en el actual contexto (recordemos que todos los años el gobierno aumentó el mínimo no imponible, excepto en el 2009, por la crisis). Un desacierto en este sentido sería muy riesgoso, ya que el beneficio podría quedar acotado a ese 19% sin efecto de "derrame" positivo en el resto de los actores de la economía, y eso profundizaría la inequidad (como lo ilustramos en la entrada anterior de este tema, citando estudios al respecto). Veamos otros cálculos: según el análisis de los economistas del Concejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, el costo fiscal de incrementar 25% el mínimo no imponible sería de 4.782 millones de pesos, lo que representa un 0,89% de la recaudación total de 2011 y el superávit de ese año (4.920 millones de pesos). Si la decisión se tomara en 2012, el costo fiscal sería de 5.654 millones de pesos, profundizando el rojo fiscal. Asimismo, eliminar directamente el Impuesto a las Ganancias de 4º categoría implicaría 25 mil millones de pesos extra que la Nación “perdería”, o sea, un 4,66% de la recaudación total, todo esto en un año más que complicado. 


En este marco, la única posibilidad para que la Nación no acuda al expediente de excepcionalidad de la crisis que aplicó en 2009 (el año en que no se retocó el mínimo no imponible) es que las previsiones del segundo semestre sean de una franca recuperación (con lo cual se podría elevar el mínimo, apostando a que los recursos que se resignen por esa vía podrían resultar compensados por otra).


Y esto nos lleva a otro pedido de los lectores, relativo a los conceptos de regresividad vs. progresividad. Para plantearlo de manera bien sencilla, se consideran regresivos aquellos impuestos que gravan más a los que menos tienen (el ejemplo más claro es el IVA del 21%, un impuesto indirecto que paga por igual un pobre que un rico cuando consume, por ejemplo, alimentos, pero que proporcionalmente grava más al pobre porque en su canasta de consumo los alimentos pesan más de lo que inciden en la canasta de consumo del rico) mientras que se consideran progresivos aquellos que gravan más a los que más ganan o los que más tienen (por ejemplo, impuestos directos como Ganancias o el Impuesto a la riqueza; a propósito, el presidente francés Hollande ha propuesto un impuesto extraordinario del 75% a quienes ganen en ese país más de un millón de euros al año, a partir del año que viene y mientras dure la crisis; puedo imaginar los titulares que aquí merecería una medida en ese sentido, vista la inclinación vernácula a hablar de tributos "confiscatorios" y "distorsivos").


Insistimos, entonces, en que la discusión por Ganancias es inseparable de la puja distributiva, elemento permanente de la economía que tiende a agudizarse en los años de crisis, panorama que no es exclusivo de nuestro país. Sin ir más lejos, el gobierno de Brasil enfrenta una ola de paros por parte del sector estatal, a lo que se ha sumado (sugestiva coincidencia) un llamado al paro por parte de los camioneros de ese país. En próximas entradas, profundizaremos en este tema y también en las implicancias que puede tener la fractura de la CGT en términos de la puja distributiva.

domingo, 15 de julio de 2012

Nota publicada en suplemento de Economía de La Voz: tendencias






Del teletrabajo al trabajo colaborativo

Crece el trabajo remoto integrado en red. Las claves y el impacto de las herramientas 2.0 en la vida laboral de las empresas.

  • 15/07/2012 00:02 | Norman Berra (Especial)


