"Para aceitar la defensa de su gobierno en el frente externo ante las acusaciones de violador de los derechos humanos, a principios de febrero del 77 Videla llamó a Buenos Aires a Alejandro Orfila, secretario general de la OEA. Pero no lo llamó sólo por eso: unos días antes había sido secuestrado y asesinado en la tortura Jorge Rubinstein, cuñado de Broner y contador de Graiver, quien a su vez había muerto en un sospechoso accidente en México, en agosto del 76. Su imperio, que incluía inmobiliarias, compañías de turismo financieras, agencias de Prode y lotería, bancos, la participación accionaria en La Opinión y mayoritaria en Papel Prensa, la única empresa que fabricaba papel de diario en la Argentina, estaba vacante.
La primera consecuencia de la desaparición de Rubinstein fue el secuestro de Lidia Papaleo, esposa de Graiver, una semana después. Durante la tortura y violación de Papaleo, perpetradas por el comisario Miguel Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha de Camps, en el Pozo de Banfield, el comisario amenazó a la mujer con frases como "burguesita traidora" (...)
Papaleo fue obligada por Martínez de Hoz y su pariente, Pedro Martínez Segovia, socio de Graiver y presidente de Papel Prensa, a vender su parte en la empresa papelera. Las acciones terminaron siendo ofrecidas por el Estado -como parte de una operación de negocios que no disimulaba el intento de control a la prensa- a Fapel, la empresa que constituyeron tres diarios: La Nación, Clarín y La Razón (...) la discusión sobre a quién ofrecerle Papel Prensa produjo un durísimo enfrentamiento en la Junta. Fapel era la candidata de Videla y Martínez de Hoz..."
Estas palabras no las escribió Beatriz Paglieri, ni Guillermo Moreno, ni Cristina Fernández, ni Néstor Kirchner. Están en las páginas 270 y 271 del libro El Dictador, de María Seoane y Vicente Muleiro, ambos periodistas de Clarín (Seoane, periodista premiada, dirigió en 1998 el suplemento dominical Zona de ese diario, y Muleiro trabajó en 1990 en la Sección Política de Clarín y en 1997 como subeditor de ese mismo suplemento). El libro El Dictador fue publicado en 2001 por Editorial Sudamericana.
Vicente Muleiro y Marta Seoane, son los actuales "dueños" (de hecho) de la cadena de 40 emisoras de Radio Nacional. Creo que tienen en común con Eduardo Anguita (Canal 7) su antigua pertenencia al grupo Clarin y su mas aún antigua al PRT ERP. No son un canto a la libertad de expresión estos muchachos, pero escriben bien y actualmente están al servicio del oficialismo. No podemos negar el lado positivo del culebrón: muchos nos estamos sacudiendo las lagañas y nos estamos despertando de quienes deciden los temas que podemos hablar y cuales no. Los medios al servicio del gobierno son también poderosos, no se puede negar la inteligencia con la que han manejado el asunto. Es cierto que ningun otro gobierno de los anteriores se ha atrevido a tocar al oligopolio informativo de la Argentina, muy ligado a grupos financieros, como también es cierto que en un momento dado Clarín fue socio de Nestor K, quien les regalara el entonces famoso decreto 527/06 que les renovaba las licencias de las señales de Radio y TV por 15, 25 y mas años, de eso ni unos ni otros se quieren acordar.
ResponderEliminarHola Fabián! Obviamente su pasado en Clarín lo conocía, ese es el chiste de la cita. "Dueños" de Radio Nacional no son, en todo caso directores o gerentes, que no es lo mismo, salvo que la Radio se privatice o les sea entregada. Respecto a su militancia en el ERP, no he visto documentos al respecto, pero sé que Seoane escribió una premiada biografía de Roberto Santucho. Comparto contigo que es bueno discutir y problematizar estos temas y que la justicia defina -con la mayor independencia posible- si en ese traspaso de acciones hubo hechos que, pese al paso del tiempo, aún sean punibles. Gracias por participar!
