El documento liminar post acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno argentino plantea textualmente que según el staff del organismo la economía argentina y su deuda “son estables, aunque no con una gran probabilidad”. Si recordamos que definimos a un cisne negro como algo altamente improbable, ¿hay que tomar esa frase como un eufemismo o como un potencial cisne negro? En una línea similar, recientemente el economista Arnaldo Bocco destacó que “JP Morgan, un banco extranjero que intervino en todas las colocaciones de deuda externa que hizo el gobierno, el 23 de julio en un muy comentado análisis dice que su evaluación del escenario de sustentabilidad para la Deuda lo ve igualmente estable pero, la relación deuda/PBI es muy alta, presume que el peso no está suficientemente devaluado y con relación a la recesión del 2018/2019 en un marco electoral aumenta las preocupaciones de sustentabilidad”.
En ese marco de ambigüedad no queda claro si un default sería un cisne negro auténtico (en el sentido extremo de imprevisto) o un escenario de relativa baja probabilidad (poco factible, pero no una completa sorpresa). Repasando ya no datos “blandos” (perceptivos procedentes de encuestas) sino datos duros oficiales, tenemos que en mayo pasado, la economía sufrió una caída de casi 6 puntos porcentuales interanual (ver datos arriba; click para agrandar). En junio, se sumó una caída de 8,1% de la industria y del 0,1% de la construcción, junto con una inflación interanual de 29,5%. En cualquier caso, que se agregara una crisis del pago de la deuda a la crisis ya visible en esos datos duros oficiales podría detonar otros escenarios que en este blog hemos planteado como cisnes negros: adelanto de las elecciones para abril o mayo de 2019, o bien crisis sistémica y salida anticipada del poder de Cambiemos (¿quizá con una táctica electoral negociada con el PJ no K para impedir un regreso de CFK a la presidencia?). En este contexto, la causa denominada “cuadernos K” podría agregarle al gobierno problemas económicos pese a ser una aparente “ayuda” (desde la judicialización de la política) según los analistas más enfocados en la coyuntura que en los efectos socioeconómicos de gestión. En un período en el que la construcción comienza a frenarse por la retracción de la obra pública, una eventual caída de la inversión privada y de la participación empresarial en los Programa de Participación Pública Privada (PPP, recurso al cual el gobierno de Cambiemos apostaba para complementar o suplir la inversión pública en el marco del ajuste pedido por el FMI) inducida a partir del polémico proceso abierto por el juez Claudio Bonadio puede generar un enfriamiento adicional de la economía en el peor momento del oficialismo. Aunque algunas voces apuestan a un enfriamiento para aplacar el aumento de precios, la inercia inflacionaria argentina impone ser escépticos al respecto: en la gélida economía de 2016, cuando la actividad cayó 2,3% anual, la inflación osciló entre el 36% y el 41%.
En mayo, la crisis cambiaria llevó al gobierno a jugar la carta de recurrir al prestamista de última instancia, el FMI. En ese mes hubo un récord histórico de egresos de formación de activos externos (fuga de divisas), que superó por 2.000 millones de dólares a los picos anteriores de agosto 2017 y octubre de 2008 (primer gobierno de CFK y plena crisis global de Lehman Brothers). El saldo neto se disparó. "Las compras netas de divisas para formación de activos externos fueron entre enero y mayo 13.602 millones. El promedio mensual fue 2.720 millones. Si se sostiene ese nivel de fuga en lo que resta del año, el BCRA deberá entregar 19.040 millones de dólares para abastecerla", apuntó oportunamente el periodista económico David Cufré (ver datos arriba; click para agrandar). Al mismo tiempo, el déficit comercial fue récord: "por primera vez el déficit comercial argentino supera al de los años 1994 y 1998. A pesar del aumento del tipo de cambio de mayo, las importaciones subieron y ya estamos ante el déficit más grande de nuestra historia económica", destacó el economista Sergio Chouza (ver datos abajo; click para agrandar).
