CGT: fractura expuesta en medio de la puja distributiva (2)

Ayer, la reaparición en escena de Antonio Caló (UOM) como candidato a ocupar el cargo de secretario general de la CGT hizo subir las acciones del metalúrgico como representante del bloque antimoyanista al frente de la central obrera. En el acto de presentación del billete de 100 pesos en homenaje a Eva Perón, –el sindicalista se mostró en primera fila, detalle de simbolismo importante, dado que confirma su buena relación con el kirchnerismo. La postulación del metalúrgico podría ser refrendada el próximo 3 de octubre. 

Caló dejó algunas definiciones: que su primer pedido sería universalizar el salario familiar para todos los trabajadores (hoy, lo cobran quienes perciben menos de 5.000 pesos) y que la suba del mínimo no imponible de Ganancias (caballito de batalla de Hugo Moyano) "viene después en la agenda".  Respecto a este punto, se menciona que en el ministerio de Economía se barajan alternativas de suba para ese impuesto para que la presidenta tome la decisión. En agosto, asimismo, se definiría la suba del salario mínimo, vital y móvil: el año pasado,  el Consejo del Salario cuerpo acordó un incremento del 25% que llevó el salario mínimo de 1.840 a los actuales $ 2.300, y en el Ejecutivo analizan para 2012 aceptar una suba para llevarlo en torno a los 3.000 pesos (la CGT de Moyano presiona por 3.500). El perfil más moderado de Caló y su inserción en la industria (pilar del relato "K") lo convierten en una figura más propicia para lo que el kirchnerismo entiende como una nueva etapa del modelo. Caló contaría también con el aval de los llamados "independientes" (Gerardo Martínez de Uocra, Andrés Rodríguez de UPCN y José Luis Lingieri de Obras Sanitarias) y algunos ex aliados de Moyano, mientras que los aliados denominados "Gordos" (Oscar Lescano de Luz y Fuerza, Armando Cavalieri de Comercio y Carlos West Ocampo de Sanidad) estuvieron muy cerca del menemismo y comparten su  anti-moyanismo como elemento aglutinador que podría acompañar la candidatura de Caló como figura de contrapeso al camionero, enemigo histórico de los "Gordos". 

Para el especialista Lucio Garzón Maceda, la dispersión del poder sindical hace que pierda fuerza la demanda por asignaciones familiares, Ganancias y los fondos de las obras sociales. El abogado laboralista apunta a que la fractura se da en el tercer nivel del sindicalismo, que es el nivel dirigencial, el de la CGT. "En el primero y segundo niveles, esto es, los sindicatos y las federaciones, no hay fractura. Los sindicatos siguen como antes, con sus negociaciones colectivas, con sus personerías y nada ha variado. La división es a nivel de cúpula, a nivel de la central sindical que, en el sistema argentino no negocia los salarios para todas las actividades, aunque sí interviene en la discusión por el salario mínimo", dice. Con todo, entiende que el cisma puede afectar al mercado laboral, ya que "los gremios chicos no podrán defender el empleo y su salario sin la fuerza de una central que negocie por todas las actividades. Además, será difícil un acuerdo o pacto social para bajar la inflación".

Frente a la eventual suba del mínimo no imponible de Ganancias, como venimos desarrollando en este blog, interesan cuestiones propiamente económicas, por un lado, como políticas, por otro: una suba le haría al gobierno resignar recursos, con un efecto distribucionista regresivo en lo inmediato, que sólo podría ser morigerado si dicha suba "derramara" en el resto de la economía a través de un mayor consumo (en cambio, si quienes reciben la suba la destinaran a consumo sino a ahorro o acopio de dólares, por ejemplo, se consolidaría un efecto regresivo). En lo económico, también es clave si la situación fiscal de las finanzas nacionales admite tal medida. 

Desde lo político, la suba del mínimo no imponible de Ganancias podría ser un gesto de "distensión" a capitalizar por el gobierno nacional sin que Moyano, desplazado de la escena, pudiera reclamarlo como mérito (a la vez que un buen antecedente para los sindicalistas oficiales que alumbrarán la nueva CGT no opositora en octubre). Si a esto se le agregara la extensión de las asignaciones familiares por encima de los 5.000 pesos mensuales, se redondearía un buen "combo" o colchón de reclamos que la garantizaría al gobierno a y sus nuevos interlocutores gremiales un período de relativa calma, siempre y cuando las variables económicas (y entre ellas la inflación) si no mejoran, al menos no empeoraran, y de que no entraran en el escenario nuevos ejes conflictivos. Por caso, algunos apuntan a que dentro del gobierno existen "halcones" que plantean que la reciente disolución de la Administración de Programas Especiales (APE) que manejaba los fondos para tratamientos de salud de alta complejidad es un paso para una nueva ley de "Salud para Todos" que quitaría a los sindicatos el control de las obras sociales (que le fue otorgado durante la dictadura de Onganía). Habrá que verlo, pero a priori consideramos que esto sería una apuesta riesgosa por parte del gobierno en un contexto en donde no le convendría abrir otro frente de conflictividad.

De confirmarse estas hipótesis de respuesta positiva del gobierno a los reclamos gremiales -que dependen, como planteamos, de que el panorama fiscal de la Nación permita avanzar en esas medidas, que implican resignar recursos y a la vez aumentar gasto público- la agenda de reclamos sindicales se saldaría con avances y respuestas, si bien algo tardías, pero respuestas al fin, y en un año extremadamente complicado, lo que no es un detalle menor.