El aprovechamiento de las facilidades de acceso a la información que provee la tecnología ha promovido nuevas maneras de organizar y realizar el trabajo a distancia. Así, en los últimos años, se asiste a una evolución desde el teletrabajo (modalidad ya consolidada como alternativa laboral) hacia lo que se define como “trabajo colaborativo”. La posibilidad de trabajar en forma remota y a la vez en equipo impulsa esta tendencia, que avanza un paso respecto del teletrabajo: implica, además de trabajo a distancia del empleado con su oficina ( home office ) una colaboración integrada en red con otros puestos, procesos y posiciones laborales.
El trabajo colaborativo hereda del teletrabajo las ventajas del ahorro de tiempo y gastos en traslado, funcionando como incentivo para el personal (que, al trabajar en forma remota, puede manejar mejor sus tiempos y optimizar el balance con su vida personal). Del mismo modo, su implementación también beneficia a la empresa pero le implica un cambio de cultura, como dejar de lado el viejo paradigma de presencialidad (face -management) y control del horario para pasar a políticas que supervisen el cumplimiento de objetivos.
Según datos de la consultora Jobing, para los empleados el ahorro en viáticos y comidas fuera de casa implica hasta un 20 por ciento de aumento relativo del salario, mientras que las empresas se ahorran hasta 64 por ciento sobre el costo anual por empleado por menor necesidad de metros cuadrados de oficinas, mantenimiento, impuestos, gastos de librería, café y teléfono. “La productividad aumenta 58 por ciento, la moral mejora 79 por ciento, el estrés disminuye 63 por ciento y el ausentismo, 61 por ciento”, agrega Fabio Boggino, director de Jobing.

link a nota completa:

miércoles, 11 de julio de 2012

Ganancias: discusión (3)


Dedicamos una tercera y -por ahora- última entrada a este tema. Citábamos en el post anterior a Alfredo Zaiat, quien planteaba que la discusión sobre el impuesto a los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia ( Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría) produjo la paradoja de que sectores y referentes críticos del panorama social y defensores de iniciativas transformadoras para un mejor reparto de la riqueza se pronunciaron a favor de la eliminación de ese tributo o de subir el mínimo no imponible, lo que no tendría otro efecto que agravar la regresividad del sistema tributario argentino. "La renta financiera está exenta del Impuesto a las Ganancias. Los ingresos de los jueces no están gravados. La ganancia de capital tampoco está alcanzada por el impuesto. Las mineras preservan un esquema tributario privilegiado. La alícuota del IVA es muy alta y todavía no se dispuso su exención para, al menos, el consumo con la tarjeta de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El aspecto más desconcertante de la protesta es que la existencia de todas esas inequidades tributarias, que el Gobierno mantiene, ha sido el principal argumento para proponer una medida que tornaría más regresivo el sistema impositivo. O sea, si el régimen es injusto, habría que eliminar entonces sus contornos progresivos para equilibrarlo hacia lo malo del sistema. Todo dicho levantando la bandera de pelea por una mejor distribución del ingreso", remarcaba Zaiat. 

En ese mismo artículo, Zaiat citaba un documento de estudio preparado por un grupo de investigadores del Conicet que evaluó en términos de reparto de riqueza la propuesta gremial de eliminación del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. Las conclusiones preliminares de esa investigación arrojan los siguientes resultados: de eliminarse el Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, el Estado dejaría de recaudar unos 21.000 millones de pesos al año, monto que quedaría casi en su totalidad (98%) en manos de la población que ocupa el primer decil de ingresos, es decir, el grupo que integra el 10% que más gana en la estructura de ingresos totales. Con esto, aumentaría un 11% la desigualdad medida por brecha de ingresos, y casi 2 puntos porcentuales más en el Coeficiente de Gini. A los tres deciles de ingresos más bajos (los más pobres o menos favorecidos), esa eventual reforma no los beneficiaría en absoluto. Es decir, el efecto neto sería claramente regresivo.

