miércoles, 24 de enero de 2018

Deterioro de las expectativas, otra bisagra en la opinión pública

Otro punto de inflexión en la coyuntura viene dado por la caída en las expectativas, que hasta el momento venían acompañando al gobierno. El “hay que darle tiempo”, uno de los elementos centrales del resultado electoral del 22-O (junto con el antikirchnerismo) funcionó como capital político de la primera mitad del mandato de Cambiemos. A tenor de las últimas encuestas conocidas, tal como apuntó Diego Genoud, “se lesionaron las expectativas, lo único que ofrece un gobierno sin presente y que ya agotó el uso del pasado”. Es lo que surge del más reciente estudio de consultora Synopsis realizado a nivel nacional a comienzos de enero, vía telefónica y sobre una muestra de 1.527 casos. Por un lado, el 42,6% de los argentinos adultos considera que la situación del país será “peor” dentro de un año. La cifra muestra que, de noviembre del año pasado a enero de 2018, las expectativas sobre el rumbo económico del país se fueron deteriorando: en noviembre de 2017, un 33,3% mantenía la opinión negativa sobre lo económico, con lo cual el salto de pesimismo es de 9,3 puntos porcentuales. Respecto a los argentinos que creen que la economía mejorará, según Synopsis alcanzan un 29,7%, cuando en noviembre eran  un 43,2%: una caída del optimismo de 13,5 puntos porcentuales (ver datos arriba; click para agrandar). 

El estudio también arroja que la que la valoración de los argentinos es hoy más negativa que positiva sobre el gobierno de Macri: desde noviembre de 2016 a enero de 2017, la merma en la visión positiva sobre la gestión de Cambiemos fue de 13 puntos porcentuales (de 51,6% a 38%). Por contrapartida, la negativa subió 11 puntos porcentuales (del 30,2% al 41,4%), con lo cual prácticamente hubo una transferencia neta de las opiniones favorables hacia las desfavorables (ver datos abajo; click para agrandar). Con todo, a nivel nacional, Cambiemos ya había tenido una valoración negativa peor que la de este mes: se dio entre enero y marzo de 2017 (meses de la polémica por la deuda del Correo Argentino, por ejemplo), cuando, según los datos de Synopsis, el porcentaje de opinión desfavorable llegó a ser de 42,5%. Por esa razón, la principal novedad de la coyuntura tiene que ver con la caída de las expectativas más que con la pérdida de imagen. En tanto, la valoración positiva más alta del último año se dio en época de elecciones legislativas, cuando más de la mitad (51,5%) evaluó como “positiva” la gestión de Macri. A partir de allí, y luego de la victoria oficialista a nivel nacional, la tendencia es descendente. 

Los datos sugieren que el significante del cambio (que, más que significante vacío, se construyó a partir de un consenso negativo, el del antikirchnerismo) comenzó a cobrar un sentido nuevo, y riesgoso para el oficialismo: el del ajuste (precisamente lo que el asesor estrella de Cambiemos, Jaime Durán Barba, remarcó que había que evitar, sobre todo en la etapa inicial del gobierno). El paquete de medidas oficiales lanzado después de la victoria electoral del 22-O incluyó, además del recorte a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, un pacto fiscal con las provincias, una reforma fiscal pro-patronal y un ajuste sobre la plantilla de trabajadores del Estado (en diciembre fueron despedidos casi 2 mil empleados públicos en Nación, PBA y municipios bonaerenses). Este mes se sumaron las subas de los servicios más la confirmación de la elevada inflación. Como apuntó Enrique de la Calle, “el macrismo encara un importante desafío que golpea en el punto exacto donde el Gobierno suele moverse: entre el ajuste que cree necesario hacer y el que la sociedad tolera. Cambiemos sabe que ese margen es estrecho. De hecho, los actuales niveles de desaprobación se asimilan a los de mediados de 2016, cuando el Ejecutivo encaró sus políticas de 'sinceramiento', que incluyeron tarifazos y paritarias por debajo de la inflación. La película es conocida: en 2017 volvió el 'gradualismo' y el oficialismo se impuso en las elecciones de medio término. Igualmente, todo parece indicar que este año ese 'gradualismo' perderá moderación. Cambiemos preferirá ceder capital político en 2018 para tener nuevamente margen en 2019, año electoral”. Esto sugiere que el 2018 será más duro que el año pasado, lo cual da asiento al sensible deterioro registrado en las expectativas. 

