Un debate necesario

La semana pasada se produjo un contrapunto entre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el ministro de Economía, Amado Boudou, quien había dicho que la inflación se siente más en los sectores de mayores recursos y poco entre los que menos tienen. Fernández, en cambio, interpretó que los mayores aumentos se dan en alimentos y bebidas, por lo que afecta más a la población de menores recursos: acto seguido, defendió al Indec y apuntó a los empresarios por la suba de precios.

La Unión Industrial, como era de esperar, respondió a las críticas con una queja por el clima para invertir. “Habría que preguntarse por qué será que no hay suficiente inversión y qué habría que hacer para que la inversión acompañe a la demanda” dijo José Ignacio de Mendiguren, vicepresidente de la (UIA) y aprovechó para criticar el proyecto sobre distribución de utilidades de las empresas del diputado Héctor Recalde, al que calificó de ‘cogestión sindical’, por considerar que “no ayuda al clima” para que los empresarios inviertan. De cara al 2011 y las negociaciones salariales, consideró que empresas, sindicatos y gobiernos “tienen que desalentar expectativas inflacionarias” para evitar que se hagan proyecciones de aumentos de precios “que luego no se cumplen” pero que influyen en las paritarias.

Días antes la diferencia se había planteado entre el ministro Boudou y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien había considerado que la inflación era “un tema menor”. Boudou había considerado en cambio que era un tema importante, pero más bien acotado a los sectores altos y medios, discurso desafortunado y equivocado. Con alrededor de un 30% de aumento de precios de Canasta Básica (que no es idéntico al índice de inflación general por una cuestión de ponderación, pero que sí resulta pertinente a los fines del análisis), aunque los incrementos de salario formal superan la inflación y el gobierno viene desplegando políticas sociales como la asignación universal por hijo (AUH) es claro que los movimientos de precios erosionan las posibilidades de que la mejoría económica macro del país (innegable) se traduzca también en beneficios micro para la mayoría de las familias argentinas.

La presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, también insistió en culpar a las empresas por la inflación, interpretando que no hay motivos monetarios ni macroeconómicos para que se registre inflación y que, por lo tanto “los que aumentan los precios son los formadores de precios ...) este modelo eliminó de cuajo dos fuentes que generaban las crisis del sector externo y devaluatorias, además de los desequilibrios del sector público. Si estas dos fuentes no están presentes, no hay inflación y tampoco hay raíces monetarias ni exceso de demanda”. Es evidente, sin embargo, que el gobierno no encuentra quién le ponga el cascabel al gato en este problema y en este proceso llevó adelante una de las decisiones más dañinas a largo plazo, como poner en duda la credibilidad del Indec.

Es cierto que la política distributiva del modelo K es una de las más intensas en los últimos años y que eso motoriza la demanda interna, lo que es positivo, pero es el gobierno el que tiene que encontrar la forma de introducir más competencia (sobre todo en sectores clave como alimentos) para atenuar la concentración en la formación de precios y crear las condiciones para la inversión, de tal modo que el proceso de crecimiento sea sustentable en el tiempo.

No es un tema menor, pues la Argentina se encamina a posicionarse el año que viene como el país con mayor inflación de la región, lugar que en la actualidad ocupa Venezuela. Estimaciones privadas vaticinan que el indicador que mide la suba de los precios locales cerrará el año entre 24 y 27 por ciento, estimaciones que por su envergadura en realidad no tendrían ninguna posibilidad metodológica de competir con las que hace el Indec... si éste fuera creíble.

Casi por efecto arrastre, muchos analistas pronostican que el costo de vida en 2011 subirá al 30%. "Las paritarias van a fijar el ritmo de la inflación en 2011, aunque también hay que estar atentos al impacto que tenga en el precio de los alimentos la suba internacional de los commodities", explicó Marina Dal Poggetto, economista del estudio Bein.

Según el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la inflación esperada para los próximos 12 meses asciende a 30%. Las expectativas de inflación se mantienen en 30% en el Gran Buenos Aires e Interior del País, mientras que la inflación esperada por la gente en la Capital Federal se sitúa en 25 por ciento. El director del CIF, Guido Sandleris, señaló que "la inflación prevista por el sector de mayor poder adquisitivo de la población asciende de 25 a 30%, mientras que la del estrato más pobre continúa en 30% (...) la brecha entre el pronóstico de los analistas consultados en el relevamiento de expectativas de mercado del BCRA acerca de lo que medirá el dato oficial del índice de precios al consumno y la inflación prevista por el público en general se ubica en 18,4%, diferencia que sigue siendo muy elevada y continúa reflejando la falta de credibilidad de las cifras oficiales."

El problema de la credibilidad comenzó en enero del 2007, cuando se esperaba que el índice de precios al consumidor (IPC) superara los dos puntos debido a las estimaciones que aportaban los índices de 7 provincias que participaban del índice nacional pero el número oficial fue de 1,1%, con lo que comenzaron las dudas y empezaron a trascender presiones internas dentro del Indec para modificar la metodología de cálculo. Con el transcurso de los meses se fueron cambiando también los comercios donde se recogían los datos y la canasta de productos relevados. La modificación por sí misma no es cuestionable, si le asisten razones metodológicas pertinentes (por ejemplo, el llamado "efecto sustitución de productos", que plantea que si el precio de un artículo que tiene sustituto aumenta el consumidor consume el producto alternativa, con lo cual no sufre en términos reales el aumento de precio). Sin embargo, en los hechos la decodificación fue que se estaban manipulando datos, lo que tira por tierra la credibilidad, que en materia de estadística es, por supuesto, clave, y que habrá que restablecer más temprano que tarde.

Como dato de contexto, en EE.UU los analistas también están discutiendo cuestiones parecidas, en particular cuál es la verdadera medida de la inflación del dólar y la evolución del índice de precios al consumidor (CPI for all urban consumers) que publica el Bureau of Labor Statistics (BLS), una agencia que depende del Ministerio de Trabajo de EE.UU. (equivalente al Indec). Sucede que en los últimos 30 años, el CPI de EE.UU ha sido modificado en varias ocasiones. La última modificación importante fue hecha en 1996 las recomendaciones de una comisión de economistas liderada por Michael Boskin, quien fue asesor de Bush padre: esa comisión concluyó que el CPI sobrestimaba la inflación en casi un 1,1% y recomendó modificar la metodología de cálculo, recomendación que fue adoptada y de la que surgió un nuevo CPI. Más allá de las disquisiciones técnicas que los justifican (entre ellas, el efecto sustitución también adoptado por el Indec en Argentina), estos cambios dieron como resultado un crecimiento menor del índice de precios, lo que hizo que las críticas surgieran casi de inmediato: para los más descreídos, fue simplemente una manera de frenar el crecimiento de los gastos de medicare, medicaid y seguridad social, que representan casi el 50% del gasto público tota). En coyuntura actual, cuando EE.UU enfrenta un déficit fiscal de casi un 10% de su PBI, ésta no es una cuestión menor. Por supuesto, el BLS negó la validez a esas críticas. Hay opiniones para todos los gustos: según algunos economistas, en realidad el CPI sobrestima la inflación; la mayoría parece seguir confiando en ese índice como medida de la inflación, pero algunos analistas de mercado muy respetados, entre ellos, Barry Ritholtz, argumentan que el CPI «ha sido un fraude durante años». Para quienes desconfían de las estadísticas oficiales, el economista John Williams (www.shadowstats.com) construye un CPI des-Boskinizado (idéntico al que publicaba el BLS en 1980) que actualmente muestra una inflación anual de alrededor del 7%.