Discusión: las estadísticas sobre pobreza (1)

Despojado de complacencia con el gobierno, el 4 de mayo pasado Horacio Verbitsky escribía: “El ministro de Economía Axel Kicillof logró algo que durante seis largos años se propusieron en vano todos sus predecesores. Desde Miguel Peirano hasta Hernán Lorenzino, pasando por Martín Lousteau, Carlos Fernández y Amado Boudou todos objetaron en distinto tono pero con el mismo nulo resultado la vandalización del INDEC por un homónimo de Cantinflas, cuyas consecuencias para la economía y la política son imposibles de exagerar (…) El dibujo de las cifras del Índice de Precios al Consumidor evitó algunos pagos de intereses por los bonos indexados por la inflación, que el Estado ya readquirió cuando su precio de mercado se desplomó. Pero esto devaluó toda palabra pública. (…) El toqueteo posterior fue tolerable mientras sólo parecía un recurso transitorio y cuando la inflación se percibía en semestres o meses, no en semanas. Luego del duro retroceso de 2009, primer coletazo de la crisis mundial, la economía se recuperó a partir de 2010 y el agujero negro del INDEC se olvidó en momentos de bonanza, lo cual se verificó con la reelección presidencial en 2011. Pero volvió a ejercer su nefasta atracción en cuanto el crecimiento se ralentizó, a fines del año pasado. En mi modesta opinión el falseamiento de los datos del IPC es más grave que el propio fenómeno inflacionario”.

El "toqueteo" del termómetro por parte del gobierno privó a la sociedad de un instrumento fiable para medir la fiebre (inflación) y también otros datos clave, como la evolución de los indicadores de pobreza. Eso abrió el flanco a las mediciones privadas, con el doble riesgo de la falta de robustez estadística para acometer mediciones titánicas como las variaciones de precios a lo largo y lo ancho de un país complejo y repleto de matices regionales, y el sesgo potencial asociado a los múltiples intereses políticos y económicos que cruzan mediciones de tanta gravitación para el debate de coyuntura. En ese sentido, el impulso depurador de Kicillof al poner en marcha el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCnu) necesariamente abre una cadena de impacto en otras mediciones y sube el estándar de discusión. Sobre esto, agrega Verbitsky: “la manipulación que comenzó por un indicador se fue extendiendo luego a otros, que se alteran o no se publican. Subestimar la inflación es hacerlo también con los niveles de pobreza, cuya disminución ha sido un legítimo orgullo del gobierno (…) En sentido inverso, ahora que la tergiversación cesó, el sinceramiento del índice principal no puede carecer de efecto sobre los que de él dependen (…) al sustraer del escrutinio público los informes sobre las canastas, se anuló una parte del efecto favorable obtenido. Las explicaciones del jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, los comunicados del INDEC y la palabra posterior del propio Kicillof omitieron un examen elemental: si la inflación del primer trimestre rondó el 10 por ciento, era obvio que se sentiría en la cantidad de gente sumergida por debajo de las líneas de pobreza y de indigencia por ingresos monetarios”.

La discusión sobre la pobreza se articula con el debate sobre el crecimiento, aunque esos datos no evolucionen de la misma manera. En términos de crecimiento, destaca Verbitsky, “pese al impacto de la crisis internacional en 2009, en el promedio de la última década el PIB per cápita creció un 6,4 por ciento anual, como nunca antes aquí y como en ninguno de los países de esta muestra (…) Este razonamiento inobjetable para el conjunto de la década kirchnerista no excluye que en algunos momentos puedan producirse retrocesos, y éste es uno de ellos porque la inflación se incrementó y los aumentos pactados en las últimas paritarias recién comienzan a percibirse. Este es el primer año en la década que los incrementos salariales quedaron por detrás del IPC, dado que el mayor acuerdo en las paritarias fue preservar los niveles de empleo aunque hubiera un retroceso de las remuneraciones”. El gobierno recurre a un argumento que incluye crecimiento económico, aumento del empleo, mejoras previsionales, políticas sociales como la AUH, retorno de las paritarias y promoción del consumo interno para contrarrestar las críticas relativas a la alta incidencia presunta de la pobreza en la actualidad (incomprobable en las estadísticas oficiales e inconsistente en las mediciones alternativas, ya sea por debilidades metodológicas, falta de robustez en los datos o, lisa y llanamente, planteos motivados políticamente en una postura adversa al gobierno). Eso no impide, sin embargo, admitir que la coyuntura actual puede efectivamente arrojar un retroceso en esos indicadores que puede quedar de manifiesto cuando efectivamente se mida con seriedad, como insinúa Verbitsky al final del párrafo citado. 

Así planteado, si uno repasa las mediciones privadas, el resultado no es nítido: la última medición de la UCA arrojó que más de un cuarto de la población vive en la pobreza (su Observatorio de la Deuda Social Argentina la ubica entre el 25,6% y el 27,5%, si se usa una Canasta Básica más o menos conservadora, en ambos casos diferente de la canasta oficial). Ya hemos tratado en post anteriores las recurrentes inconsistencias de esos datos, aunque la UCA no es la única pasible de esa crítica. Por su parte, la consultora Idesa, siempre materia dispuesta para todo lo que sea crítico del gobierno, hace el cálculo siguiente: tras remarcar que al subestimar la inflación desde 2007 el sistema estadístico necesariamente subestimó la pobreza (cierto), Idesa propone una forma alternativa de medición, que consiste en considerar pobre a la gente cuyo ingreso no supera el 60% de la mediana de ingresos de la población (el monto superior que gana la mitad del universo total). “Este indicador es usado en los países avanzados, porque se asume que es el más apropiado”, señala la consultora. Aplicando ese método a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Idesa sostiene que entre 2004 y 2013 la pobreza bajó del 31 al 26 por ciento de la población, o sea, cinco puntos porcentuales (lo que puede leerse de dos maneras: a favor del gobierno, que la pobreza siguió bajando; en contra, que sigue siendo alta, ya que afecta a 1 de cada 4 argentinos). Tenemos aquí dos fuentes según las cuales la pobreza ronda el 26%, esto es, 10 puntos porcentuales de pobreza menos que la estimación del Banco Mundial para fines de la década del ´90, cuando superaba el 36% (implicaba que 13.400.000 argentinos no conseguían llegar a una canasta básica de alimentos y servicios). Sería un resultado elevado, pero no tan malo para el gobierno, si se lo compara con la década del ’90.