ResponderEliminarMe parece que no son punibles delitos económicos despues de 20 años de cometidos, aun que se comprueben, salvo que los "culpables directos" aún conserven la solvencia para resarcir a los reclamantes. Ejemplo, el caso de los préstamos de Deuda Externa de la Dictadura Militar, existe un fallo del Juez Ballesteros en la Causa Olmos del año 2003 (creo) en el que sentencia que efectivamente se demostraron al menos 477 maniobras ilícitas de diversa índole en el trámite de efectuarse los préstamos, en el que los delitos prescriben, pero preserva el derecho y el deber del Estado Argentino (comisión parlamentaria mediante) de investigar y separar la parte fraudulenta de la parte lícita y solo pagar esta última. Pero los delincuentes no pueden ir a la carcel mientras no se comprueben secuestros, asesinatos, o sea delitos de lesa humanidad en medio de la comisión de los ilícitos económicos.
ResponderEliminarFabián, me parece que la causa por la (presunta) venta forzada" de las acciones de Papel Prensa a sus actuales accionistas privados (Clarín y La Nación) tiene efectivamente un costado económico, pero otro vinculado a la (presunta) violación a derechos humanos. De esa forma entraría en crisis, como ha sostenido Juan Gasparini (autor del libro "David Graiver, el banquero de los montoneros") la versión según la cual
ResponderEliminar"...hay dos etapas separadas entre sí, una primera en la que la viuda firma la venta de la empresa en libertad y una segunda etapa con la viuda y la familia en prisión...versión que no se condice con los hechos". La punibilidad, creo, entraría jugar si la justicia comprueba violaciones. Por otra parte, Gasparini también aseguró que Isidoro, el hermano del ex dueño de Papel Prensa, "no tenía nada que ver" con el grupo propietario de la empresa y subrayó que efectivamente hubo presiones para vender la compañía. Quizá un abogado (andará Horacio por ahí?) puede ayudarnos con los vericuetos legales. Saludos!
Hola, Norman, Fabián:
ResponderEliminarMe parece que el concepto de crimenes imprescriptibles no se limita a secuestros y asesinatos. Los delitos económicos bien pueden quedar incluidos.
La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (en vigor desde 1970, dotada de jerarquía constitucional en Argentina desde 2003) remite (art. I) a la definición de crímenes contenida, entre otras fuentes, en el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945.
Allí se dice (art. 6) que "crimen de guerra" incluye "el robo de bienes públicos o privados".
Esto también se ve en las sucesivas restituciones de los bienes confiscados, por ejemplo, a familias judías durante la II Guerra Mundial.
Creo que nunca se perdió de vista que los crímenes de lesa humanidad podían llevar una motivación económica "particular" (ademas de la "general": concretar la venganza de clase mas amplia desde 1955).
Así, la ley de Obediencia Debida (23.521, de 1987) dejó fuera de la impunidad a los delitos de "violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles".
Es decir: la apropiación de inmuebles se consideraba parte del esquema del terrorismo de Estado, y por eso Alfonsín en su proyecto de ley lo excluyó del manto de impunidad.
Por lo tanto, caída esa legislación, vuelven a ser punibles (e imprescriptibles, como el resto de los crímenes que integraron el terrorismo de Estado).
Por supuesto, la Justicia no sólo deberá probar que eso existió en el caso de Papel Prensa, sino que también deberá probar que los directivos de Clarín, La Nación y La Razón estaban al tanto de las condiciones en que los propietarios venían a vender. Si no lo conocían, no puede imputárseles el delito como co-partícipes.
Eso es lo que se me ocurre por ahora. Es un temazo, no hay nada que hacerle...
Un abrazo grande, Normankeriden.
Horacio
Un errorcito que se me escapó:
ResponderEliminarEn el caso de los inmuebles, debí decir que son imprescriptibles, nada mas. Punibles ya eran, justamente por el art. 2 de la ley 23.521 que cité. Cheee...
Brillante lo suyo como siempre, Horacio! Muchas gracias y nos vemos!
ResponderEliminarNorman
COMO INTERPRETAMOS EL PASADO , SI AHUN HOY EL PRESENTE NOS RESULTA INSIERTO.ESPANTA QUE SE HABLE DE CAPITALES ECONOMICOS DE TAL MAGNITUD,EN EPOCAS EN DONDE EL TRABAJO, LA EDUCACIÒN, Y LOS DERECHOS SOCIALES ERAN INACCESIBLES PARA GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD.
