El coronavirus reconfiguró muchas percepciones
acerca del vínculo entre lo individual y lo colectivo y, al mismo tiempo, contribuyó
a una revalorización de lo público frente a lo privado, en un contexto en el
cual la inversión de los Estados amortigua la caída de la actividad generada por el
Covid-19 a nivel global. Diversas encuestas de opinión pública aportan
evidencia empírica de esas tendencias en nuestro país: un estudio de
la consultora Proyección realizado en abril en el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) mostró que el Estado era valorado como el tercer actor más
importante para el desarrollo de la Argentina (47% de las respuestas, por
detrás de los trabajadores y las Pymes; ver gráfico arriba, click para agrandar). Ese estudio también arrojaba
que un 73,1% creía que el Estado tenía que tener más presencia y control en la
salud (73,1%) y un 60,2% tenía la misma demanda en el terreno de la producción
y el empleo (ver gráfico abajo, click para agrandar).
Sin embargo, las opiniones se dividen al sondear la
posibilidad de una participación estatal en las empresas a las que ayude
económicamente durante la pandemia: según la consultora RTD, 40% está de
acuerdo con esa posibilidad, vs 47% que está en desacuerdo (ver gráfico abajo, click para agrandar).
En cambio, según la consultora Métrica Digital, casi 44% acuerda con que el Estado tome participación en las empresas a las que ayuda, vs casi 36% de desacuerdo (ver gráfico abajo, click para agrandar). Como vemos, las tendencias se cruzan, lo que confirma que las opiniones son divididas y fluidas en las mediciones, lo que sugiere dificultad para identificar un consenso mayoritario.
Al sondear cuál es la mejor fórmula para reactivar la
economía argentina, se insinúa una mayoría a favor de una mayor intervención
estatal (52%), mientras que 37% se decanta por lo contrario, según RTD (ver gráfico
abajo, click para agrandar). Así, un promedio aproximado de tres mediciones resulta en una posición
“estatista” de 45,3% y una “no estatista” de 43,2%; un empate técnico (la diferencia de 2,1 puntos porcentuales no es estadísticamente significativa).
Según la encuesta nacional de consultora CB, casi el 47% de los electores argentinos está de acuerdo con la intervención, vs 43,6% que está en desacuerdo (ver gráfico arriba; click para agrandar). La distribución de preferencias reproduce, con diferencias estadísticamente no significativas, el orden de magnitud del caudal del Frente de Todos (48,24%) y Juntos por el Cambio (40,28%), respectivamente, el pasado 27 de octubre de 2019. La grieta se confirma al analizar las actitudes dentro de cada fuerza: el 64,2% de quienes votaron por Fernández está muy de acuerdo con la decisión, mientras que el 62,3% de los que eligieron a Macri están nada de acuerdo. En la encuesta de Zuban Córdoba, casi el 47% considera que la intervención es necesaria y casi el 31% la ve como innecesaria (ver gráfico abajo, click para agrandar). Es decir, en estas dos mediciones al acuerdo con la intervención ronda el 47%, mientras que el desacuerdo oscila entre 31% y 43%.
El grupo tiene una deuda total U$S 1.350 millones, gran parte de la cual fue contraída a través de créditos otorgados en la gestión Macri que hoy están siendo revisados, con el dato clave de que Vicentin fue, al mismo tiempo, el principal aportante privado a la campaña electoral del expresidente. En esa línea, casi el 73% de los argentinos cree que Macri ejerció mucha o alguna influencia en el otorgamiento de esos créditos (ver gráfico abajo; click para agrandar). Tres de cada 4 votantes de Fernández creen que esa influencia fue mucha, mientras que el 55% de los electores de Macri cree que el expresidente tuvo influencia.
Unos 1.000 millones de dólares de la deuda corresponden
a préstamos bancarios (principalmente, el Banco Nación) y el resto a empresas agrícolas.
El gobierno nacional argumenta que interviene para rescatar a Vicentin de la
debacle financiera (Alemania e Italia lo están haciendo con las aerolíneas
Lufthansa y Alitalia, respectivamente), preservar las fuentes laborales y procurar
el recupero de las deudas a acreedores estatales y privados. En ese marco,
según Zuban Córdoba, casi 47% cree que el Estado interviene para salvar los
puestos de trabajo (ver gráfico abajo; click para agrandar). Ese guarismo está en el mismo orden de magnitud del acuerdo con la intervención (en torno al 47%).
En tanto, según CB, el 55,5% cree mucho o algo en la afirmación presidencial de que el gobierno no tiene en mente andar expropiando empresas y 40,6% no le cree nada; el 63% de los electores de Fernández le cree mucho, mientras que casi el 60% de los de Macri no le cree nada (ver gráfico abajo; click para agrandar). Ese 40,6% que no le cree está en el orden de magnitud del voto de Juntos por el Cambio el 27-O-2019.
En síntesis, el repaso de tendencias respecto a la intervención estatal en las empresas en general y en el caso Vicentín sugiere que el clima de opinión reproduce, con matices, la distribución de preferencias de octubre de 2019: una primera minoría “oficialista” algo por debajo del 50% vs una posición “opositora” con alrededor del 40%. Sólo una medición se desvía de este plexo de regularidades estadísticas: según M&F, el 21,4% aprueba expropiar la empresa y casi 47% lo desaprueba (ver gráfico abajo; click para agradar). Es probable que el notorio desvío de este dato respecto a la relativa consistencia de los demás se deba a las resonancias que puede evocar el término “expropiación”.
https://www.cba24n.com.ar/opinion/el-rol-del-estado-empresario--aproximaciones-al-caso-vicentin-_a5eece4390332566edc4e3372
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