Al "mayo negro" le siguió un “junio frío”. Aún faltan los datos oficiales de julio, pero nada habilita a pensar que ese mes arroje buenas cifras, más allá de una precaria y costosa estabilidad cambiaria. Ayer, en medio de la causa cuadernos y la incertidumbre global, el Merval cayó 3,8% y el riesgo país llegó a su pico en la era Macri, superando los 600 puntos. Si repasamos los escenarios que vimos en posteos recientes, partiendo de que ya el mismo gobierno admite la crisis, está claro que el oficialismo le prende velas a una recesión corta: es decir, un escenario en “V”, el relativamente más favorable para Cambiemos de los escenarios de crisis, en el cual la economía cae pero rebota rápido y el bajón no duraría no más de un semestre. La hipótesis de los analistas es que ese escenario sería más favorable a una continuidad de Cambiemos en 2019, dado que 2019 sería un año mejor que 2019. El antecedente cortoplacista comparable sería la elección de 2017, cuando el oficialismo se impuso no sólo por razones políticas, sino también por una módica mejora socioeconómica en comparación con 2016.
Sin embargo, hoy el consenso de los economistas moderados es que la economía no remontará antes del segundo trimestre del 2019. Un referente de esta posición es Daniel Semyraz, quien plantea que la crisis durará al menos 3 trimestres. “Argentina está mostrando un reacomodamiento violento frente a lo que pasa en el mundo porque hay factores externos que complican. Hay que entender que vamos a una recesión de por lo menos tres trimestres. Y que todavía no vimos nada del ajuste que se planifica. Se viene un ajuste fiscal, un dólar más caro y tasas más elevadas. Todo eso va a impactar en el consumo y en la actividad”. Este ya no es un escenario en "V", sino en “U”, en el cual el rebote sería más lento y recién visible a partir de abril del 2019 (es decir, a poco más de un trimestre de las elecciones primarias de agosto). Como vimos en los escenarios trazados por Poliarquía, en este caso hay una probabilidad mayor de que el gobierno no pueda seguir en el poder en 2019, y ese factor también puede ser visto como un bucle de retroalimentación de la crisis, porque agrega incertidumbre al proceso general (con lo cual podría ralentizarse la recuperación).
En un posteo reciente citábamos a la encuesta realizada por Delfos en julio provincia de Córdoba que confirmaba el malestar socioeconómico dominante en este distrito clave para Cambiemos. Según esos datos, el 50% de los cordobeses cree que durante los próximos 6 meses la situación económica del país empeorará (contra un 21% cree que se mantendrá igual y apenas 20% cree que mejorará). A nivel personal, el pesimismo en materia de expectativas también permea, pero con menor intensidad: el 42% cree que su situación doméstica empeorará (29% cree que se mantendrá igual y 20% cree que mejorará). Planteábamos que ese es probablemente el principal problema para el gobierno, que en otros momentos de su gestión supo atravesar crisis de imagen y de aprobación y salir airoso: desde diciembre hasta ahora, se fue apagando el motor de las expectativas, y al no poder recrearlas, sus niveles de adhesión se retraen cada vez más hacia su núcleo duro. Esto se pone de manifiesto en indicadores de imagen que perforan el 40% en el mejor de los casos (es decir, se ubican por debajo del orden de magnitud del resultado obtenido por Cambiemos en 2017, del 42%) y en algunos incluso por debajo del 30% que Cambiemos sumó en las PASO del 2015 (como se advierte en las encuestas de Synopsis).
A ese dato clave se agrega otro: el malestar socioeconómico genera que las percepciones de la clase media se vayan pareciendo cada vez más a las de la clase baja, alejándose por lo tanto de la clase alta (que es su aspiracional). En las expectativas a nivel país, se advierte que en la clase media el pesimismo ya se ubica en el umbral del 50%, si bien en términos de diferencia en puntos porcentuales aún está equidistante de la valoración en las clases alta y baja (ver datos al inicio del post; click para agrandar). En cuanto a las expectativas personales el pesimismo tiende a ceder, pero el bajo nivel de optimismo se acerca más al de la clase baja que al de la media (ver datos arriba; click para agrandar). Ambos registros son consistentes con un deterioro y con el resultado que el NSE viene mostrando a nivel nacional también según estudios de Delfos: en 2016 y 2017, una caída de 5 puntos porcentuales de la clase media hacia la baja superior (es decir, una movilidad social en sentido descendente). Ese deterioro es consistente con un proceso de ajuste “gradualista”. Ahora que el gobierno apunta a que la tuerca del ajuste vaya más rápido, se puede pensar que este año se repetirá de mínima la misma caída que se vio en 2016 y 2017, esto es, una merma de 2,5 puntos porcentuales en la clase media por cada año de gestión Cambiemos.
