Conciencia de pandemia, entre las flexibilizaciones y el endurecimiento (2)

La encuesta más reciente realizada por la consultora Delfos en la provincia de Córdoba arroja que la percepción de gravedad de la situación del coronavirus en nuestro país volvió al pico del 72% registrado al inicio de la pandemia, al mismo tiempo que la contraria cayó al piso de 24% detectado en la misma época (gráfico arriba). Mientras que en abril esa percepción subjetiva traducía una preocupación por el tema dentro de un panorama que estaba controlada por una cuarentena estricta, en este momento la percepción subjetiva se corresponde con una situación objetiva que registra récords de decesos y contagios. Eso es consistente con la circulación comunitaria del Covid-19 que genera la flexibilización de las medidas sanitarias y la movilidad laboral y personal a partir de las segmentaciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) a partir de mayo y el creciente incumplimiento de las medidas sanitarias promovido por los sectores anticuarentena en los últimos meses. En este marco, comienza a crecer en Córdoba la idea de que la responsabilidad por los rebotes atañe a las autoridades (pasó del 10% al 23% en las últimas dos mediciones), pero aún sigue relegada detrás de las respuestas que los adjudican al comportamiento de la gente (cedió 9 puntos porcentuales) y a la propia dinámica de la pandemia (que ronda el 30%; gráfico abajo). 

En este contexto donde la economía va arrancando al mismo tiempo que la campaña y la movida anticuarentena se mantiene, el gobierno nacional no activó el botón rojo en todo el país sino que dejó las decisiones de endurecimiento en manos de las autoridades provinciales y distritales. Esto se corresponde con una situación de "legitimidad fragmentada" respecto al endurecimiento, dado que, como vimos en el posteo anterior, la "politización de la pandemia", generada básicamente por la oposición al gobierno pero favorecida también por algunos déficits de la comunicación oficial, ha llevado a que ninguna de las posiciones en el debate respecto a endurecer o flexibilizar las medidas sanitarias pueda reunir hoy un consenso mayor al 50%. Aun así, el accionar del gobierno nacional en la materia goza de un acompañamiento fuerte: en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), conglomerado que es la principal vidriera política del país y donde el Frente de Todos (que gobierna la nación y la provincia de Buenos Aires) comparte responsabilidades de gestión con Juntos por el Cambio (que administra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA), según la última encuesta de la consultora Aresco el 71,1% evalúa de manera positiva el desempeño del gobierno nacional en la prevención y control del coronavirus, vs casi 28% que lo evalúa negativamente (gráfico abajo). El estudio se cerró a fines de agosto sobre una muestra de 4.492 casos relevados por el método IVR, es decir telefónico-automático, respetando las proporciones por sexo, edad y nivel económico-social. 

Así, los datos en AMBA están en el mismo orden de magnitud que los que arroja el estudio nacional del Celag: 74,3% califica de manera positiva la gestión de la pandemia vs 24,7% que la califica de manera negativa (gráfico abajo). Así, la opinión favorable triplica a la desfavorable; las diferencias con los datos del área metropolitana no son estadísticamente significativas. En cambio, es menor la evaluación positiva de la gestión de la economía nacional: casi 53% positiva vs 45,3% negativa. Aquí, el saldo favorable es de apenas 7,4 puntos porcentuales, contra casi 50 pp en la variable gestión de la pandemia. El informe del Celag se basa en una muestra de 2.000 entrevistas telefónicas realizadas en 18 localidades de 14 provincias. 

Esto puede ayudar a entender por qué el gobierno nacional no ve conveniente un endurecimiento general de la actividad, dado que podría perjudicar el rebote de la dinámica económica (una variable en la que le sobra poco en las encuestas), al mismo tiempo que difícilmente mejoraría los números sanitarios, habida cuenta de la dificultad para garantizar el acatamiento de la población. Asimismo, como la aprobación del desempeño del oficialismo en la gestión del Covid-19 sigue siendo muy elevada (65% positiva vs 30% negativa en el promedio de las últimas 10 encuestas nacionales), el gobierno nacional tampoco tiene mucho por ganar con un endurecimiento generalizado de las medidas, cobrando así mayor sentido la gestión a cargo de cada distrito.     