Según Synopsis, también creció el descontento con el actual rumbo económico: un 36% cree que no es el correcto, y a la vez aumentaron las dudas. En octubre del año pasado, un 28,2% no estaba seguro de hacia dónde iba Macri, y en enero ese porcentaje subió hasta el 33,8%. Respecto a los que tenían una mirada optimista del manejo de la economía argentina, vienen en baja: desde las legislativas hubo una caída de seis puntos en la confianza hacia Cambiemos (30,7% contra 24,1%). En ese marco, la inflación continúa como la preocupación máxima de los argentinos con un 27%, seguida por la corrupción con un 21,8 %. Cabe recordar que Argentina registró en 2017 una inflación de casi 25 puntos (24,8%), casi 50% más que el techo establecido por el gobierno a principios del año pasado. Respecto a esto, José Natanson también identificó una bisagra: “el contundente triunfo oficialista en las elecciones de octubre abrió una nueva etapa política, marcó el verdadero comienzo del gobierno de Cambiemos. Disipada la amenaza de una restauración kirchnerista, con menos posibilidades de seguir apelando al fantasma del populismo como gran argumento justificador y auspiciado por un entorno regional que lo acompaña, Macri es, por fin, libre. En este contexto nuevo, la brecha entre la dificultad para conseguir mejoras de bienestar y el apoyo que concita –la distancia entre la realidad material y las expectativas– se va achicando. Lenta pero persistentemente, la mirada social va girando de la política a la economía (…) los acontecimientos de diciembre sugieren que una parte importante de la sociedad ya empezó a hacer las cuentas". En ese marco, después de una elección que fue un plebiscito político más que económico, se insinúa otro giro o potencial bisagra.  



lunes, 22 de enero de 2018

¿El germen de un consenso negativo en torno al cambio?

La emergencia de consensos negativos en torno al paquete de reformas propuestos por Cambiemos a fines de 2017 puede generar una bisagra en la opinión pública, porque alteraría la dinámica de la “grieta”, electoralmente rentable para el gobierno nacional desde el ballotage del 2015 hasta los comicios de medio término del 2017. Si en ese tránsito el oficialismo se benefició del consenso negativo anti-K (solidificando su voto frente a una oposición dispersa, dentro de la cual el kirchnerismo es la facción más visible y caudalosa, en un proceso de legitimación mutua entre tesis y antítesis), el germen de un nuevo consenso negativo resulta altamente riesgoso, pues podría dar lugar a tendencias reunificadoras del campo opositor que enciendan luces de alerta de cara al 2019 electoral. 

Ya antes del debate por la reforma previsional (de impacto negativo en la opinión pública), una encuesta de Gustavo Córdoba mostraba que un 46,6% de los argentinos creía que el paquete de reformas del oficialismo iba a provocar una crisis, contra un 38,8% que creía que impulsarán la economía (un 14,6% no sabía o no respondía). Todas las encuestas realizadas a fines de diciembre acusaron un empeoramiento de los indicadores de confianza: la crisis por la desaparición del submarino ARA San Juan, la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado durante un operativo de la Prefectura, y la “forma en que se tematizaron públicamente las iniciativas de reforma laboral y previsional” provocaron un derrumbe del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Torcuato Di Tella. Luego de tocar su techo histórico en noviembre tras la victoria electoral de Cambiemos el 22-O, el ICG de diciembre de 2017 fue de 2,36 puntos (en una escala de 5 puntos), “registrando el descenso porcentual más pronunciado de la gestión de Mauricio Macri (20,3 por ciento) (…) Se quiebra así la evolución positiva que acompañó a los resultados electorales favorables de Cambiemos en las PASO de agosto y en las generales de octubre, y que se extendió al mes de noviembre, lapso en el cual el ICG aumentó un 33 por ciento (de 2,24 en julio a 2,97 en noviembre). En términos interanuales la variación del ICG es de – 5 por ciento”, apuntó el documento elaborado por la universidad.