En esa línea, la hipótesis es que las expectativas de la clase media serán determinantes en el escenario electoral de cara al 2019. Los estudios nacionales realizados en julio confirman que el malestar que Delfos detectó en el segundo distrito electoral más gravitante son extrapolables al total país. El Monitor del Humor Social elaborado por DAlessio IROL/Berensztein reveló en julio un nuevo pico de pesimismo respecto de la visión sobre el presente y el futuro de la economía nacional, a partir de los efectos que la corrida cambiaria provoca sobre el poder adquisitivo y la actividad: 85%. En lo referente a expectativas, casi 6 de cada 10 (59%) cree que dentro de un año habrá retrocedido más (ver datos abajo; click para agrandar). En un marco de devaluación del peso y alta inflación, la sociedad observó con preocupación la situación económica. El estudio, realizado durante el mes pasado sobre una muestra de 1.477 adultos en todo el país, también mostró como el malestar socioeconómico permea hacia la gestión, traduciéndose en una pérdida de confianza en la gestión del gobierno y de la imagen de los principales dirigentes del oficialismo. La evaluación desfavorable del gobierno registró un nuevo pico (64%) y cayeron las calificaciones de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Marcos Peña. Peor aún, se percibe una falta de empatía de la gestión: para el 60% de los argentinos, el gobierno no tiene claro cómo se sienten los argentinos, mientras que un 34% cree que sí (dato que está en el orden de magnitud del resultado obtenido por Macri en la primera vuelta del 2015: 34,15%).
La medición también confirma la centralidad de la agenda económica: inflación (con 92%) y aumentos en luz y gas (70%) aventajan a inseguridad (62%), que disputa el tercer término con aumento de impuestos (61%). La posible corrupción del gobierno actual (47%) saca una leve ventaja (estadísticamente no significativa) a la del gobierno anterior (42%). En síntesis, el monitor confirma el deterioro que la corrida cambiaria generó en las figuras más importantes del gobierno nacional y en la percepción de la sociedad sobre la realidad económica. El impacto de la devaluación, sumado a las nuevas perspectivas inflacionarias, impactaron en una menor percepción de bienestar, al mismo tiempo que sigue disminuyendo el optimismo de cara al 2019 electoral. Las tendencias sugieren que en el próximo turno electoral lo económico va a ser el foco, más que la seguridad y otros aspectos como la transparencia institucional.
Una síntesis de los principales temas de la agenda de opinión pública en lo que va de 2018 arroja que el gobierno nacional no pudo instalar ni capitalizar ningún “sixtie”: ninguno de los temas que planteó para tratar de desplazar del foco de atención ciudadana a la crisis socioeconómica logró el apoyo de al menos un 60% de los electores. El último ensayo al respecto, la reforma del rol de las Fuerzas Armadas, logró sintonizar con aproximadamente un 50% de los electores según los estudios que venimos citando, recreando así una dinámica polarizadora en la que el oficialismo interpela a sus electores (el acompañamiento a la iniciativa es mayoritario entre aquellos que vienen votando a Cambiemos en los últimos turnos electores) y al mismo tiempo se enajena el aval de los adversos (entre los electores del FPV, el rechazo a la medida es predominante). En ese sentido, este issue abroquela la distribución relativa preexistente, sin generar desplazamientos estadísticamente significativos ni a favor ni en contra del oficialismo, y lo mismo sucede respecto a la principal fuerza opositora, el kirchnerismo reciclado bajo el signo de Unidad Ciudadana.
