La importancia de una política comunicacional

En varias ocasiones hemos planteado en este blog que una de las ventajas competitivas
del kirchnerismo respecto de las fuerzas opositoras actuales, en un sentido sincrónico -y respecto de gobiernos anteriores, en un sentido diacrónico- es haber concebido la disputa comunicacional, mediática y cultural como una dimensión también necesaria para la disputa propiamente política (hablando de "disputa" siempre en el marco institucional de la democracia, es decir, como construcción de consensos pero incluyendo el disenso como una consecuencia necesaria de la competencia política, no en un sentido negativo).

Un elemento central de la política comunicacional del gobierno es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), avalada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática y por la Corriente por una Comunicación Nacional y Popular, espacio académico que agrupa a 15 carreras de comunicación y periodismo de todo el país y de las cuales forma parte la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba (ECI-UNC). El aval tiene sentido, ya que gran parte de la comunidad universitaria comparte el espíritu de esa ley e interpreta que la misma se hace eco de las luchas por la democratización de la comunicación que caracterizaron la discusión téórica y política desde la década del ´60 en adelante.

Por eso, las facultades y escuelas de comunicación públicas han acompañado la iniciativa e incluso se han movilizado para sostener primero su aprobación y su defensa frente a los embates que intentan impedir su plena aplicación, como las medidas cautelares surgidas de recursos de amparo interpuestos al artículo 161, que establece los plazos de desinversión de la Ley SCA. Esa cláusula apunta a que aquellos grupos que conservan posiciones de mercado dominantes y más licencias que las que permite la Ley se desprendan de parte de sus activos, para paliar así la concentración de poder mediático y comunicacional. La pronta implementación de la Ley es como señala la Coalición, “requisito indispensable para distribuir la palabra y garantizar la pluralidad comunicacional”. Más explícito aún, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Lomas de Zamora, Santiago Aragón, afirmó recientemente que “no se puede redistribuir la riqueza sin redistribuir los medios".

Gustavo Bulla, periodista a cargo de la Dirección Nacional de Supervisión y Evaluación de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) planteó oportunamente que un desafío que se plantea a partir de la nueva ley pasa por "poner a la gente en situación de pensar íntegramente la complejidad que supone armar un medio popular, sea radio, televisión y, en algunos, casos, productoras de contenidos. Aparecen complejidades que van más allá del plano jurídico legal, que es considerar la licencia: es la sustentabilidad del día a día, no sólo económica, sino que tenga inserción real en el público (...) Al Estado le cabe haber abierto la oportunidad legal y después no dejar librado al azar lo que sigue; pero por otra parte, en la concepción de la construcción de una emisora popular, uno no puede depender exclusivamente del Estado, porque incluso el Estado, después de los procesos electorales, puede cambiar de conducción".

A su vez, esta medida del oficialismo se inscribe en una línea de política comunicacional que se ha reforzado a nivel regional. Por caso, Brasil también viene haciendo aprestos para una nueva ley de medios, que recoge aportes de la flamante legislación argentina y que, como sucedió también aquí, despertó el rechazo de la corporación mediática (la Asociación Nacional de Diarios y la Asociación Brasileña de Radio y Televisión acusaron al gobierno de Brasil de promover un modelo autoritario y de control informativo). El ex ministro de Comunicación Social, Franklin Martins, al presentar la iniciativa hacia el fin del mandato del ex presidente Luiz "Lula" da Silva, destacó que “durante 200 años el público fue pasivo, fue considerado como consumidor, la futura legislación va estimular la participación de la ciudadanía para que deje de ser pasiva (...) si no hay regulación vale la ley del mercado, la ley del más rico”. En ambas afirmaciones se advierte un concepto particular del público y también un concepto de la comunicación como espacio social no reductible a lo comercial.

Con todo, la política comunicacional actual va más allá de la Ley de SCA: se expresa también en acciones como el Canal Encuentro, destacado por Marcela Cardillo, subsecretaria de Gestión Cultural de la Nación, como ejemplo paradigmático de que "las políticas de generación de contenidos audiovisuales en manos de los organismos públicos tienden a generar discursos que, a simple vista, no tendrían rédito económico para los particulares. Sin embargo, con canales culturales como puede ser Encuentro, nosotros notamos que sí hay un interés del público por este tipo de contenidos". Otro caso: el canal digital de cine nacional y latinoamericano INCAA TV, que emite un 70% de películas argentinas, un 20% de filmes iberoamericanas y un 10% ciento en otras lenguas y consta de ciclos por género y otros temáticos, como el policial, comedia, documental, etc, apuntando a la diversificación de contenidos con un sello alternativo al predominio de Hollywood que se observa en las señales comerciales del cable y la TV satelital privada. Este tipo de acciones le han granjeado al kirchnerismo el apoyo de gran parte de la comunidad artística argentina, además de muchos intelectuales.

Asimismo, a partir del año próximo, se prevé que entren en operaciones las 220 señales de TV abierta que funcionarán con tecnología digital; la mitad de ellas serán para explotación comercial y el resto para distribuir entre organismos no gubernamentales y universidades. La licitación marca un hito, ya que es la primera vez desde 1958 que el Estado abre la posibilidad de que se incorporen nuevos competidores en este mercado.

De cara al 2012 el gobierno también profundizará su plan destinado a avanzar en el negocio de la televisión digital. Se estima que a fines de 2011 se habrán destinado unos 2.500 millones de pesos para extender a casi todo el territorio la Televisión Digital Abierta (TDA), el sistema que ya llega al 50% del país con una oferta de 23 canales (entre los de alcance nacional y los provinciales) y 27 antenas transmisoras en funcionamiento. El programa ha distribuido a su vez unos 750 mil decodificadores a través del Plan Operativo de Acceso ‘Mi TV Digital’, orientado, según las autoridades, a que “todos los argentinos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la Televisión Digital Abierta, libre y gratuita mediante deco y antena gratis para establecimientos estatales, organizaciones sociales, pensionados, beneficiarios de planes sociales y hogares en situación de vulnerabilidad”. TDA cuenta con una audiencia potencial de alrededor de tres millones de usuarios y apunta a llegar a fin de 2011 con 50 estaciones en marcha, meta que permitirá llegar al 75% del país. Para 2012, el objetivo es llegar al 100% de la población y a 1,2 millones de decodificadores entregados y sumar nuevos canales a la oferta actual.