Ganancias: discusión (3)

Dedicamos una tercera y -por ahora- última entrada a este tema. Citábamos en el post anterior a Alfredo Zaiat, quien planteaba que la discusión sobre el impuesto a los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia ( Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría) produjo la paradoja de que sectores y referentes críticos del panorama social y defensores de iniciativas transformadoras para un mejor reparto de la riqueza se pronunciaron a favor de la eliminación de ese tributo o de subir el mínimo no imponible, lo que no tendría otro efecto que agravar la regresividad del sistema tributario argentino. "La renta financiera está exenta del Impuesto a las Ganancias. Los ingresos de los jueces no están gravados. La ganancia de capital tampoco está alcanzada por el impuesto. Las mineras preservan un esquema tributario privilegiado. La alícuota del IVA es muy alta y todavía no se dispuso su exención para, al menos, el consumo con la tarjeta de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El aspecto más desconcertante de la protesta es que la existencia de todas esas inequidades tributarias, que el Gobierno mantiene, ha sido el principal argumento para proponer una medida que tornaría más regresivo el sistema impositivo. O sea, si el régimen es injusto, habría que eliminar entonces sus contornos progresivos para equilibrarlo hacia lo malo del sistema. Todo dicho levantando la bandera de pelea por una mejor distribución del ingreso", remarcaba Zaiat. 

En ese mismo artículo, Zaiat citaba un documento de estudio preparado por un grupo de investigadores del Conicet que evaluó en términos de reparto de riqueza la propuesta gremial de eliminación del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. Las conclusiones preliminares de esa investigación arrojan los siguientes resultados: de eliminarse el Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría, el Estado dejaría de recaudar unos 21.000 millones de pesos al año, monto que quedaría casi en su totalidad (98%) en manos de la población que ocupa el primer decil de ingresos, es decir, el grupo que integra el 10% que más gana en la estructura de ingresos totales. Con esto, aumentaría un 11% la desigualdad medida por brecha de ingresos, y casi 2 puntos porcentuales más en el Coeficiente de Gini. A los tres deciles de ingresos más bajos (los más pobres o menos favorecidos), esa eventual reforma no los beneficiaría en absoluto. Es decir, el efecto neto sería claramente regresivo.

Por lo tanto, pese a la simplicidad conceptual del eslogan “los salarios no son ganancia” (simpático, pero engañoso) el tema en realidad tiene que abordarse con una perspectiva más amplia para evitar caer presos de esas simplificaciones. Como bien remarcó recientemente el economista Salvador Treber, “debe tenerse muy en cuenta que el impuesto a la renta neta –esta es la correcta denomi­nación técnica– es inherente al sistema capitalista de acumulación, que tiende a concentrarse en la cima de la pirámide y permite atenuar la acentuada ine­quidad que caracteriza al funcionamiento espontáneo de las llamadas “leyes del mercado” (…) En la actualidad, rige en casi todo el mundo –salvo los llamados “paraísos fiscales”– y es reconocido como uno de los instrumentos más eficaces para evitar una excesiva polarización de la riqueza y propender a lograr la vigencia de una distribución más equitativa del ingreso. En todos ellos se define en calidad de “base imponible” a la totalidad de ingresos que percibe una persona física o empresa, en especial las constituidas como sociedades de capital; pero en ningún caso se excluye la renta del trabajo personal, como se reclama en ciertos ámbitos”, dice Treber, en referencia al discurso pseudo-progresista que acompañó ese reclamo durante las protestas de junio.

En la misma línea, Treber apunta que los planteos realizados contra este tributo “asumieron todos los tonos posibles, desde los que exigían la derogación del “maldito” impuesto hasta los que se circunscribieron a reclamar correcciones en función de la incidencia del proceso inflacionario. Quizá la solución “salomónica” sea modificar la escala de progresividad con vigencia ­desde el año 2000. En ese lapso, la desvalorización monetaria “acható” los siete escalones y el superior de 120 mil pesos, que entonces permitía adquirir otros tantos dólares, ahora sólo alcanza para obtener algo más de 25 mil. Además sería oportuno crear, por lo menos, dos nuevos tramos más altos, a los que se les aplicarían alícuotas del 40 y 45 por ciento, además de eliminar la absurda exención de las rentas financieras y la irritante autoexclusión de los jueces”, propone el economista.

Lo cual nos lleva a retomar una de nuestras afirmaciones del post anterior, donde decíamos que uno de los déficits del gobierno nacional en este tema pasaba por no acertar en una estrategia que mantuviera acotada la inflación. El proceso de aumento de precios ha ido carcomiendo buena parte de la mejora en el poder adquisitivo que se logró en estos años vía paritarias (logro reivindicado por el kirchnerismo en defensa del "modelo"), lo que ha fogoneado el reclamo contra Ganancias.  

En ese reclamo confluyen además dos tipos de expectativas: la primera tiene que ver con el elemento ya mencionado, la inflación. De acuerdo a una encuesta realizada el mes pasado por la Consultora Delfos, los vecinos de la ciudad de Córdoba esperan que el nivel de inflación para los próximos 12 meses se sitúe en el 28%, expectativa similar a la prevista por diversos analistas económicos y consultoras privadas a nivel nacional y muy lejos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que cada mes difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en este indicador no conserva credibilidad. Para más datos, son las mujeres cordobesas las que en mayor grado esperan una inflación elevada, estimando que los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar se incrementarán un 45% durante el próximo año (por contrapartida, los hombres prevén un alza general de precios del 27%). Es decir, en Córdoba la peor expectativa respecto a futuros aumentos de precios aparece entre quienes están más cerca de la administración doméstica de la economía. 

Sin embargo, 2012 no es el primer año de alta inflación de la era “K” (de hecho, incluso es probable que este año cierre con una inflación menor que 2011). Aquí es donde entra la segunda expectativa que mencionamos en el párrafo anterior: hasta 2011, la expectativa inflacionaria venía acompasada con una expectativa de crecimiento y mejora de la economía general, por lo cual los analistas remarcaban que aún en un contexto de inflación elevada, los argentinos seguían consumiendo y mantenían su confianza en que su situación económica se mantendría en terreno positivo (o, dicho de otro modo, sentían que mientras la economía creciera, sus salarios acompañaran ese crecimiento y el empleo se sostuviera, estaban dispuestos a pagar el precio de una inflación elevada). En cambio, en este momento, por una combinación de factores endógenos y exógenos, la expectativa transita terreno negativo y los consumidores que esperan un deterioro de la economía superan a quienes creen que la situación mejorará o al menos se mantendrá (tema sobre el que volveremos pronto). En este contexto, recrudece la puja por la distribución de la riqueza social, y el reclamo por Ganancias es un síntoma de esta coyuntura.