Por lo tanto, pese a la simplicidad conceptual del eslogan “los salarios no son ganancia” (simpático, pero engañoso) el tema en realidad tiene que abordarse con una perspectiva más amplia para evitar caer presos de esas simplificaciones. Como bien remarcó recientemente el economista Salvador Treber, “debe tenerse muy en cuenta que el impuesto a la renta neta –esta es la correcta denomi­nación técnica– es inherente al sistema capitalista de acumulación, que tiende a concentrarse en la cima de la pirámide y permite atenuar la acentuada ine­quidad que caracteriza al funcionamiento espontáneo de las llamadas “leyes del mercado” (…) En la actualidad, rige en casi todo el mundo –salvo los llamados “paraísos fiscales”– y es reconocido como uno de los instrumentos más eficaces para evitar una excesiva polarización de la riqueza y propender a lograr la vigencia de una distribución más equitativa del ingreso. En todos ellos se define en calidad de “base imponible” a la totalidad de ingresos que percibe una persona física o empresa, en especial las constituidas como sociedades de capital; pero en ningún caso se excluye la renta del trabajo personal, como se reclama en ciertos ámbitos”, dice Treber, en referencia al discurso pseudo-progresista que acompañó ese reclamo durante las protestas de junio.

En la misma línea, Treber apunta que los planteos realizados contra este tributo “asumieron todos los tonos posibles, desde los que exigían la derogación del “maldito” impuesto hasta los que se circunscribieron a reclamar correcciones en función de la incidencia del proceso inflacionario. Quizá la solución “salomónica” sea modificar la escala de progresividad con vigencia ­desde el año 2000. En ese lapso, la desvalorización monetaria “acható” los siete escalones y el superior de 120 mil pesos, que entonces permitía adquirir otros tantos dólares, ahora sólo alcanza para obtener algo más de 25 mil. Además sería oportuno crear, por lo menos, dos nuevos tramos más altos, a los que se les aplicarían alícuotas del 40 y 45 por ciento, además de eliminar la absurda exención de las rentas financieras y la irritante autoexclusión de los jueces”, propone el economista.

Lo cual nos lleva a retomar una de nuestras afirmaciones del post anterior, donde decíamos que uno de los déficits del gobierno nacional en este tema pasaba por no acertar en una estrategia que mantuviera acotada la inflación. El proceso de aumento de precios ha ido carcomiendo buena parte de la mejora en el poder adquisitivo que se logró en estos años vía paritarias (logro reivindicado por el kirchnerismo en defensa del "modelo"), lo que ha fogoneado el reclamo contra Ganancias.  

En ese reclamo confluyen además dos tipos de expectativas: la primera tiene que ver con el elemento ya mencionado, la inflación. De acuerdo a una encuesta realizada el mes pasado por la Consultora Delfos, los vecinos de la ciudad de Córdoba esperan que el nivel de inflación para los próximos 12 meses se sitúe en el 28%, expectativa similar a la prevista por diversos analistas económicos y consultoras privadas a nivel nacional y muy lejos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que cada mes difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en este indicador no conserva credibilidad. Para más datos, son las mujeres cordobesas las que en mayor grado esperan una inflación elevada, estimando que los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar se incrementarán un 45% durante el próximo año (por contrapartida, los hombres prevén un alza general de precios del 27%). Es decir, en Córdoba la peor expectativa respecto a futuros aumentos de precios aparece entre quienes están más cerca de la administración doméstica de la economía. 

Sin embargo, 2012 no es el primer año de alta inflación de la era “K” (de hecho, incluso es probable que este año cierre con una inflación menor que 2011). Aquí es donde entra la segunda expectativa que mencionamos en el párrafo anterior: hasta 2011, la expectativa inflacionaria venía acompasada con una expectativa de crecimiento y mejora de la economía general, por lo cual los analistas remarcaban que aún en un contexto de inflación elevada, los argentinos seguían consumiendo y mantenían su confianza en que su situación económica se mantendría en terreno positivo (o, dicho de otro modo, sentían que mientras la economía creciera, sus salarios acompañaran ese crecimiento y el empleo se sostuviera, estaban dispuestos a pagar el precio de una inflación elevada). En cambio, en este momento, por una combinación de factores endógenos y exógenos, la expectativa transita terreno negativo y los consumidores que esperan un deterioro de la economía superan a quienes creen que la situación mejorará o al menos se mantendrá (tema sobre el que volveremos pronto). En este contexto, recrudece la puja por la distribución de la riqueza social, y el reclamo por Ganancias es un síntoma de esta coyuntura.