Antes de la reforma del rol de las FF.AA., el otro issue que el gobierno nacional lanzó para correr de la agenda pública a la crisis socioeconómica fue el debate del aborto, tema al que dedicamos varias entradas en este blog antes y después de la media sanción en Diputados. Con la próxima votación en el Senado, resulta pertinente repasar las últimas encuestas al respecto. En el caso de la provincia de Córdoba, un estudio de 1.800 casos realizado en mayo por la consultora Delfos indagó el acuerdo y el desacuerdo con respecto a la siguiente afirmación: “El aborto debe ser despenalizado para que la mujer que decida hacerlo lo haga en condiciones médicas que preserven su salud”. Un 50% por ciento de los cordobeses se manifestó en desacuerdo, en tanto que estuvo de acuerdo un 41%; el 9% restante corresponde al ns/nc, lo que le da una ventaja leve, pero perceptible, al desacuerdo. En el interior provincial el rechazo a la despenalización alcanzó el 52%, mientras que en Capital es más parejo: 48% de desacuerdo y 44%, cerca de un empate técnico. En el análisis por estudios, entre los niveles más altos de instrucción la despenalización es más tolerada y alcanza el 49% al contrario, en el nivel más bajo el 53% se manifiesta en contra. Otro hallazgo del estudio: entre quienes están de acuerdo con la despenalización, el 33% se basa en sus posturas de género (principal motivo de respuesta); entre quienes están en desacuerdo, el 36% basa su actitud en creencias religiosas (ver datos arriba; click para agrandar).
Otro estudio reciente realizado en Córdoba por la consultora Civix también mostró similar matiz entre Capital e Interior: se muestran a favor del aborto legal la mayoría de los capitalinos y eso compensa el rechazo que tiene en el interior, dando como resultado una tendencia levemente favorable a quienes apoyan la legalización: 44,1%, en tanto que el 40,3% se muestra en contra; un 13% se autocalificó como “indiferente” ante el debate y el 2,6% ns/nc. Esta encuesta se basó en una muestra de 1.000 casos distribuidos de manera proporcional en 10 ciudades de la provincia de Córdoba durante el mes de junio, luego de la media sanción a la ley en la Cámara de Diputados. Pese a ello, las cifras muestran en rigor un empate técnico entre ambas posiciones, puesto que la diferencia de 4 puntos porcentuales no puede considerarse estadísticamente significativa (considerando un error muestral de +- 3,5%).
A nivel nacional, el más reciente sondeo de la consultora Gustavo Córdoba y Asociados realizado sobre una muestra de 1.200 casos en agosto arroja que un 51,2% de los argentinos apoya la legalización del aborto, mientras que 44,1% se muestra en contra (ver datos arriba; click para agrandar). Con un error muestral de +- 2,83%, el resultado está apenas por encima de un empate técnico. Sin embargo, el acuerdo viene cayendo: ya en la medición previa, donde la proporción era 55,2% vs 40,9%, Paola Zubán, directora del proyecto, apuntaba: “Hubo una disminución a nivel nacional del apoyo a la aprobación de la ley que legaliza el aborto. Hubo una fuerte militancia de la Iglesia, pero no cualquier militancia: así como al principio los colectivos femeninos llevaron la discusión hacia el terreno de la salud pública, tras la media sanción en Diputados la Iglesia impulsó la ‘defensa a las dos vidas’, sin mencionar su dogma”. Esa línea interpretativa podría reforzarse con un dato que oportunamente también relevó en Córdoba Delfos: al medir la afirmación sobre la que hizo eje la campaña en contra de la legalización, impulsada por la Iglesia y sus militantes laicos (“El derecho a la vida del bebé por nacer debe ser respetado por encima del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo”) se manifestó de acuerdo el 68% de los cordobeses, con apenas un 18% en desacuerdo y un 14% de ns/nc. En cuanto al cruce de las actitudes respecto a la despenalización del aborto por perfil político electoral, al igual que todos los estudios revisados hasta ahora en el blog, el de Gustavo Córdoba y Asociados arroja que la mayoría de quienes votaron por Daniel Scioli en el balotaje de 2015 se inclina a favor del aborto legal, mientras que entre los votantes de Mauricio Macri la adhesión al proyecto de ley ronda el 40%. En síntesis, el issue aborto, al igual que el de la reforma de las FF.AA, polariza actitudes en mitades simétricas (o casi) y al mismo tiempo tiende a abroquelar las posiciones políticamente preexistentes, con matices bien marcados entre los electores del FPV (contrarios a la reforma del rol de las FF.AA. y a favor de despenalizar el aborto) y los de Cambiemos (a la inversa de los anteriores). Al no lograr un “sixtie” ni dividir a los electores adversos, la posibilidad de que el oficialismo capitalice el debate por el aborto es muy limitada, independientemente del resultado que tenga la próxima votación en el Senado.