ResponderEliminarLA VIOLACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS A SIDO MONEDA CORRIENTE DE LOS GOBIERNOS TANTO DE FA CTO COMO LOS MAL LLAMADOS DEMOCRATICOS PERO QUE SÒLO REPRESENTABAN A INTERESES DE GRANDES Y OCULTAS CORPORACIONES.
Extracto de nota en La Mañana de Córdoba del día sábado 04/09: "Los Graiver no fueron los únicos: la dictadura despojó a 604 empresarios de sus bienes (...) exitosos hombres de negocios que resultaban un obstáculo para los grupos monopólicos cercanos a las cúpulas de las Fuerzas Armadas (...) La metodología que denunció Lidia Papaleo para explicar cómo Clarín y La Nación se quedaron con Papel Prensa es similar a la que sufrieron todos los dueños de empresas apropiadas: secuestro, amenaza, libertad ambulatoria y firma de cesión de propiedades o acciones a empresas fantasmas y venta final a empresas monopólicas o vaciamiento (...) Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino eran prósperos empresarios lácteos hasta que los represores tomaron el poder del Estado. Entonces fueron secuestrados y torturados hasta que –obligados– vendieron sus campos de 25 hectáreas en Santiago del Estero y su avión privado cuyo valor ronda los 120 millones de dólares. A cambio, la familia recibió tres documentos valuados en alrededor de 300 mil dólares y las escrituras de 28 hectáreas de la cancha de golf del Sierras Hotel de Alta Gracia, que actualmente se encuentra en manos del Alta Gracia Golf Club y que aún reclaman los Iaccarino (...) Daniel Paskvan, un prominente empresario agrícola, perdió durante la dictadura sus fábricas de Roque Pérez y Lobos, y las acciones de otra empresa en Santa Fe (...) las víctimas de estos delitos destacaron que todavía están en litigio con el Estado para recuperar sus bienes (...) Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos, a cargo de la Unidad Especial de Víctimas de Despojo Económico durante la época de la dictadura, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora querellante en la causa de los Graiver, investiga delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica (...) “El ministro de Economía de facto José Alfredo Martínez de Hoz y su grupo llevaron adelante una operatoria para concentrar la actividad económica en pocos grupos que respondieran a sus intereses. Hay una actividad común y un modus operandi similar en todas las apropiaciones”, contextualizó (...) "es un tipo de delito que no es igual que los crímenes comunes, necesita un tratamiento diferenciado por sus características particulares.” Hoy Martínez de Hoz cumple prisión domiciliaria por el caso de los empresarios Miguel y Federico Gutheim, a partir de la derogación del decreto de Carlos Menem que lo indultaba. Los Gutheim, quienes fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976 y quedaron “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” porque Martínez de Hoz estaba negociando créditos con el gobierno de Hong Kong y ellos, dueños de la empresa importadora y exportadora de algodón, tenían desacuerdos comerciales con empresarios asiáticos. Cinco meses de cautiverio bastaron para “ablandar” a los Gutheim para que terminaran firmando lo que pretendía la cúpula represora (...) Daniel Paskvan, el empresario avícola que tenía plantas productoras en Lobos y Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, es tan paradigmático como el de los Gutheim, los Iaccarino y los Graiver. El 16 de mayo de 1980 con un operativo policial y militar los militares toman la empresa por orden del que era entonces ministro del Interior de la última dictadura, Albano Harguindeguy. “Nos despojan de todo, de la empresa avícola y la fábrica de alimentos balanceados de Roque Pérez y Lobos, de un depósito en Capital Federal y de varios vehículos (...) Todo el personal con uniforme de combate rodeando la empresa en el medio del campo (...) Los militares no necesitaron secuestrar a Paskvan para hacerse de las acciones de las dos empresas, ya que las robaron directamente del Banco Tornquist (...) Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Alén opina que “los grupos concentrados tuvieron una fuerte participación para instalar un modelo que pretendía que hubiera pocos grupos con actividad concentrada, y todo lo que se les escapaba tenía que ser suprimido”.
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