El aporte a las grandes fortunas en las encuestas (columna publicada en CBA24N)

Recientemente, dos diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner y Carlos Heller, presentaron un proyecto de ley que propone un aporte extraordinario y solidario para las grandes fortunas. La iniciativa, que será debatida en el Congreso, fue rápidamente rechazada por la oposición de Juntos por el Cambio, alianza que profundiza así la línea “agonal” que su ala dura ya había tomado respecto al decreto de necesidad y urgencia (DNU) referido a las telecomunicaciones. Se trata de un tema que muchas consultoras han medido desde marzo, cuando la pandemia llegó al país y la región. Según las encuestas de Celag, en Argentina 76,2% de los electores están de acuerdo con un gravamen extra a las grandes fortunas como medida frente al Covid-19, mientras que 21,4% está en desacuerdo (la medición se realizó en nuestro país en mayo). En Chile y Ecuador la tendencia es muy similar a la nacional, con diferencias estadísticamente no significativas, mientras que en México y Bolivia el acuerdo ronda el 65% y el desacuerdo el 30% (gráfico arriba). En el mismo mes, la consultora Zuban Córdoba & Asociados detectó un acuerdo acumulado del 78,2% con el concepto de un aporte extraordinario por parte de los millonarios, mientras que un 20,2% se mostraba poco o nada de acuerdo (gráfico abajo).

También en mayo, la consultora Analogías reportó en nuestro país un acuerdo similar con un concepto aún más amplio: 75% estaba de acuerdo con cobrar todos los años un impuesto anual a las 10 mil personas más ricas de Argentina, apoyo que era transversal por género, edad y nivel educativo, mientras que 19,1% se mostraba en desacuerdo (gráfico abajo).

Según la misma consultora, ese acuerdo trepaba a casi el 82% si el impuesto se focalizaba en las 1.000 personas más ricas del país y se destinaba a atender la emergencia generada por la pandemia; en ese caso, el desacuerdo apenas rozaba el 14% (gráfico abajo). 

Analogías también midió el tema en su estudio más reciente, cerrado el 5 de septiembre: para casi el 60% de los electores argentinos el tributo que afectaría a unos 12 mil millonarios debería cobrarse todos los años, mientras que 27,2% se muestra en contra de esa idea (gráfico abajo).

De todos modos, si hacemos foco en las tres mediciones comparables de manera lineal que sondean las tendencias en torno a un aporte de carácter extraordinario sobre un grupo minoritario de grandes fortunas, ricos o millonarios por única vez en el marco de la pandemia, el promedio de acuerdo a nivel nacional es de 78,7% mientras que el desacuerdo es de 18,4%: esto pone de manifiesto un contundente aval a la iniciativa en todo el país. 

Ese aval también se confirma en la medición de la consultora Clivajes realizada a fines de agosto: el 73,95% estuvo de acuerdo en avanzar con ese proyecto, lo cual sitúa el acuerdo en un orden de magnitud que alcanza a 3 de 4 cuatro electores en todo el país (gráfico arriba).

¿Qué sucede en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el conglomerado de mayor visibilidad mediática y con mayor “ruido” opositor? En julio pasado, la medición de Clivajes allí arrojó un acuerdo de 79,53% respecto al impuesto extraordinario a la riqueza contra un desacuerdo de apenas 15,71% (gráfico arriba). 

Por su parte, la medición realizada también en AMBA por la consultora Circuitos en agosto detectó un acuerdo de casi 59% contra un desacuerdo de 31,3% (gráfico arriba). Haciendo un promedio de ambas mediciones en ese conglomerado obtenemos un acuerdo de 69% y un desacuerdo de 23,5%, lo cual confirma que incluso en la “vidriera” del país la iniciativa tiene un apoyo mayoritario. En síntesis, el cruce de datos arroja un claro aval a la propuesta de una contribución extraordinaria para los más ricos en el marco de la pandemia y pone en evidencia que, al igual que sucedió con el DNU referido a las telecomunicaciones, el rechazo de Juntos por el Cambio es una causa minoritaria. Para más datos, la posición de esa alianza no sólo está a contramano del consenso en el AMBA, a nivel país y en Latinoamérica, sino que además pierde de vista que el contexto sanitario ha favorecido la presentación de propuestas similares en toda la región y también en Europa (gráfico abajo). 