De acuerdo a la entidad, la caída del ICG refleja una “serie de problemas políticos que el gobierno nacional manejó con dificultad tras su triunfo electoral (…) La gestión de la búsqueda del Submarino ARA San Juan, y la represión que terminó con la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel por un impacto de bala similar a las del grupo de Prefectura Naval que actuó en el mismo. En segundo lugar, durante la primera quincena de diciembre, la forma en que se tematizaron públicamente las iniciativas de reforma laboral y previsional”. En ese marco, el derrumbe de confianza que sufrió la gestión de Cambiemos sólo es comparable, siempre según las mediciones de la UTDT, con la caída que registró el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (-23%) durante el conflicto con las patronales agrarias en 2008 (resolución 125) y por tres mediciones registradas en plena crisis de 2002, cuando Eduardo Duhalde ejercía la presidencia de manera interina luego de la caída de la Alianza en diciembre de 2001. “No deja de ser revelador que la caída más pronunciada se haya producido en el rubro Preocupación por interés general (variación – 29 por ciento) en un contexto en que el debate político se centró en la modificación del régimen de actualización de jubilaciones y pensiones”, concluyó el informe. Otro dato negativo es que esa caída del ICG coincidió con una merma en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que mide la misma entidad (ver datos arriba; click para agrandar): ese indicador cayó 15,5% en diciembre y se ubicó en 43,18 puntos, muy cerca del peor valor registrado por Cambiemos en febrero de 2017 (40,68). Cabe destacar que el ICC analiza las percepciones de los individuos sobre el estado de la economía, la situación económica personal y las expectativas a mediano plazo, revelando así con relativa rapidez el “humor” de los consumidores, que determinará, luego, las decisiones de compra a corto y mediano plazo y, por lo tanto, la evolución de los indicadores macroeconómicos en los próximos trimestres. Los datos desagregados arrojaron que ese mes cayeron todos los subíndices: bienes durables e inmuebles, 22,2%; situación personal, 10,8%; y situación macroeconómica, 15%. De acuerdo con la distribución territorial, la confianza del consumidor bajó 14,2% en el interior del país, 12,3% en CABA y 17,5% en el conurbano. Respecto a la distribución por nivel de ingresos, la confianza del consumidor bajó 11,9% para el sector de los encuestados con mayores ingresos y disminuyó 18,4% para los de menores ingresos con respecto a noviembre, lo que tiende a confirmar el sesgo clasista percibido en Cambiemos (ya analizado en varias entradas del blog). El informe de la UTDT reveló que la brecha entre las condiciones presentes en las que se evalúan los encuestados y las condiciones futuras continúa agrandándose: mientras que las expectativas futuras cayeron 12,9%, las condiciones presentes lo hicieron 19,5%.