Con frecuencia insistimos en este blog en la premisa analítica oportunamente explicitada por el consultor Carlos Fara: a mediano y largo plazo, son los efectos socioeconómicos los que construyen las tendencias de la opinión pública, más allá de los vaivenes de la coyuntura. Es decir, el bienestar construye acompañamiento electoral a mediano y largo plazo, mientras que el malestar genera desgaste y termina decantando en deslegitimación electoral. Esto resulta muy pertinente, porque el issue “cuadernos K” es típicamente un episodio que no altera las distribuciones relativas de proporciones en la sociedad: confirma a los antiK en sus posturas y hace otro tanto con los K (esto es, los dos núcleos duros más gravitantes política y electoralmente). ¿Y qué sucede con los que no son K ni antiK? Precisamente, estos electores son quienes más definen su actitud en función de la agenda socioeconómica. Tienen cierta permeabilidad a otros issues, pero el de los cuadernos devenidos a fotocopias parece de vuelto corto (de Cabot-aje) como para generar un impacto sustantivo.
Muy distinto es lo que sucede con los efectos socioeconómicos de gestión. Desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri, la consultora Ibarómetro midió la percepción respecto a qué clase social favorecía más el gobierno de Mauricio Macri. Ya en los primeros 6 meses de gestión, la percepción de que beneficiaba más a la clase alta rozaba el 60% (pasaba del 44,8% al 59,4%). Mientras esa creencia ascendía con cada medición, la creencia de que beneficiaba más a la clase media caía de manera constante (de 32% a 21,2%), la de sesgo hacia la clase baja se mantenía constante (entre 8,4% y 10,9%) y el ns/nc oscilaba entre un pico del 18,1% y un piso del 10,1% (ver datos arriba; click para agrandar). Luego, otras consultoras midieron también esa percepción: en diciembre de 2017, mes que marcó el inicio de un desgaste para el oficialismo que aún no cesa, CEOP detectó que un 69% pensaba que la clase alta era la más beneficiada en los dos años de gestión, contra apenas 9,1% que veía un sesgo hacia la clase media, 4,2% hacia la baja, 11,5% que respondía “todos por igual” y 6,1% que respondía ns/nc (ver datos abajo; click para agrandar). Se trata de mediciones a nivel nacional. ¿Qué sucede cuando se hace la misma pregunta en Córdoba? La consultora Explanans lo hizo hace poco, a fines de abril de 2018: el resultado fue que casi 62% (61,9%) creía que Macri gobierna para los ricos, un 27,4% a favor de la clase media, 2,7% para los pobres y 8% ns/nc. Es decir, antes del “mayo negro”, la percepción ya era desfavorable para el oficialismo, en un distrito que le fue favorable en los turnos electorales de 2015 (fue Córdoba la que inclinó la balanza del ballotage a favor de Macri) y 2017.
No obstante, se trata de datos perceptivos, “blandos”. ¿Qué dicen los datos “duros”? Recientemente, el director del CEPA, Hernán Letcher, apuntó: “La inflación acumulada del primer semestre fue del 16% pero la de alimentos alcanzó el 17,40%. Los hogares que más dinero destinan a alimentos son los de menores ingresos. Las políticas de Macri impactan más a los que menos tienen”. Esto se debe a que la canasta de consumo masivo (compuesta por alimentos y limpieza) gravita más mientras más cerca están los hogares de la base de la pirámide: el nivel medio alto destina a ese consumo sólo el 7% de sus ingresos, el medio bajo 15%, el bajo superior 30% y el bajo inferior el 57% (ver datos abajo; click para agrandar). Esto es un efecto socioeconómico de mediano y largo plazo: la inflación erosiona el consumo de los sectores más desfavorecidos, al mermar su poder adquisitivo, y esto resulta consistente con el sesgo de clase que se percibe respecto a la gestión Macri (perjudicial para quienes menos tienen).