Así, la actitud de Juntos por el Cambio, abrazando consignas impopulares y reclamando condiciones no razonables para sesionar en pandemia ya resulta obstruccionista: lejos de fortalecer el debate, disputa agenda con minorías intensas a la vez que reaccionarias, alejándose de un centro político que reclama moderación.

https://www.cba24n.com.ar/opinion/el-aporte-a-las-grandes-fortunas-en-las-encuestas_a5f5b959a4820286d85b850dc

Conciencia de pandemia, entre las flexibilizaciones y el endurecimiento (1)

Los rebrotes de Covid-19 a nivel país volvieron a posicionar al coronavirus al tope de los problemas percibidos en Córdoba. Según la última encuesta provincial de la consultora Delfos, casi 4 de cada 10 cordobeses mencionaron a ese problema como el principal, con una suba de 12 puntos porcentuales respecto a la anterior medición, mientras que la baja en la actividad económica cedió 5 pp (de 24% a 19%) y la corrupción se mantuvo constante en 22% (gráfico arriba). Al mismo tiempo, creció el pesimismo en materia de expectativas sanitarias: 42% cree que la situación respecto al Covid-19 será peor dentro de un mes (+ 14 pp respecto al estudio anterior), mientras que el optimismo cedió 8 pp (de 23% a 15%); al mismo tiempo, la perspectiva estable se mantiene sin variaciones estadísticamente significativas (pasó de 35% a 33%; gráfico abajo). 

En conjunto, los datos ponen en evidencia que la "conciencia de pandemia" se refuerza entre los cordobeses al tiempo que crecen las cifras de contagio en la provincia y el país. Esto reinstaló en el gobierno nacional el debate respecto a la posibilidad de presionar el llamado "botón rojo" (vuelta a fase 1) a nivel país, como sucedió entre fines de marzo y todo el mes de abril: en rigor, el único período que en función de su cumplimiento estricto corresponde técnicamente a una cuarentena. Desde mayo, como se sabe, comenzaron las flexibilizaciones y la segmentación geográfica. Así, las estadísticas muestran que el porcentaje del empleo privado formal habilitado para trabajar llegó al 89% a principios de agosto, contra 58% el 20 de marzo y 77% en julio: 21 de 24 distritos alcanzaron más del 90% del empleo habilitado para trabajar, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el registro pasó del 54% el 20 de marzo al 85% en agosto (gráfico abajo).  

El problema, ya planteado en este blog, es que el sistema de medios opositor al gobierno y la oposición política, en particular la de Juntos por el Cambio, vienen taladrando hace meses con la muletilla de "la cuarentena más larga del mundo" (insostenible para cualquier que quiera fundamentarla a través de datos empíricos, como los que exponemos en este blog). Esto se puso en evidencia cuando se trató de restringir la movilidad en julio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por entonces el principal foco de contagio y con capacidad de irradiar el Covid-19 en todo el país. El pasado fin de semana, CABA avanzó hacia nuevas flexibilizaciones en el peor momento de la pandemia, mientras que provincia de Buenos Aires (que comparte con CABA el conglomerado del AMBA) mantuvo las restricciones vigentes. Al mismo tiempo, los indicadores de movilidad de las personas a sus lugares de trabajo de Google muestran que la Argentina es uno de los países que está más cerca de una situación de normalidad (gráfico abajo), lo cual tracciona la recuperación de la economía respecto al bimestre marzo-abril pero también acelera la curva de contagios, con el consiguiente riesgo de colapso del sistema sanitario.

De esa manera, las autoridades enfrentan un dilema, ya que endurecer las medidas sin posibilidad de garantizar su acatamiento pierde sentido (es fácticamente imposible poner a personal de seguridad a controlar a cada ciudadano que desee movilizarse por su cuenta). Al mismo tiempo, endurecer las disposiciones en las actividades que sí pueden controlar podría frenar la recuperación que desde hace tiempo insinúan diversos sectores como la construcción y la industria, que en julio registraron subas gracias a las flexibilizaciones. En el caso de la construcción, en julio mostró una recuperación del 6,8% respecto de junio mientras que registró una caída interanual del 12,9% (la más baja desde el inicio de la pandemia y del año). Así, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) acumuló una contracción del 34% en los primeros siete meses del año, el nivel más bajo desde abril último, insinuando claramente una recuperación en forma de "V" (gráfico abajo). 