En esa línea, resulta clave que la reforma previsional no sólo impacta en un segmento etario que viene acompañando a Cambiemos en las elecciones desde el 2015 (con el potencial de erosionar su base electoral), sino que sus repercusiones se extienden a un colectivo mucho más amplio y, por lo tanto, políticamente más significativo: el germen de una nueva mayoría configurada en torno a un nuevo consenso negativo, esta vez, en torno al cambio, ya no entendido como salida del kirchnerismo, sino como ajuste. Según estimaciones del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la sanción de la reforma previsional afectará a 4.124.958 niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares y 3.941.893 niñas, niños y adolescentes que reciben asignaciones universales. Asimismo, la directora de Protección Social del CIPPEC, Gala Díaz Langou, explicó que la ley vuelve más inequitativo el sistema de transferencias. "Lo que produce la reforma previsional aprobada es una ampliación en la brecha entra la AUH y deducción de ganancias". Un tercer canal a través del cual el Estado transfiere recursos a las familias con menores son las transferencias que se realizan a partir de la deducción por hijo que se puede realizar al impuesto a las ganancias. Según Díaz Langou, estas transferencias son "inequitativas" debido a que "excluyen sobre todo a familias de sectores de menos ingresos", en tanto que "los que deducen Ganancias pueden percibir indirectamente un monto mayor que quienes reciben la AUH". Asimismo, aún con la implementación del bono compensatorio que impulsó el gobierno nacional para paliar el malestar generado, la diferencia acumulada para 2018 en la evolución de la prestación de la AUH sería de $ 391,1 menos, según los cálculos realizados por Infancia en Deuda (ONG que aglutina a diversas organizaciones que abordan las problemáticas vinculadas a la infancia y en la que participa el CIPPEC). En tanto, para las prestaciones de asignaciones familiares, la diferencia negativa para los 12 meses de 2018 alcanza los $ 791,13 para ingresos de hasta $ 21.921; $ 532,1 para ingresos de hasta $ 32.152; $ 320,42 para ingresos de hasta $ 37.120 y $ 168,66 para ingresos de hasta $ 73.608. Finalmente, la medida que impulsó el oficialismo constituye una violación a la normativa internacional vigente en materia de derechos económicos de la infancia, que al igual que la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, señala que los Estados deben garantizar "el máximo de los recursos disponibles" para garantizar los derechos de este sector, y que tienen vedadas medidas regresivas que disminuyan la inversión pública para la garantía de los mismos. “En este contexto, resulta preocupante que del amplio espectro de opciones para recortar el nivel de gasto, el Gobierno haya optado por los más débiles”, apuntan los especialistas.

viernes, 19 de enero de 2018

Un consenso negativo que puede marcar una bisagra en la opinión pública

En las entradas finales del año pasado repasábamos encuestas con datos clave para el realineamiento político-electoral de cara al 2019. Si el diagnóstico negativo sobre el impacto socioeconómico de las reformas lanzadas por el gobierno nacional después de las elecciones de medio término es acertado, podrían realinearse los espacios opositores en torno a las mayorías perjudicadas por esa medida y con ello cambiar las premisas analíticas pos 22-O, que partían de considerar una primera minoría oficialista consolidada en torno al 40% vs dispersión en el espacio opositor. 

En ese marco, un estudio realizado a fines de diciembre de 2017 sobre el impacto de la reforma jubilatoria en particular arrojó resultados negativos para el gobierno, aun en un distrito que es bastión del PRO desde el 2007. Según la consultora Raúl Aragón y Asociados, “respecto del grado de acuerdo con la modificación de la fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios sólo el 22,4% dice estar de acuerdo, mientras que el 67,2% lo rechaza" (ver datos arriba; click para agrandar). Es decir, un consenso que abarca a 2 de cada 3 electores. "Y aquí también el electorado de Cambiemos es rotundamente crítico: entre los electores de Cambiemos en el ballotage de 2015 el 59,6% dice no estar de acuerdo con esa modificación. Considerado por Nivel Socioeconómico, el Acuerdo/Desacuerdo guarda una fortísima correlación. Mientras que entre los miembros del segmento de clase alta y media el acuerdo es de 39% y 30,8% respectivamente, entre los de clase baja este valor desciende a 10,5% y el desacuerdo registra 50,8% y 57,9% entre los primeros dos segmentos, mientras que en el de menores recursos alcanza el 79,6%", destaca Aragón.