La más reciente encuesta realizada por Delfos en provincia de Córdoba confirma el malestar socioeconómico dominante en este distrito clave para Cambiemos. Sobre una muestra de 1.800 casos relevados de manera domiciliaria con un error muestral de +-2,3%, detecta que el 50% de los cordobeses cree que durante los próximos 6 meses la situación económica del país empeorará; un 21% cree que se mantendrá igual y apenas 20% cree que mejorará (ver datos al inicio del posteo; click para agrandar). A nivel personal, el pesimismo en materia de expectativas también permea, si bien con menor intensidad: el 42% cree que su situación doméstica empeorará, 29% cree que se mantendrá igual y 20% cree que mejorará (ver datos abajo; click para agrandar). Este es probablemente el principal problema para el gobierno, que en otros momentos de su gestión supo atravesar crisis de imagen y de aprobación y salir airoso: desde diciembre hasta ahora, se fue apagando el motor de las expectativas, y al no poder recrearlas, sus niveles de adhesión se retraen cada vez más hacia su núcleo duro.
Cerrábamos el posteo anterior planteando la hipótesis de que el gobierno quizás instaló el tema de la reforma en el papel de las Fuerzas Armadas para tratar de correr la agenda hacia un issue que le resultara menos desfavorable (en torno a él, las opiniones se dividen en mitades casi simétricas a favor y en contra, +-50%) que las cuestiones socioeconómicas (en las cuales el apoyo al oficialismo viene perforando el orden de magnitud del 40% para replegarse hacia su núcleo duro, esto es, alrededor del 30% e incluso entre el 20% y el 30% en las cuestiones más sensibles). Precisamente, este domingo Shila Vilker, investigadora, analista de opinión pública y directora de la consultora Trespuntozero apuntó, en una línea muy similar, lo siguiente: “Considerando que el gobierno nacional ha sufrido en lo que va del año el mayor declive en su imagen y aceptación públicas de su mandato debido a los aumentos de tarifas y a las controversias ligadas a funcionarios, este dato no es menor. Reducción del gasto público, pobreza cero, gestión transparente y lucha contra el narcotráfico fueron los grandes caballitos de batalla electorales de Cambiemos en 2015. Tres de esos cuatro pilares hoy tambalean”. En ese marco, el gobierno podría estar jugándose un pleno al cuarto.
En este marco, la encuesta realizada por las consultoras Taquión y Trespuntozero en zona metropolitana (AMBA) que citamos en el posteo anterior profundizó en cuestiones clave en torno a la reforma presentada por el presidente Mauricio Macri. Como ya vimos, la iniciativa divide a la sociedad en dos partes casi simétricas: 47,2% a favor y 48,9% en contra, con núcleos duros más sólidos en los extremos más intensos. Quienes están “muy de acuerdo” rozan el 31% y quienes están “algo de acuerdo” el 17% (16,6%). Del otro lado de la grieta, un tercio (33,1%) dice no estar “nada de acuerdo” con la propuesta y sólo “poco de acuerdo” casi el 16% (15,8%; ver datos arriba, click para agrandar). Apunta Vilker:”entre los que dicen tener imagen favorable del gobierno nacional, 9 de cada 10 están a favor de la iniciativa. Si miramos al voto en las últimas elecciones presidenciales de 2015 tenemos más simetría y más calco con la grieta. Ocho de cada 10 votantes de Macri encuestados están a favor; 8 de cada 10 votantes de Scioli, en contra; ¿y los votantes de Massa? ¡5 y 5!. Es impresionante. La estructura de adhesiones y rechazos a esta iniciativa es lo más parecido (quizás lo último que queda) a los sentimientos partidarios en 2015, cuando Cambiemos empezó su proyecto de gobierno. Siendo así, no están errados en recurrir a esta medida”.