La misma tendencia de recuperación en forma de "V" se percibe en la industria, que volvió a exhibir una leve mejora mensual en julio: subió un 2,1% respecto del mes previo, según el Indec (aunque el repunte fue menor al de junio y la caída interanual se aceleró 0,6%). Si bien el sector tuvo su tercera suba mensual consecutiva, el Índice de Producción Industrial (IPI) del Indec mostró una caída del 6,9% en comparación con julio de 2019, cuando la baja interanual de junio había sido del 6,3% (gráfico abajo). He aquí el dilema: volver a cerrar ciertas actividades o endurecer las flexibilizaciones sectoriales sin poder garantizar una reducción de la movilidad personal en otras dimensiones podría generar una nueva caída y demorar la recuperación, dibujando una "W" y sin un beneficio sanitario tangible. 

En síntesis, la "politización de la pandemia", generada básicamente por la oposición al gobierno pero favorecida también por algunos déficits de la comunicación oficial, ha llevado a una situación de fragmentación en la cual ninguna de las posiciones al respecto reúne hoy un consenso mayor al 50%. Según la encuesta nacional más reciente de la consultora Poliarquía, 46% se muestra más cercano a flexibilizar, vs 28% que se inclina por endurecer las medidas; 21% quiere seguir como hasta ahora (con los matices del caso por distrito). 

Puede apreciarse que en CABA apenas 19% se inclina por endurecer mientras que 60% prefiere flexibilizar las medidas, mientras que en GBA y el interior del país la minoría favorable al endurecimiento ronda el 30% y la que se inclina por flexibilizar sigue siendo primera minoría pero perfora el umbral del 50%. A nivel geográfico, en los tres casos la posición de mantener la situación ronda el 20% (gráfico abajo). 

Finalmente, mientras entre los electores del Frente de Todos la primera minoría (46%) es partidaria de endurecer las medidas vs un 30% que se inclina por flexibilizar, 3 de cada 4 electores de Juntos por el Cambio prefiere flexibilizar las medidas. En conjunto, los datos siembran muchas dudas sobre el acatamiento que podría tener una vuelta "fase 1", lo que termina por desplazar la responsabilidad a cada distrito, con las complicaciones y matices del caso (por ejemplo, San Luis tomó por criterio propio la decisión de endurecer las medidas ante rebrotes, al mismo tiempo que distritos con peor situación sanitaria que la provincia puntana no lo hicieron).

 

El DNU sobre telecomunicaciones en las encuestas (columna publicada en CBA24N)

 

El gobierno nacional dictó recientemente un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que declara a los servicios de telecomunicaciones como públicos y esenciales y congela sus precios hasta fin de año. Antes de repasar los datos blandos de las encuestas de opinión pública que aportan un contexto a la medida, es pertinente mencionar que los datos duros ubican a las empresas de telecomunicaciones como las de peor servicio: recibieron más de 114 denuncias por día en el primer semestre y sumaron el 20% de los reclamos totales por parte de los consumidores. Según la información relevada por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), esas compañías recibieron 24.363 reclamos entre enero y julio de 2020. La más demandada fue Movistar (7.115 denuncias), seguida por Telecentro. Por lo tanto, a priori, la defensa de las empresas que ha encarnado la oposición de Juntos por el Cambio no es precisamente una causa popular. Yendo a las encuestas, la primera medición al respecto la realizó la consultora Analía del Franco: casi 72% se mostró muy de acuerdo o de acuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo, vs 21% que estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo (gráfico arriba). El congelamiento de tarifas tuvo un acuerdo aún mayor, ya que roza el 79%, vs casi 19% de desacuerdo (gráfico abajo).

La más reciente encuesta nacional de Zuban Córdoba & Asociados también registra un alto muy alto: casi 70%, vs casi 29% de poco acuerdo o nada de acuerdo (gráfico abajo). Así, el promedio de acuerdo con la medida según estas dos mediciones comparables es de 70,4%, mientras que el promedio de desacuerdo es de 24,9%, lo que implica que el aval a la medida casi triplica al disenso. 