La percepción social del efecto del cambio en el cálculo de las jubilaciones resulta coherente con lo descrito arriba. Mientras que el 16,2% considera que la medida favorece a los jubilados, el 66,2% considera que los perjudica (ver datos abajo; click para agrandar): nuevamente, un consenso negativo de dos tercios. Y aquí también se registra un altísimo nivel crítico al interior del electorado macrista: entre los votantes de Cambiemos en el ballotage de 2015 el 54,8% considera que perjudica a los miembros de la clase pasiva. Es decir, medidas como la reforma jubilatoria podrían agudizar el sesgo “clasista” atribuido a Cambiemos (el de beneficiar a las clases altas en detrimento de las demás), que hemos repasado en diversas entradas de este blog. Según el estudio de Aragón y Asociados, en términos de niveles socieconómicos (NSE), la percepción social del efecto del cambio en el cálculo de los haberes jubilatorios guarda, así como en la variable anterior, una fuerte correlación entre segmentos. Entre los miembros de la clase alta el 33,3% considera que favorece a los jubilados, entre los de clase media el 20,6% registra esta misma opinión y cae en el sector de menores recursos a 5,9%. En la opinión contraria -es decir, que perjudica a los mayores- estos tres segmentos registran 53,3%, 63,6% y 73% respectivamente. “La acción del Gobierno de Mauricio Macri ha resultado en un altísimo costo político para Cambiemos si consideramos que este estudio se realizó en el distrito de mejor desempeño histórico del PRO y Cambiemos, y que registra un altísimo nivel de rechazo entre sus votantes y los sectores socioeconómicos tradicionalmente favorables”, resalta el informe de la consultora.

En otro orden, respecto a la violencia generada durante las sesiones para la modificación del cálculo previsional, el 24,3% atribuyó la responsabilidad de esa violencia al kirchnerismo, mientras que un 16,3% la atribuye al Gobierno. Entre quienes consideran que el kirchnerismo es el responsable de la violencia de esos días, sólo un tercio se reconoce electorado de Cambiemos en el ballotage de 2015. El resto del electorado de Cambiemos atribuye la violencia a otras organizaciones, incluyendo un 5,8% de esos electores macristas que la atribuyen al gobierno nacional. Considerado por NSE, el escenario es aún peor para el oficialismo: mientras que entre los miembros de mayor y menor poder adquisitivo -el 10% y el 11,3% respectivamente- le atribuyen la responsabilidad de la violencia, entre los miembros de la clase media porteña (“cliente” electoral central de Cambiemos) este porcentaje de atribución de responsabilidad al Gobierno asciende a 26,2%, es decir, más de dos veces y media de lo registrado en los otros segmentos.


viernes, 29 de diciembre de 2017

Oficialismo y oposición: gobernabilidad y posicionamientos de cara al 2019

En el siguiente análisis de la politóloga María Casullo pueden encontrarse pistas respecto a la dinámica político-electoral de cara al 2019 y a quién puede capitalizar un desgaste del oficialismo. “¿Qué tiene que hacer el peronismo? Yo no lo puedo resolver, pero sí puedo decir que lo primero que va a tener que ser, en algún momento, es opositor. Porque en toda América Latina, con la crisis de las identidades partidarias e ideológicas, los sistemas políticos se estructuran primero que nada como gobierno y oposición. Se vio claro durante el kirchnerismo y creo que se va a ver durante el macrismo. Cuando la oposición al kirchnerismo la encarnó Binner lo votaron a Binner y cuando la encarnó Macri lo votaron a Macri. Lo que importa es quién encarna la oposición”. Pues bien, tanto por datos de encuestas como por caudal de votos en las elecciones de este año, está claro que hoy la principal figura opositora es CFK. La politóloga María Casullo agrega sobre la ex presidenta algunos elementos que refuerzan la hipótesis expuesta al cierre del post anterior respecto a la dinámica político-electoral de cara al 2019. “Cristina puede decir 'me quedo en el Senado y no soy candidata'. Pero tendría que haber ciertas condiciones, con un arreglo muy explícito. Porque los votos de Cristina -muchos o pocos- son de ella. El peronismo siempre ha solucionado esto con la aparición de un nuevo liderazgo: es un partido carismático-serial. Aparece un líder, se verticalizan todos. Se va a ese líder, una crisis hasta que aparece otro líder. Esta situación es rara porque nunca había habido un líder como Cristina, que se mantiene como figura relevante después del poder, simplemente por los votos que tiene. Tendría que aparecer un liderazgo más fuerte y desafiante, que la trascienda. Eso no existe hasta ahora. Con esa cantidad de votos que no es mayoritaria pero no es despreciable, Cristina no es aceptada como líder indiscutida y tenés un conjunto de gente que se presenta como posibles líderes pero no han demostrado ser locomotoras electorales y que más bien pierden hasta en sus distritos”. 