En ese punto, sin embargo, hay que señalar un matiz. Recordemos que el célebre consultor Dick Morris le aconsejaba al ex presidente norteamericano Bill Clinton que se expresara públicamente en todos aquellos temas en los cuales hubiera un alto porcentaje de opinión pública a favor. Los denominaba “the sixties”, es decir, los issues que obtuvieran un 60% de apoyo en la sociedad. Si nos atenemos a los datos de Berensztein/D'Alessio Irol (sobre total país) y a los de Taquion/Trespuntozero (en AMBA) no hay sixtie, sino un 50%/50%. No habiendo un “sixtie”, la posibilidad de capitalización se ve limitada. Con todo, sí es cierto que al gobierno le sienta mejor un issue en el que puede sintonizar con un 50% de los electores que aquellos donde el apoyo oscila en torno al 30% o incluso por debajo de ese umbral (como todos los ligados a la política económica, que hemos visto en varios posteos en los últimos meses). En la misma línea, si en este tema los electores contrarios al oficialismo están tan abroquelados en contra como los pro-oficialistas lo están a favor, entonces en el mejor de los casos el gobierno nacional está reforzando a segmentos permeables, sin avanzar sobre otros (es decir, con un resultado neutro en términos de sustentación y legitimación política).
Respecto a la función que espera la ciudadanía de las Fuerzas Armadas, en la encuesta se presentaron tres opciones guiadas: 1) Las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en conflictos extranjeros 2) Las Fuerzas Armadas deben intervenir en conflictos extranjeros y sólo en emergencias internas; 3) Las Fuerzas Armadas deben intervenir en conflictos extranjeros y en el control de la seguridad interna. “Aquí volvemos a ver más simetrías. De los votantes de Scioli, 6 de cada 10 se inclinan por la segunda opción que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en conflictos internos sólo de carácter excepcional. De los votantes de Macri, 6 de cada 10optan por la intervención constante en control de la seguridad. Sin embargo, los votantes de Massa hacen, sí, en este caso, una pequeña diferencia de cinco a favor del control de la seguridad contra cuatro a favor de la intervención excepcional. Esta diferencia tampoco desentona con el panorama de 2015. De hecho, fue el massismo el que impulsó la lucha contra el narcotráfico, tema que Cambiemos sumó a su plataforma de cara al ballottage para captar los votos del Frente Renovador”, describe Vilker (ver datos arriba; click para agrandar). En rigor, vuelve a haber un empate técnico entre las dos opciones más elegidas, dado que la diferencia de 2,7 puntos porcentuales no puede considerarse estadísticamente significativa.
El último punto relevado es quizás el más controversial y el que presenta mayor potencial de generar un cisne negro: si la reforma implica darle a las FF.AA cierto poder de control y represión de las protestas sociales. “Si esta finalidad está o no en la cabeza de Macri, de Bullrich o de Aguad, es imposible saberlo, pero está en la cabeza de 5 de cada 10 argentinos que dicen ver en la propuesta tal objetivo. Naturalmente, siguiendo esta repartición de la opinión hasta aquí mencionada, son más los desaprobadores del Gobierno los que adhieren a esta hipótesis: 7 de cada 10 para ser precisos. Esto es un indicador interesante, no sólo sobre cómo vive la sociedad esta iniciativa sino sobre cómo vive la protesta social”, evalúa Vilker (ver datos arriba; click para agrandar). Asimismo, casi la mitad del total de electores de AMBA se identifica con esa creencia, con una diferencia sobre la posición alternativa que en este caso sí es estadísticamente significativa: casi 14 puntos porcentuales (13,6 pp). Recordemos que a principios de este año el oficialismo ya había ensayado un endurecimiento de línea en materia de seguridad en oportunidad del caso Chocobar, algo que luego fue superado por la agenda del malestar socioeconómico. Así, sería la segunda vez en 2018 que el gobierno ingresa en esta cuestión de alta sensibilidad, con los riesgos que supone una línea eventualmente más dura en un cuerpo social sensibilizado por la crisis.