Con matices, la encuesta nacional más reciente de la consultora Clivajes confirma esas tendencias: casi 42% considera que el DNU es necesario para limitar los abusos tarifarios de las empresas prestadoras y 11,4% cree que es una medida acertada y mejorará la calidad de los servicios, lo cual suma 53,2% de valoraciones positivas. Por otro lado, casi 17% lo que como una medida demagógica que no generará cambios y 22,4% está en desacuerdo pues irrumpe la libre competencia, lo que suma 39,3% de valoraciones desfavorables (gráfico abajo). El saldo positivo es de casi 14 puntos porcentuales.

 

Asimismo, confrontando las percepciones de la opinión pública con el argumento empresarial de que “el congelamiento de precios afectaría las inversiones y la calidad del servicio”, una mayoría de 52,4% lo vio como una excusa vs casi 37% que les dio la razón según Analía del Franco (gráfica abajo). 

En síntesis, el cruce de datos arroja un claro aval al DNU presidencial y pone en evidencia que la defensa corporativa que abrazó Juntos por el Cambio es una causa francamente minoritaria. De hecho, el contexto de pandemia favorece la percepción de que parte de los servicios alcanzados por el DNU deberían ser de navegación libre y gratuita: la encuesta nacional realizada en julio por la consultora Analogías detectó que casi 90% está de acuerdo con esa idea, vs apenas 6,1% que discrepa (gráfico abajo). 

Finalmente, hay que tener en cuenta que el servicio de internet, que es uno de los alcanzados por el decreto de necesidad y urgencia, es cada vez más un servicio básico para la población: el 41% se conecta todos los días más de 4 horas, el 30% a diario menos de 4 horas, el 14% sólo algunos días a la semana y 15% no se conecta nunca o no responde, según la encuesta nacional realizada por Poliarquía en junio pasado (gráfico abajo). 

Internet ya era un servicio básico antes de la pandemia, y luego de ella lo es más todavía: según la misma encuesta, el uso intenso de la red (más de 4 horas por día) creció un 33%, de 31% a 41% luego de la pandemia. El uso moderado (menos de 4 horas por día) bajó de 35% a 30% y el uso bajo (algunos días a la semana) se mantuvo en 15%, en tanto que quienes no se conectan nunca o no responden pasaron de 20% a 15%, lo que marca que aún hay una brecha digital en el país (gráfico abajo). 

El uso de la red también fue impactado por el cambio en la modalidad de trabajo a raíz de la pandemia: entre quienes trabajan desde su casa el uso intenso (más de 4 horas diarias) trepa al 64%, mientras que ronda el 40% entre quienes tienen otras ocupaciones y baja al 33% entre quienes no son laboralmente activos (gráfico abajo). 

https://www.cba24n.com.ar/opinion/el-dnu-de-las-telecomunicaciones-en-las-encuestas_a5f525f714820286d85b758e4

Pandemia, resistencia al cambio y vacilación fantasmal

Sin duda, la pandemia del Covid-19 es un evento disruptivo que marcará a las generaciones atravesadas por esta coyuntura inédita: hay que remontarse a 1918 para encontrar un fenómeno similar, pues las "pandemias" recientes de las últimas décadas no logran acercarse a la del coronavirus en sus efectos sanitarios ni socioeconómicos a nivel global, regional o local. Como todo cambio respecto de las condiciones definidas como "normalidad", esto genera resistencia y malestar; sin embargo, esos malestares y esas resistencias no son iguales para todos los grupos sociales. Existen varias encuestas que aportan evidencia empírica respecto a la "conciencia de pandemia" y cómo ella influye en la adaptación al cambio, mientras que en los grupos en los que esa conciencia de pandemia no aparece o es débil es mayor el proceso de sufrimiento, pesa más el malestar y sobreviene lo que Jacques Lacan llamaba la "vacilación fantasmal", es decir, lo que deriva de la caída o corrimiento de una fantasía negadora. Esa reacción está en la base de muchos de los discursos anticuarentena que circulan socialmente y que se ponen de manifiesto en esas marchas. Una de las primeras mediciones al respecto fue realizada por CELAG en abril, el único mes pleno de cuarentena estricta en sentido técnico en nuestro país: en ese estudio, el 70,4% había asimilado ya que el mundo no volvería a ser igual después del Covid-19, mientras que casi un 28% creía que la pandemia pasaría y podría volver a la normalidad (gráfico arriba, click para agrandar). 