Como venimos apuntando, aquellos referentes del espacio pan-justicialista que aspiraban a mantenerse por fuera de la grieta cayeron víctimas de la polarización (la "MaCris") este año, con lo cual quedaron desdibujados como alternativa opositora y tampoco pudieron jubilar a la ex presidenta del tablero, por lo que ella subsiste como principal referencia del espacio. Así como Mauricio Macri capitalizó el antikirchnerismo mejor que las figuras alternativas, así también hoy CFK es la principal referencia “anti-Cambiemos”. Esto sugiere que de cara al 2019 nuevamente será “la Macris” (la polarización en torno a Macri y CFK) la principal disputa ordenadora del escenario nacional, planteando la posibilidad de que se conformen dos polos, uno de centroderecha y otro de centroizquierda. También se articula con ese análisis la desaparición de las “terceras vías”, que Casullo apuntaba oportunamente. “Mi hipótesis es que una parte del progresismo se integra a Cambiemos después de 12 años en los que finalmente pesa más la identidad antiperonista o antikirchnerista que la identidad progresista. Llegan a la centroderecha a partir de decir lo que realmente me importa es sacar al kirchnerismo. La otra parte se integró al kirchnerismo”. 

Ahora bien, los datos de las encuestas recientes sobre la reforma jubilatoria muestran un consenso negativo en torno a ella. Esto es, aquí no hay grieta en el sentido de polarización, sino mayorías robustas en contra de la medida del oficialismo. A los datos que vimos oportunamente (estudios de Rouvier y Asociados, CEOP y D´Alessio IROL/Berensztein) se agregaron otras mediciones. Por caso, la consultora Ágora midió la opinión pública en Capital y Gran Buenos Aires (GBA) entre el 14 y el 20 de diciembre, sobre una muestra de 1.200 casos. Al preguntar sobre la reforma previsional, un 65% se mostró en desacuerdo, con dos matices: un 47% expresó un rechazo total y un 18% se manifestó “algo en desacuerdo”. Apenas un 17% respondió que estaba "algo de acuerdo" y sólo un 12% se mostró nítidamente a favor. En la misma línea, una encuesta de la consultora Analogías reportó un rechazo al ajuste previsional profundo y transversal sobre diversos segmentos sociales y superior al 68% (ver datos arriba; click para agrandar). Este relevamiento fue realizado en el ámbito del GBA los días 15 y 16 de diciembre en los 28 municipios que integran el conurbano, sobre una muestra de 1.680 casos efectivos, mediante entrevistas telefónicas. Asimismo, el  rechazo a la idea de afectar las jubilaciones se mantiene por encima del 80%, parejo en todos los segmentos de edad y nivel educativo relevados. Con casi 9 de cada 10 vecinos al tanto de los hechos ocurridos el jueves en la Cámara de Diputados frente a la sesión convocada para tratar el proyecto, se pone de manifiesto el elevado impacto que generó el issue. En ese sentido, entre los entrevistados se impone la idea de que el Gobierno de Mauricio Macri fue “incapaz de manejar el conflicto” generado por el proyecto de reforma. El porcentaje que opina así es parejo por edad y creciente por nivel educativo. Asimismo, más del 50% considera que la suspensión del tratamientos y las protestas fueron un revés para el gobierno nacional. Asimismo, casi un 75% se oponía a un eventual decreto que impusiera el proyecto (que finalmente no fue necesario). De igual modo, los entrevistados consideraron mayoritariamente que el gobierno de Macri actuó represivamente contra las movilizaciones sociales, a propósito de los violentos hechos ocurridos en las inmediaciones del Congreso cuando el jueves 14 de diciembre cayó la sesión por la reforma previsional. 

Si el rechazo a medidas clave como la reforma jubilatoria escapa a la grieta, entonces podemos estar ante un momento bisagra: la hipótesis principal de la mayoría de los análisis poselectorales del año que recién termina partía de situar a Cambiemos en torno al 40% de los votos a nivel nacional y en presuponer un espacio-panjusticialista dividido, como se vio en las PASO y las generales del 2017. Esto podría ser problematizado doblemente: 1) por descenso de Cambiemos 2) por tendencias de reunificación del electorado opositor a partir del impacto socioeconómico de las medidas de Cambiemos. Como apuntó Ignacio Ramírez (Isonomía), el desacuerdo con la reforma previsional es “una reacción crítica expandida de manera transversal en todos los segmentos. Esta medida, además, interrumpe una regularidad: la simpatía que suelen suscitar las iniciativas oficialistas entre los mayores de 55 años”. En la misma línea, antes de la sanción de la ley, Juan Amorín marcaba: “de aprobarse la reforma previsional, el Gobierno perjudicará al sector etario que más lo apoya: los jubilados. Casi el 50% acompañó con su voto a Cambiemos en la Provincia según el sondeo de QueryArgentina” (ver gráfico abajo; click para agrandar). 



jueves, 28 de diciembre de 2017

El costo político de las reformas y su relevancia de cara al 2019

En una serie de entradas recientes, la última de las cuales titulamos como “Hacia el 2019: ¿presos en "la MaCris"?”, planteábamos que este año hubo  “gobernadores del PJ y referentes del espacio pan-justicialista que hicieron una doble apuesta: 1) jubilar a CFK del escenario político 2) enfrentar y vencer a Cambiemos desde una condición de “opo-oficialistas”. Puestos por sí mismos en esa suerte de “no lugar”, quedaron presos de “la MaCris” (la polarización entre Cambiemos y CFK): no pudieron lo primero, ni tampoco lo segundo”. La dinámica en la discusión de la reforma previsional mostró en gran parte una reedición de esa dinámica. Como apuntó oportunamente Ezequiel Rudman, “La presunta ‘liga’ de gobernadores quedó así explícitamente fracturada. De un lado, el trío de "traidores" al acuerdo Nación-Provincias que incluía también el acuerdo fiscal y la reforma tributaria. Del otro, el ´Grupo Fernet´ de mandatarios aliados encabezados por el cordobés Juan Schiaretti (…) El misionero Hugo Passalacqua se afianzó en el círculo íntimo presidencial. Junto a su par de Córdoba aportaron nueve votos determinantes para sancionar la ley. En el ´Club del Fernet´ también se acomodaron el entrerriano Gustavo Bordet, el tucumano Juan Manzur -premiado con el freno de la suba de impuestos a bebidas azucaradas-, el chaqueño Domingo Peppo y el neuquino Omar Gutiérrez.  Del otro lado del Jordán, al tope de la lista negra que irritó a Macri y Frigerio están Zamora, Casas y Uñac. Los diputados que presuntamente respondían al gobernador de San Juan se desmarcaron y votaron en contra junto a José Luis Gioja, del Frente para la Victoria. Tampoco aportaron quórum. No hubo ningún voto del peronismo sanjuanino afirmativo. Casas sufrió la interna peronista de La Rioja con Luis Beder Herrera, su antecesor, quien bloqueó el apoyo de votos justicialistas al proyecto de Cambiemos. Zamora tampoco respondió. Maneja un mini bloque de seis legisladores. Sólo uno votó a favor. El mandatario ni siquiera pudo comprometer el apoyo de su esposa, Claudia Ledesma”. 