Luego de esa medición, la consultora RTD relevó algo similar a fines de mayo: el 64% se identificó con la opinión de que los cambios llegaron para quedarse, mientras que el 30% creía que todo volvería a la normalidad; 6% no sabe (gráfico arriba; click para agrandar). Dato político clave: entre quienes aprueban a Alberto Fernández el 71% cree que los cambios llegaron para quedarse, vs 24% que abraza la idea de que todo volverá a la normalidad, mientras que entre quienes desaprueban a Fernández la mitad muestra aceptación pero un 42% resiste el cambio (8% no sabe). De ahí que haya una matriz claramente antigobierno en los sectores anticuarentena. Paradójicamente en términos de semántica, el núcleo duro de Juntos por el Cambio es el que más resiste el cambio y el que más lo sufre en términos psicosociales, ya que no han podido asimilar que lo que se define como "normalidad" es una construcción y, como tal, puede ser barrida ante la irrupción de un fenómeno como la pandemia. Ese núcleo es la base de los discursos anticuarentena, negadores del coronavirus, antigobierno, delirantes y violentos que se expresan en las variopintas marchas convocadas con esa inspiración, que aglutinan a "libertarios" y nostálgicos de las pasadas dictaduras. En algunas expresiones públicas del fenómeno, el fanatismo por causas tan variadas como el terraplanismo, las tesis conspiranoicas y el movimiento antivacunas conviven con la queja por la cantidad de contagios y fallecidos al mismo tiempo que el pedido de menos restricciones a la movilidad, lo que revela serios fallos cognitivos. En síntesis, hay una base emocional, la más de las veces antiperonista y/o antikirchnerista, que es lo que le da sentido a estas expresiones, más que una lógica argumental: el sustrato de esa base es la doble "herida narcisista que se produjo en el proceso electoral del 2019. El resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto (49,49% para el Frente de Todos vs 32,94% para Juntos por el Cambio) asestó un duro golpe a los electores que habían "comprado" el discurso de paridad que vendió el sistema de medios aliado al gobierno anterior; luego, la campaña del macrismo entusiasmó a esos mismos electores con la consigna "se puede dar vuelta", que tampoco se verificó en la realidad. Aunque sí logró achicar la brecha (la elección general de octubre arrojó 48,24% para Fernández vs 40,28% para Macri), la nueva frustración supuso otro impacto para esos electores, dando inicio al relato del 41% que no es tal (dado que 40,28% está más cerca de 40% que de 41%, pero se sabe que las apelaciones emocionales no se llevan bien con la estadística electoral). En el fondo, hay en los negadores de la pandemia, en los sectores anticuarentena y antigobierno una negación del resultado electoral de 2019, una negación del pasado que impregna su negación del presente y del cambio. 

Por su parte, en junio pasado la consultora OhPanel midió las percepciones respecto a cuánto dejaría de ser el Covid-19 un tema de preocupación: como se puede ver en la serie longitudinal, conforme pasaron las semanas las mayor cantidad de respuestas se agruparon en después de octubre de 2020, con septiembre de 2020 en segundo término (gráfico arriba, click para agrandar). Habida cuenta de que septiembre acaba de comenzar y que la pandemia está alcanzando las cifras más altas de contagios desde que comenzó en marzo en nuestro país (y con serios rebrotes en Europa), es más que probable que estas expectativas se hayan quedado cortas y que las tendencias sigan modificándose en el tiempo. 

Finalmente, en julio pasado la consultora especializada en consumo Kantar también midió los conceptos de aceptación/resistencia al cambio: para el 64%, es decir casi 2 de cada 3, la vida postpandemia cambiará (17% piensa que por completo y 47% piensa que bastante). Por otro lado, un 36% se resiste al cambio (25% cree que el cambio será poco y un núcleo duro del 11% cree que no cambiará nada; podemos considerar que a ese segmento como "carne de diván", para apelar a una metáfora pregnante). La mirada respecto a los contenidos de los cambios no está clara aún, dado que para la sociedad el 65% cree que no serán ni positivos ni negativos, mientras que el 55% dice lo mismo respecto a los cambios para su vida personal (gráfico arriba, click para agrandar). En el resto, los que esperan cambios positivos para la sociedad o para la vida personal superan a los pesimistas.