Así, hubo una división entre los gobernadores de signos políticos distintos a Cambiemos: una parte de ellos (el Grupo Fernet) se ajustó al patrón que Julio Burdman expuso en su artículo La oposición imposible. “El reservorio de presidenciables está en las provincias, pero una vez que los ciclos terminan. Mientras tanto, la dirigencia nacional, verdaderamente nacional, se reduce al Presidente, a alguna figura que tiene una campaña nacional encima y logró gracias a ello nacionalizarse, y no muchos más. Los gobernadores, mientras tanto, necesitan llevarse bien con el Presidente, que es quien firma sus cheques. Y quieren que al Presidente le vaya bien, porque sus ciclos están sincronizados. Estos gobernadores peronistas van a ayudar a Mauricio Macri a gobernar. Como los gobernadores radicales ayudaron a Kirchner. Como los gobernadores peronistas ayudaron a Menem”. Entraron en ese patrón "opo-oficialista" enfocado en la gobernabilidad mutua Schiaretti, Bordet, Manzur, Peppo y Gutiérrez. En cambio, se salieron del patrón Zamora, Casas y Uñac, confirmándose como opositores (al menos, los legisladores nacionales de sus provincias). Hay otro dato clave detrás de esos alineamientos: en el primer grupo de 5, casi todos perdieron la elección en sus provincias frente a Cambiemos, a excepción de Manzur, y por brechas contundentes, lo que implica que ser opo-oficialista no resulta rentable electoralmente (aunque pueda aportar a la gestión). En los segundos tres, casi todos ganaron, con excepción de Casas, que estuvo muy cerca: su lista de diputados nacionales quedó detrás de la de Cambiemos por apenas 0,6 puntos porcentuales. Las de Uñac y Zamora ganaron con contundencia, con brechas de casi 32 puntos en el primer caso y de casi 52 puntos en el segundo caso. Conclusión: resulta más rentable electoralmente ser opositor a Cambiemos que opo-oficialista. 

Oportunamente, Carlos Pagni había planteado el desafío que suponía para Macri tener que “aprobar sus reformas con el voto de las víctimas de esas reformas” (en referencia a los gobernadores y gremialistas, mayoritariamente peronistas). Hay algo de dinámica del tipo “síndrome de Estocolmo”, en el sentido de que a muchos gobernadores del PJ con caudal importante y aspiraciones les cuesta sustraerse de la polarización y, puestos en el dilema de “la Macris”, caen víctimas de Cambiemos en sus propias provincias. Es cierto que el principal clivaje territorial de la elección de este año fue el nacional, pero sería un pecado de ingenuidad por parte de los gobernadores “opo-oficialistas” creer que una buena sintonía de gobernabilidad con el presidente Macri los preservaría de una eventual ola amarilla cuando en 2019 se disputen las gobernaciones provinciales. Según María Casullo, el peor error que puede cometer la oposición a Cambiemos es “no ver el manejo político y las ambiciones que tiene Cambiemos en todo el país. Demostraron que quieren ganar en todas las provincias, a los gobernadores que son adversarios y a los que son aliados también les quiere ganar y les va a ganar. Salieron a disputarle a los aliados como Schiaretti incluso más duramente. Es interesante porque el kirchnerismo sí hacía algunos de estos arreglos con gobernadores que aparecían como aliados no kirchneristas”.

Los datos de las encuestas conocidas hasta ahora indican que el mayor costo político por la reforma jubilatoria lo está pagando el presidente Mauricio Macri, es decir Cambiemos. Incluso antes de la discusión de esa reforma, ya había estudios que anticipaban la erosión de capital político que ocasionaría al oficialismo el paquete de leyes enviado al Congreso. El consultor Gustavo Córdoba evaluaba que “con tratamiento parlamentario, el trío de reformas laboral, fiscal y fundamentalmente la previsional, asoman como un costo político importante para el gobierno”: un 46,6% evaluaba que esos cambios provocarían una crisis, contra un 38,8% que se inclinaba por la opinión de que impulsarían la economía. Un 14,6% no se pronunciaba por ninguna de las dos alternativas de respuesta (ver datos arriba; click para agrandar). Con guarismos nacionales desfavorables entre el 70% y el 80% por ciento respecto a la reforma previsional luego de la discusión parlamentaria y las protestas (según tres estudios de alcance nacional que citamos en posts anteriores), está claro que ese 47% de opiniones negativas hoy se quedaría corto. La pregunta es si el costo político lo sigue pagando sólo el oficialismo, o si parte del mismo se “coparticipa” entre los gobernadores “opo-oficialistas”. Y esto dispara otra pregunta: ¿quién está en condiciones de capitalizar ese desgaste?